Procuraduría formuló cargos en contra de exgobernador de Arauca

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que formuló pliego de cargos en contra de José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador de Arauca (2012-2015), por concederle a una entidad sin experiencia un contrato de infraestructura vial, cuyo valor era de 10.594.431.851 millones de pesos.

El proyecto, denominado “Construcción de pavimento de concreto rígido de la vía que comunica del corregimiento de San Lorenzo al corregimiento de Santa Rosa, en el municipio de Nóvita (Chocó)”, fue otorgado al Fondo Mixto; el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (OCAD PAZ) dio su aval para que la entidad pudiera ejecutar la obra.

El exgobernador Castillo Cisneros está involucrado en el caso porque, como era representante de los departamentos en el OCAD PAZ, podía votar para elegir a la entidad que estaría encargada de llevar a cabo el proyecto.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la OCAD PAZ “es el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías”. Además, tiene la responsabilidad de elegir la entidad pública ejecutora de los proyectos.

Según la PGN, ya se había informado que el Fondo Mixto no contaba con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato. Sin embargo, el exmandatario dio su aval para que la entidad se encargara del proyecto vial.

Castillo no solo hizo caso omiso a las recomendaciones del ente de control, sino que también ignoró las que hizo el director del OCAD PAZ, quien alertó sobre la falta de confianza e idoneidad que tenía el ejecutor seleccionado.

“El Fondo Mixto no solo se rajó en porcentaje de desempeño, sino también en la planeación, aprobación y ejecución del proyecto”, señaló el Ministerio Público.

El procurador delegado para el Seguimiento a los Recursos de Regalías, John Harvey Pinzón, determinó que la falta disciplinaria que cometió el exgobernador es grave y fue cometida con dolo. “Habiendo sido advertido de las falencias que tenía el Fondo Mixto para ejecutar contratos de obras civiles, pasó por alto la advertencia, emitiendo y ratificando su voto positivo en favor de dicha entidad”, explicó el delegado.

Además, el procurador Pinzón también hizo un llamado de atención a la OCAD PAZ frente a sus mecanismos de selección. “Ejerzan un control más estricto en cuanto a la selección de entidades que cumplan con los estándares para la ejecución de dichos proyectos y más cuando están en juego cuantiosos recursos de regalías”, enfatizó el funcionario.

Esta no es la primera vez que Castillo Cisneros es vigilado por conductas irregulares cometidas en su calidad de funcionario. En abril de 2023, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años al exgobernador de Arauca por suscribir un convenio con la Caja de Compensación Familiar de Arauca (Comfiar) sin haber evaluado su idoneidad y experiencia.

“El Ministerio Público confirmó que el exfuncionario realizó el negocio jurídico en julio con la institución para aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para los procesos de convocatoria, asignación de subsidios y operatividad de los proyectos de VIP”, señaló el ente de control en un comunicado.

Los proyectos que mencionan estaban dirigidos a la construcción de 240 viviendas de interés prioritario (VIP) en un municipio. “Comfiar contrató al consorcio Laureles Arauca en diciembre de 2014 para la ejecución del proyecto de construcción de las casas, sin que se hubiera evaluado la idoneidad de Comfiar en experiencia, capacidad técnica y administrativa”, explicó la PGN en su momento.

Además, el organismo de vigilancia también descubrió que hubo problemas en el proyecto de edificación de la Urbanización Los Laureles Etapa I, pues no se llevaron a cabo los respectivos estudios previos. Tampoco había diseños de la red hidráulica y sanitaria, por lo que no hubo prestación de servicios públicos en el lote.

Finalmente, la obra fue entregada tarde. El plazo inicial de finalización del contrato era de 11 meses, pero la construcción se terminó dos años y cuatro meses después de la fecha pactada, debido a diferentes prórrogas que se realizaron.

Por el incumplimiento de lo exigido para la etapa previa de la celebración del convenio, el organismo de control, en un fallo de primera instancia, calificó la falta disciplinaria del exgobernador como gravísima, lo destituyó de su cargo y lo inhabilitó por nueve años.