Procuraduría formuló cargos contra el exsecretario general de Corpoboyacá

David Alberto Daza Daza habría financiado actividades de carácter personal con dineros de inversión presupuestal. Los pagos autorizados no tenían relación directa con sus funciones misionales

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Hasta reuniones de fin de
Hasta reuniones de fin de año estarían dentro las actividades que el exsecretario habría pagado con recursos de inversión. Cortesía: Procuraduría General de la Nación.

Por presuntamente usar recursos del rubro presupuestal de inversión para pagar viajes, viáticos, reuniones de fin de año y hasta novenas, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario general y jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), David Alberto Daza Daza (2017).

La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público y está encargada de investigar faltas disciplinarias de servidores públicos o de particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado.

Así las cosas, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad, establecieron que el investigado no habría tenido en cuenta que los pagos autorizados no tenían relación directa con el cumplimiento de sus funciones.

El ente control señaló a Daza por apartarse de dos principios: el de responsabilidad y el de eficacia. El primero, porque el exsecretario habría emitido un acto administrativo en el que se reconoció y se autorizó efectuar los pagos para dichas actividades. El segundo, debido a que el exsecretario jurídico presuntamente no hizo uso adecuado de las cuentas de las que era responsable.

Entonces, la Procuraduría General calificó la conducta del investigado como leve a título de culpa grave. Esto, porque Daza no habría sido diligente ni cuidadoso con los recursos, afectando así el rubro presupuestal de inversión.

Otros exfuncionarios investigados por la Procuraduría General de la Nación

En mayo de 2023 también se conoció la formulación de cargos por parte del ente de control en contra de dos exalcaldes de Santa Marta, por presuntas irregularidades en construcción del Parque del Agua.

El exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador de Magdalena y exalcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015, y Rafael Alejandro Martínez, que fungió como mandatario de la ciudad de 2016 a 2019, están siendo investigados junto con otras dos personas que presuntamente están involucradas en las acciones irregulares. Se trata de los exgerentes de Infraestructura de la ciudad Pablo José Lacouture Mercado (2015) y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018).

Hubo irregularidades en la construcción
Hubo irregularidades en la construcción del Parque del Agua desde el momento de la celebración del contrato. Cortesía: Alcaldía de Santa Marta.

El ente de control profirió pliego de cargos en contra de todos por retrasos en la celebración del contrato para la construcción del Parque del Agua. También se habrían presentado demoras en el perfeccionamiento de la obra, en su inicio y finalización, y en el pago de garantías contractuales.

Todo esto involucra, además, irregularidades en los costos del proyecto. “Se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales”, estableció el organismo del Ministerio Público.

Además, hubo adiciones al contrato por más de $3.200 millones de pesos, las cuales tenían como fin incluir el suministro del mobiliario para el Parque del Agua. Pero, de acuerdo con el ente de control, dichas adiciones no tenían estudios previos ni estaban adecuadamente justificadas para acceder a su aprobación.

Por otro lado, en Santa Marta también se está indagando otro proyecto desde 2022. Se trata del megaproyecto de acueducto ‘El Curval’, el cual fue radicado en el Concejo de Santa Marta por la alcaldesa Virna Johnson.

Al parecer hay irregularidades en la solicitud de un cupo de endeudamiento de casi dos billones de pesos, además de que, según la Procuraduría General de la Nación, los estudios del proyecto no estaban completos para cuando fueron presentados. “No cuentan con avales de viabilidad, pues el contrato interadministrativo entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Magdalena y CENIT SAS (Empresa que ejecutaría el proyecto), se encuentra prorrogado mediante acta modificatoria no. 4 hasta el 15 de enero del próximo año, debido precisamente a que no se encontraba terminado y entregado lo que corresponde a la totalidad de los productos contratados con la empresa consultora”, señaló el ente de control y vigilancia.

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