Ante déficit de $4.5 billones para prestar el servicio de salud, EPS pidió al Congreso que se prioricen estos recursos en la adición presupuestal

Un estudio que realizó la Firma Numeris para la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI, sobre la evaluación de la suficiencia de recursos del Sistema de Salud en los últimos 12 años. Este hizo varios hallazgos preocupantes que dan cuenta de la insuficiencia de recursos del sector salud y en particular de la UPC, que es el monto que gira el Gobierno a las EPS por cada afiliado.

“El día de hoy se dieron a conocer los datos del estudio de suficiencia del UPC, que muestran un déficit de cerca de $4.5 billones para el año pasado frente a lo que debería haber sido, y que muestran un deficit de cerca de diez puntos para este año. Hacemos un llamado urgente a las Comisiones económicas del Congreso para que en el trámite de la adición presupuestal se prioricen no solo los recursos que se necesitan para atender a la población este año, sino el pago de las deudas con las EPS que a corte de diciembre eran de $4.5 billones”, precisó al concluir la semana el viernes 9 de junio la presidenta de Acemi, Paula Acosta.

Precisó este estudio que existen muchos problemas metodológicos que afectan este cálculo, en cuanto que hay variables como la inflación, el número de personas compensadas en el sistema y la estimación de otros ingresos (copagos, cuotas moderadoras, alto costo) que han sido sobreestimadas, lo que deja un hueco financiero.

En cuanto a los costos asociados a la prestación de servicios de salud, estos han sido subestimados de forma recurrente, lo que nuevamente resta recursos necesarios para atender a la población. Estos errores sumados han agravado el problema de sostenibilidad financiera.

Por ejemplo, para 2022, por cada $100 que recibieron las EPS, estas debían recibir en realidad $102 en costos asociados a la prestación de servicios de salud, por lo que se ha acumulado una deuda importante en el sector, de acuerdo con las conclusiones del estudio de esta firma independiente.

1. El cálculo de la prima del sistema de salud (UPC) tiene graves problemas metodológicos que profundizan el problema de sostenibilidad financiera.

2. Los costos han sido subestimados de manera recurrente. Esto es así porque la información utilizada para su cálculo tiene un rezago de 2 años, y no incluye las innovaciones tecnológicas (como nuevos tratamientos y medicinas), ni el encarecimiento de los servicios de salud. En términos prácticos, es como calcular la plata del mercado de su casa para mañana con precios del 2021.

3. En los dos últimos años, el gasto administrativo ha corrido a cargo del patrimonio de las EPS. De cada $100 que recibieron las EPS en los últimos 12 años, $4,5 fueron destinados a la administración de los recursos.

4. Los ingresos se suponen mayores a los que efectivamente se reciben, pues las cifras usadas en materia de inflación, número de personas, copago y cuotas moderadoras y atención de pacientes de alto costo se sobreestiman.

5. Se estima que el déficit por concepto de UPC que en los últimos 12 años asciende a $15,8 billones, de cumplirse con la disposición que señala un 10% de la UPC para gastos de administración. Además, sólo en 2 de los 12 años analizados se acercó la proyección a la realidad en cuanto a que las EPS tuvieran un 10% de la UPC para gastos administrativos.

6. La siniestrabilidad se ha disparado por encima del 100% y el gasto administrativo es cubierto con el patrimonio de las EPS. Dicho de otra forma, los ingresos no cubren los costos de atención en salud y es con patrimonio de las EPS que se viene pagando estos gastos.

Así mismo, se observó que las EPS han tenido un gasto administrativo de hasta el 8% desde el año 2015, por debajo de lo establecido en la Ley, que es un 10%.

Y a esto se suma que, en los 2 últimos años, la situación se ha visto agravada por los mayores costos en la prestación de servicios de salud asociados a mayores frecuencias de uso de los afiliados, traslados de poblaciones de EPS liquidadas, incremento de consultas como consecuencia de la pandemia (long-covid), incertidumbre generada por las reformas a la salud y mayor dispensación de medicamentos.