La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, entregar toda la información sobre las medidas que desde su cartera se han adelantado para la protección del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó en el Urabá, una región fuertemente azotada por la violencia.
El tribunal de paz exhortó al ministro a que en 72 horas cumpla con el informe solicitado con las acciones para proteger al consejo comunitario, y en 48 horas el inventario de medidas desplegadas para la prevención y protección de la comunidad que habita la región.
Dentro de los documentos que la JEP solicitó, se deberán evidenciar los soportes de que la comunidad cuenta con protección individual y colectiva, especificando en qué casos se debe aplicar la medida preventiva.
Señaló, además, que de no cumplir con lo ordenado, Velasco se podrá ver expuesto a sanciones disciplinarias e incluso, a una posible multa y medida privativa de la libertad, pues estaría incumpliendo una orden judicial.
El ministro Luis Fernando Velasco deberá demostrar ante la JEP que se activó una alerta temprana para amparar a estas comunidades y que se evidencie la conformación y la instalación de la Mesa de Articulación Interinstitucional.
“ORDENAR al Ministerio del Interior allegar a este despacho el inventario, advirtiendo que el mismo debe presentarse de manera organizada y consolidada en un único instrumento, no a través de documentos dispersos, sin ningún nivel de sistematización, y debe contener como mínimo la identificación de la entidad que profirió la orden, Alertas Temprana, Acto administrativo de protección individual y colectiva, o cualquier otro instrumento de prevención y protección que tengan relación con las comunidades” señaló el despacho de la magistrada Nadiezhda Henríquez.
Por otra parte, los magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad determinaron que el exministro del Interior Alfonso Prada, seguirá vinculado al proceso porque su despacho fue cuestionado por el incumplimiento de lo ordenado inicialmente.
Violencia y conflicto armado en La Larga y Tumaradó
El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (Cocolatu) es un territorio de propiedad colectiva adjudicada en el año 2000 a las comunidades negras del Bajo Atrato, subregión ubicada en el norte del departamento del Chocó.
La llegada de las guerrillas al territorio del Consejo Comunitario se dio a finales de la década de los setenta y comienzos de los ochenta. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Ejército Popular de Liberación (EPL), hicieron presencia imponiendo sus reglas y formas de organización, y desde entonces, han intentado reclutar a los miembros de las comunidades a sus filas.
Si bien estos grupos planteaban como uno de sus objetivos la defensa de la población civil, su presencia y accionar ocasionaron los primeros desplazamientos al interior del territorio colectivo, los cuales ocurrieron en comunidades como La Loma y Venecia. En el mismo sentido, en el momento en que ingresaron los grupos paramilitares y las guerrillas, que decían defender a la comunidad, fueron las primeras en replegarse y dejaron sola a la población frente a la ola de violencia que empezaban a vivir desde ese momento.
Debido a que se ubica en un importante corredor estratégico a través del cual es posible moverse tanto hacia adentro como hacia afuera del país, y por rutas y caminos que atraviesan el Atlántico, el Pacífico y la región del Darién, grupos armados ilegales están en constante disputa por este territorio, pues su control les facilita el transporte de drogas, armamento y tropas.
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