
Durante el domingo 28 de mayo, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra varios funcionarios del distrito por presuntas irregularidades cometidas antes del feminicidio de Érika Aponte, cometido en el centro comercial Unicentro el domingo 14 de mayo (día de la Madre).
Según el ministerio público, serán indagados los funcionarios de la Casa de Justicia de la localidad Usme por una posible omisión en la atención a las amenazas que la joven sufrió por parte de su expareja (y posterior feminicida), Cristian Rincón. La víctima había acudido en repetidas ocasiones a ese lugar para exponer su caso y solicitar medidas de protección que no fueron atendidas.
En ese sentido, la entidad reguladora dio a conocer que verificará si los trabajadores de esa Casa de Justicia atendieron esas intimidaciones de manera oportuna y si se activaron los mecanismos de protección necesarios para respaldar su vida.
“La víctima acudió a la Casa de la Justicia de Usme para solicitar acciones para cuidar su vida e integridad; por lo que se verifica si los servidores públicos atendieron el llamado de Aponte adecuadamente y si activaron las medidas apropiadas para el cuidado de la solicitante”, indicó la Procuraduría.
La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, mencionó un día después del crimen que la también madre había sido asesorada y también se le había ofrecido una casa refugio para su protección; sin embargo, ella no había aceptado dicha medida pues para ese entonces ya se había mudado a Soacha, donde vivió los últimos días de su vida junto a su hermana y padre.
“La Comisaría de Familia le impartió ese mismo día cuatro medidas de protección que le informó a la Policía de Soacha, que fue donde Érika reportó que estaba viviendo”, añadió la mandataria.
Justamente, en días pasados Nazario Aponte detalló que el feminicida ya había sido retirado del centro comercial por haber ingresado al local comercial donde trabajaba su hija y reclamarle en lo que pudo ser un ataque de celos. Sumado a eso, los compañeros de trabajo de Jeno’s Pizza también escucharon y vieron los reclamos de Cristian Rincón, sobre todo en los días previos al asesinato cuando ella decidió terminar la relación por descubrir una infidelidad.
El hecho que más preocupó a Érika ocurrió el 7 de mayo. Cuatro días después, la víctima lo denunció a través de una llamada de vida a la Secretaría Distrital de Integración Social. Ese domingo, según narró, Rincón se presentó nuevamente en su lugar de trabajo. Aponte estaba cerrando el local sobre las 10:30 de la noche para irse a su casa, cuando apareció su ya entonces expareja. Le dijo que necesitaba verla, que la amaba y que necesitaba estar con ella. La mujer le dijo que solo estaba con él por su hijo, lo que despertó una discusión.
La pelea llegó hasta el parqueadero del centro comercial donde ella tenía su moto, pero antes de subirse, el posterior asesino dijo que lo esperara. Después se acercó al vehículo con un cable y lo conectó. El sujeto había estado previamente en el parqueadero para quitarle una bujía al vehículo de Aponte sin ser detectado por los trabajadores del sitio.
Ella preguntó por qué había hecho eso y él le contestó que, si no lo hacía, ella se habría ido sin hablarle. El hecho causó terror en Érika, quien pensó que Christian podría haberle alterado los frenos sin que ella se diera cuenta, por lo que supo que su vida corría peligro.
“Me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o que me haga algo”, advirtió Aponte y clamó por ayuda de la Policía para tener seguridad. Sin embargo, los antecedentes no valieron para impedir que Rincón entrara al centro comercial, con la ruta más cercana a la pizzería donde trabajaba la mujer, aquel domingo Día de las Madres, cuando decidió acabar con la vida de la joven y después suicidarse.
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