El 14 de junio fueron asesinados dos jóvenes del pueblo awá, quienes ya habían tenido que desplazarse forzosamente de su territorio como consecuencia de la violencia. Las víctimas pertenecían al cabildo Porvenir, ubicado en el corregimiento El Diviso del municipio de Barbacoas (Nariño).
De acuerdo con el comunicado de prensa que emitió la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia (Cddhhppii), la cual está adscrita al Ministerio del Interior, sus cuerpos fueron encontrados en la comunidad de Islas, en el municipio de Puerto Caicedo (Putumayo). El asesinato de los adolescentes se le atribuye a la estructura armada Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano (CDF-EB).
Este grupo al margen de la ley también es conocido como La Mafia y está conformado por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y un grupo posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autodenominado La Constru, según InSight Crime.
“Sin duda, estas acciones violentas desestabilizan las políticas comunitarias de los pueblos indígenas, los mandatos comunitarios en defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz. El asesinato de jóvenes indígenas es una muestra del exterminio que se viene efectuando contra nuestra población, especialmente para el Pueblo Awá”, señaló la Comisión en el documento dirigido a la opinión pública.
Solicitaron entonces que se inicie la investigación por el asesinato de los dos jóvenes awá, que se condene a los responsables y que se repare a las familias de las víctimas. Asimismo, pidieron que se establezcan medidas de prevención que logren una eficaz protección de los pueblos indígenas y de sus derechos humanos.
“Reiteramos la necesidad de participación directa del movimiento indígena como representantes de las víctimas indígenas del conflicto armado, en los procesos de diálogos que estén llevando a cabo el Estado con los grupos al margen de la ley”, explicó la Comisión.
En esa medida, recordaron que los niños, niñas y jóvenes indígenas cuentan con protección constitucional “reforzada”, lo que responsabiliza al Estado colombiano como el protector de sus derechos y de su integridad. Por eso, la Cddhhppii hizo un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad de los colombianos.
“Exigimos a los diversos actores del conflicto armado no involucrar a los niños, niñas y jóvenes indígenas en una guerra de la cual son víctimas directas. Igualmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes en el marco de su misionalidad, para que se garanticen los derechos a la vida, la integridad y libertad de todos y cada uno de los colombianos, pero en especial, de las futuras generaciones”, enfatizó la Comisión.
Por su parte, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz también se pronunció sobre el caso. En un comunicado aseguró que son varias las organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia las que han manifestado su preocupación por el recrudecimiento de la violencia en Putumayo.
Pues, al caso de los dos adolescentes del pueblo awá se suma el asesinato de un joven de la comunidad de Toayá, territorio de la Zona de Reserva Campesica (ZRC) Perla Amazónica, ubicada en el corregimiento de La Perla Amazónica, municipio de Puerto Asís (Putumayo). De acuerdo con la organización, la víctima fue asesinada el 11 de junio, al parecer, por la misma estructura armada a la que se le atribuye el homicidio de los jóvenes en Puerto Caicedo: Comandos de Frontera-Ejército Bolivariano, adscrito a la Segunda Marquetalia.
El cinco de junio también fueron asesinados otros dos miembros de la población indígena en zona rural de Puerto Asís. Uno de ellos era de la ZRC Perla Amazónica y el otro pertenecía a la comunidad El Quebradon, inspección de Puerto Asís.
“Estos nuevos asesinatos siguen colocando en evidencia la violencia sistemática contra los jóvenes en el departamento de Putumayo. Las comunidades campesinas, indígenas, y afrodescendientes rurales y urbanas de la Red Somos Génesis siguen llamando a la diversidad de actores armados a asumir de manera consciente y constructiva la posibilidad de paz, frenar la violencia y las muertes en contra de la población civil y avanzar hacia el sueño de la paz con justicia social y ambiental”, señaló la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La organización también alerta sobre la situación de orden público de Caquetá, Meta y Guaviare, en donde la violencia se ha incrementado. Además, explicó que en diversos municipios del medio y bajo Putumayo se han registrado más de 10 asesinatos en esta última semana.
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