
La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, solicitó que los procesos contra el exembajador Armando Benedetti, que habían pasado a la Fiscalía General de la Nación luego de que este dejara de ser senador, regresen a su despacho. Para esto, pidió que se realicen, al menos, dos audiencias innominadas, en las que expondrá el conflicto de competencias y se pedirá que estos procesos vuelvan a la Corte Suprema de Justicia.
Una de estas audiencias, de acuerdo con información de El Tiempo, está agendada para el 13 de junio en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. También se conoció que esta proposición la hizo exclusivamente la magistrada Lombana y no fue discutida ni aprobada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Esta petición se suma a la petición que le hizo la Corte Suprema a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de investigar al fiscal Gabriel Jaimes por archivar la investigación que adelantaba contra Benedetti por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos agravado.
Según el alto tribunal existían pruebas suficientes para continuar la investigación contra Benedetti, quien tuvo incrementos injustificados en su patrimonio, entre los que se destacan una propiedad en Puerto Colombia (Atlántico), apartamentos en Bogotá y Barranquilla, y transacciones de altas sumas de dinero por parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), mientras era congresista.
Esta petición la hizo también la magistrada Lombana que argumentó que resulta “paradójico no solo de la decisión que contiene la antinomia planteada, sino la declaratoria de la ‘nulidad de una prueba’ que claramente tiene sustentación de cargos por los cuales se sostenía la investigación”.
La magistrada también arguyó que el fiscal Jaimes desestimó las pruebas presentadas por el alto tribunal diciendo que eran nulas:
Los casos contra Benedetti
Con su salida de la embajada de Venezuela, en medio del escándalo que provocaron unos audios en los que Benedetti sugería que dineros sucios habrían ingresado a la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, la justicia colombiana deberá determinar qué órgano estatal deberá seguir adelantando las investigaciones y procesos que tiene el exsenador en su contra: por enriquecimiento ilícito, por lavado de activos, otro por una denuncia en el caso de Centros Poblados, por el caso Fonade, otro por las ‘chuzadas’ de la empresa Simetric y al menos uno por injuria y calumnia.
Los dos casos claves que se llevan toda la atención de la opinión pública son el de enriquecimiento ilícito y el de corrupción en Fonade. Estas dos investigaciones pasaron a manos de la Fiscalía luego de que la Corte estimó que al dejar de ser senador, esta perdió la competencia para continuar con la investigación, ya que los hechos por los cuales esta se llevaba a cabo, no habrían estado ligados a su función como congresista.
En el caso de Fonade es investigado por su presunta participación junto a otros congresistas, en la adjudicación irregular de contratos a cambio de coimas en Fonade. Esta investigación se remite a una denuncia que hizo el abogado Jaime Lombana Villalba, que aseguró que el exembajador habría influido en algunos hechos supuestamente irregulares para favorecer a la empresa Simetric con la expedición de una ley, así como en otros hechos en los que estarían involucradas algunas entidades estatales entre las que están la Fiduprevisora, el Sena, el Fondo Nacional del Ahorro, entre otros.
Benedetti también es investigado por el caso de Centros Poblados, en este la exministra de las Telecomunicaciones y la Información, Karen Abudinen dijo que Benedetti la llamó para sugerirle que en vez de caducar el contrato lo cediera a una entidad norteamericana, a lo que la funcionaria respondió en su momento en sus redes sociales: “Mi respuesta fue tajante: Caducar el contrato”.
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