Se trata del exalcalde Carlos Eduardo Caicedo Omar, actual gobernador de Magdalena y quien estuvo a cargo de la administración de Santa Marta entre 2012 y 2015, y de Rafael Alejandro Martínez, su sucesor, que fungió como mandatario de la ciudad de 2016 a 2019.
A ambos, la Procuraduría General de la Nación les profirió pliego de cargos por diferentes irregularidades que se presentaron durante varias etapas del proceso de construcción del Parque del Agua.
Los exgerentes de Infraestructura de la ciudad Pablo José Lacouture Mercado (2015) y Sánder Alfonso Rodríguez Peña (2016 – 2018) también serán investigados por su presunta vinculación en las acciones irregulares.
La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público y está encargada de investigar faltas disciplinarias de servidores públicos o de particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado.
Por ello, en el ejercicio de sus funciones, la entidad decidió indagar sobre algunos retrasos que tuvieron lugar en la celebración del contrato para la obra, en su perfeccionamiento, en el inicio y finalización de la construcción y en el pago de garantías contractuales.
Además, habría irregularidades en el costo general del proyecto. “Se inició con un valor superior a los 8.400 millones de pesos y se culminó pagando la suma de 16.884 millones de pesos, luego de siete prórrogas y cuatro adiciones presupuestales”, estableció el organismo del Ministerio Público.
Por otro lado, la entidad explica que se habrían firmado adiciones al contrato que superan los $3.200 millones de pesos, con el objetivo de incluir el suministro del mobiliario para el Parque del Agua. Sin embargo, dichas adiciones no contaban con los estudios previos requeridos ni con la debida justificación para aceptarlas.
Asimismo, las personas investigadas habrían llevado a cabo modificaciones para poder aumentar las cantidades en obra a ejecutar en más de un 50%. Esto va en contra de la ley porque la normatividad “establece que los contratos no pueden adicionarse más allá de la mitad de su valor inicial”, desarrolló la Procuraduría General.
El organismo dijo que el objeto del contrato debió haberse precisado de manera “completa, puntual y clara”. Esto, para que los interesados en la oferta conocieran lo que la administración de Santa Marta pretendía con la obra. La poca claridad de esa información puede llevar a que el proceso de evaluación de la oportunidad no sea objetivo.
Así las cosas, el organismo de control estableció los siguientes cargos para cada uno de los investigados:
- El actual gobernador de Magdalena fue proferido con dos cargos disciplinarios. El primero corresponde a la falta gravísima cometida a título de culpa gravísima; el segundo, a la falta grave con culpa grave.
- La conducta del exalcalde Rafael Martínez fue calificada como una falta grave a título de culpa gravísima.
- El exgerente Pablo José Lacouture Mercado es investigado por cometer una falta gravísima con culpa gravísima.
- Las presuntas acciones de Sánder Alfonso Rodríguez Peña fueron calificadas como faltas graves cometidas con culpa gravísima.
Más irregularidades en Santa Marta
La Procuraduría General de la Nación también está indagando desde 2022 otras posibles irregularidades en un proyecto de $1.7 billones de pesos para el megaproyecto de acueducto ‘El Curval’.
Se trata de un proyecto radicado en el Concejo de Santa Marta por la alcaldesa Virna Johnson. Pues, en este se estaba solicitando un cupo de endeudamiento de casi dos billones de pesos.
Además, el organismo de control argumentó que los estudios para el proyecto no estaban completos para el momento en que fueron presentados. “No cuentan con avales de viabilidad, pues el contrato interadministrativo entre la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Magdalena y CENIT SAS (Empresa que ejecutaría el proyecto), se encuentra prorrogado mediante acta modificatoria no. 4 hasta el 15 de enero del próximo año, debido precisamente a que no se encontraba terminado y entregado lo que corresponde a la totalidad de los productos contratados con la empresa consultora”, señaló el órgano del Ministerio Público frente a los estudios del acueducto.
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