El 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a tres viceministros del Ministerio de Defensa, entre esos estaba el mayor general (r) Ricardo Díaz Torres. El 15 de junio se conoció que el ministro Iván Velásquez aceptó esta renuncia y que designó a Raúl Gutiérrez, director del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, como el reemplazo temporal del general Díaz.
El ex viceministro de Estrategia y Planeación está inmerso en el escándalo que provocaron los presuntos sobrecostos en un contrato de compra de vehículos militares, y por el que la Fiscalía General de la Nación citó a declarar al ministro Velásquez, al general Díaz, y a otros funcionarios del Ministerio de Defensa.
La renuncia del general Díaz fue aceptada en el decreto 0839 de 29 de mayo de 2023, en el que también se nombra a su reemplazo. El documento, sin embargo, al cierre de esta nota, no aparece publicado en la página del Ministerio de Defensa.
El fiscal Francisco Barbosa aseguró, el 29 de abril de 2023, luego de haber recogido algunos elementos materiales y de estudiar el convenio —revelado por la revista Semana, y en el que se evidenciarían sobrecostos por más de 17 millones de dólares que, en pesos colombianos, equivaldrían a 1.3 billones de pesos, con los que el Gobierno nacional buscaría dotar a las Fuerzas Militares de nuevos medios de transporte— que “se ha tomado la determinación de citar a declarar bajo la gravedad juramento a varios funcionarios de ese ministerio”.
Entre los funcionarios del Ministerio de Defensa que fueron citados a declarar están —además del ministro Velásquez y el general Díaz— Javier Mondragón, director de proyección de capacidades e innovación; Yenni Mora, asesora de contratación estatal; los coroneles Óscar Melo Muñoz, gerente del proyecto de fortalecimiento de capacidades operacionales del Ejército Nacional para la defensa de la frontera de los vehículos 8×8; el coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería; y el sargento viceprimero Andrés Aldana, integrante del Comité Técnico del proyecto vehículos 8×8.
El contrato y los sobrecostos
En el contrato, que denunció Semana y con el que el Ministerio de Defensa buscaba comprar 55 vehículos blindados de categoría LAV III 8×8 y que fue firmado por la exsecretaria general del ministerio Ana María Garzón, se había acordado un anticipo de 66,8 millones de dólares, que iban a ser girados así: 15,8 millones en 2023; 16,5 millones en 2024; 17,4 millones en 2025; 17 millones en 2026; 29,8 millones en 2027; 40,5 millones en 2028; 59,5 millones en 2029; 34,9 millones en 2030; 69,2 millones en 2031 y 4,3 millones en 2032.
En el informe de Semana se aseguró que habrían ocurrido algunas anomalías en esa contratación, que se hizo bajo el sistema Incoterms DPU, en la que se estipuló que la empresa que provee esos implementos a Colombia pagaría el envío de los vehículos, el almacenaje, unos manuales de funcionamiento, entre otros aspectos. No obstante, eso no pasó y fue a la cartera a la que le tocó asumir esos costos, según denunció la revista nacional.
Entre esos y otros elementos que no pagó la compañía extranjera suman los 17 millones de dólares de más que tuvo que pagar el Ministerio de Defensa.
La renuncia del general Díaz estaba entre las que pidió el presidente Petro en mayo
Hay que recordar, que el 10 de mayo, el presidente Gustavo Petro, además de pedir la renuncia protocolaria del general Díaz, también solicitó la de Elsa Piedad Morales, viceministra de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del sector Defensa, y la de Alberto Lara, viceministro para las Políticas de Defensa y Seguridad.
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