Un informe revelado por la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el comportamiento de los grupos armados ilegales durante el cese al fuego indicó que durante el primero de enero y el 30 de abril de 2023 se presentó una reducción del 48% de enfrentamientos con la fuerza pública.
De acuerdo con cifras del mecanismo de monitoreo de riesgos del Sistema Integral para la Paz, desde la firma de los decretos con los que se pactó la pausa de actos violentos con cuatro actores armados –Clan del Golfo (AGC), Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada–, hubo una baja en incidentes como emboscadas, enfrentamientos y hostigamientos a las Fuerzas Militares y de Policía.
En ese periodo, fueron registrados 24 hechos violentos entre esos actores armados (y el ELN, con el que no se concretó un cese) y agentes del Estado. Esto, para la JEP, significó una baja casi a la mitad, pues en el mismo periodo de 2022 se presentaron 44 y en 2021 64.
Vale mencionar que en el informe no se tuvo en cuenta hechos violentos como el ataque a una patrulla de Policía en Tibú y el asesinato del comandante de la estación de El Tarra (Norte de Santander) a manos de un francotirador. En ese departamento hay alta presencia del ELN y algunos grupos residuales de las extintas Farc.
Por otra parte, el documento detalló que en el primer trimestre del año se presentaron acciones armadas entre la fuerza pública y el Estado Mayor Central en 10 municipios de dos departamentos; lo cual representó una baja del 63%, ya que en 2022 los enfrentamientos ocurrieron en 27 municipios de nueve departamentos.
Con respecto al comportamiento del Clan del Golfo, se le atribuyeron en los primeros tres meses de 2023 ataques en ocho municipios de cuatro departamentos, mientras que en el mismo periodo de 2022 las acciones violentas se concentraron en 15 municipios de siete departamentos. En ese sentido, hubo una reducción de su actuar del 49%.
El informe arrojó también que durante el primer trimestre, siete disidencias incumplieron el cese al fuego: los frentes 3, 4, 36, 37 y 41, y las columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Además, después de ese periodo tanto las AGC como el Estado Mayor Central cometieron acciones armadas contra civiles y la fuerza pública que generaron los levantamientos de los ceses establecidos con el Gobierno nacional mediante los decretos 2658 y 2656, respectivamente.
En contraste, el documento del tribunal especial de paz precisó que no se reportaron hechos de incumplimiento al cese bilateral por parte de la Segunda Marquetalia ni las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Otra de las conclusiones expuestas fue una reducción de violencia desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre enero y abril de cada año desde 2017. Mientras que en ese periodo de 2023 se reportaron dos asesinatos de integrantes de la fuerza pública, en 2022 ocurrieron 12; en 2019 cinco casos; cuatro en 2021 y 2018, y dos en 2020.
Pese a esas cifras, el asesinato de excombatientes de la antigua guerrilla desde la firma de lo pactado en La Habana. De acuerdo con el observatorio de derechos humanos de Indepaz, hasta el 20 de mayo (fecha del último caso), han sido asesinadas 14 personas en proceso de reinserción. De estas, cinco murieron durante el primer trimestre de 2023 en cinco departamentos distintos –Caldas, Norte de Santander, Chocó, Arauca y Caquetá–.
Además, de noviembre de 2016 a diciembre de 2022 fueron asesinados 348 firmantes y solamente en Cauca y Nariño ocurrieron 100 de estos crímenes.
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