La Fiscalía General de la Nación (FGN) informó que el exjuez laboral de Buenaventura (Valle del Cauca) Wilson Escarria Camacho, fue acusado por haber fallado siete procesos ejecutivos laborales a favor de un grupo de 800 docentes en una demanda que instauraron en contra del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Los profesores alegaron que no habían recibido sus pagos de cesantías y, por eso, el empleador debía responder con la sanción moratoria. El juez encargado de llevar el caso fue Escarria Camacho, quien ordenó en 2011 el embargo de cuentas bancarias que administraban recursos públicos para que se les reconociera el dinero a los docentes.
En esa medida, fijó el dinero que debía ser desembolsado a los profesores y añadió en el monto el pago de los honorarios para sus abogados defensores. La cifra quedó establecida en 11.281 millones de pesos.
“Una vez el dinero fue puesto a disposición del juzgado, se le entregó ilegalmente a los abogados demandantes, afectando patrimonialmente a la entidad demandada”, explicó la Fiscalía, como ente acusador, en la audiencia de acusación.
De acuerdo con la entidad, el dinero fue entregado ilegalmente porque, en principio, el exjuez no debía fallar a favor de los profesores, puesto que no presentaron todos los elementos requeridos para sustentar sus peticiones.
“Los peticionarios no anexaron el título ejecutivo que daba cuenta del posible incumplimiento por parte del empleador. Adicionalmente, se constató que asumió el estudio de hechos prescritos, y notificó sus decisiones a la Alcaldía de Buenaventura y no al fondo demandado”, explicó la entidad.
Eso quiere decir que, según las pruebas recolectadas por la FGN, el entonces juez tomó la decisión desconociendo varias normas legales para así favorecer a los 800 accionantes.
En la audiencia de acusación, la Fiscalía se refirió a las disposiciones presuntamente ilegales de Escarria para hacer entrega de parte de la totalidad del dinero a los peticionarios.
“Como consecuencia de la tramitación del proceso ejecutivo laboral y a espaldas de la demanda, dispuso jurídicamente de los dineros del Ministerio de Educación Nacional al librar ilegalmente el mandamiento de pago, seguir adelante con la ejecución, decretar el embargo y secuestro de bienes inembargables y ordenar entregar el dinero al abogado de demandantes (...) a favor de terceras personas en cuantía de $4.812.769.700″, se escucha en la audiencia de acusación.
Debido a esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusó a Escarria por siete eventos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y 21 casos de prevaricato por acción. Ahora, según la entidad, la etapa de juicio se realizará a instancia del Tribunal Superior de Bogotá.
El caso del exgobernador encargado de Chocó
En abril de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años y diez meses de prisión a Roger Pastor Mosquera Lozano, exgobernador encargado de Chocó, por reconocer el pago de sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a 42 docentes del departamento.
Mosquera fue imputado con cargos por prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros, los mismos delitos por los que el exjuez de Buenaventura es investigado. De a cuerdo con la Corte, el exgobernador suscribió un certificado para que se les reconociera el dinero a los profesores sin que tuviera en su poder los soportes necesarios para el trámite.
“El entonces mandatario encargado expidió el documento sin que se hiciera una solicitud de los beneficiarios, sin ninguna verificación sobre si tenían derecho o no a acceder a esas acreencias, y sin contar con un certificado de disponibilidad presupuestal para amparar la obligación económica”, explicó el alto tribunal.
Además, Mosquera emitió el documento cuando ejercía como gobernador encargado y ese trámite no era considerado “un acto urgente e impostergable”, por lo que la situación podía ser atendida por el gobernador titular cuando retornara.
La condena que pesa sobre él también ordena el pago de una multa de $845.488.283 y el pago de perjuicios por $2.255.452.191.
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