Más de 6.000 delincuentes podrían salir a las calles de Bogotá por Ley de humanización carcelaria

El miércoles 17 de mayo inicia la discusión en la Comisión Primera del Senado de la República sobre el proyecto de Ley de Humanización del Sistema Penitenciario que fue propuesto por el Gobierno Petro y que busca la resocialización de presos y su posible excarcelación. El proyecto busca reducir las altas cifras de hacinamiento en las cárceles del país que se han reportado por la Defensoría del Pueblo.

Por esto Óscar Ramírez Vahos, concejal del Centro Democrático, emitió un llamado de alerta ente las consecuencias que podría tener la aprobación de la iniciativa. Según mencionó el político si se aprueba esta ley se liberarían 6.342 presos en Bogotá, cifras que le habrían sido suministradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, lo que “agrava la ya crítica situación que viven los bogotanos, sometiéndolos a la merced de ladrones, jíbaros, pandilleros y demás delincuentes”.

De acuerdo con el concejal el estudio reveló que de los 6.342 presos que podrían quedar en libertad más de 4.000 cumplen condenas por el delito de hurto. “El año pasado, en la ciudad de Bogotá fueron hurtados alrededor de 65.000 celulares, cifra que responde a los casos denunciados. ¿Y los que no conocemos? Indudablemente, esa cifra vendrá en aumento en el escenario de tener circulando en las calles a 4.000 procesados por hurto, que además es un mensaje claro a los que delinquen hoy, que saben que sus delitos no tendrán cárcel”.

Ramírez se opone a la ley mencionando que esta empeoraría la seguridad y la tranquilidad en Bogotá, “los 1.500 policías que la Nación le restó a Bogotá, y cuya formación fue financiada con recursos de los impuestos que pagaron los bogotanos, ahora debemos sumarle cerca de 6.000 delincuentes que estarán de regreso a las calles: las matemáticas de la seguridad no dan”, añadió.

El proyecto permitirá que más personas accedan a beneficios penales o puedan quedar en libertad. Lo que representaría que los “sentenciados hasta por 12 años de cárcel ahora tendrán prisión domiciliaria. Hoy, este beneficio aplica a penas de hasta 8 años”, comentó el cabildante del Centro Democrático.

Este tipo de beneficios se aplicarían en 30 tipo de delitos entre los que destacan: hurto calificado con 3.944 posibles delincuentes excarcelados, extorsión con 400 posibles delincuentes excarcelados. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 1.998 posibles delincuentes excarcelados. Violencia contra servidor público por razón de sus funciones, receptación (adquisición, posesión, comercialización de bienes muebles o inmuebles de origen ilícito). Ahora comenzará la discusión del proyecto en el Congreso mientras genera algunas divisiones en el sector político y la ciudadanía.

El 7 de marzo se desarrolló un conversatorio organizado por el Programa de Derecho y el Semillero de Investigación de Derecho penal y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de Utadeo. Durante este escenario cada uno de los panelistas dio a conocer sus argumentos tanto a favor como en contra de las iniciativas.

Según Carlos Sánchez Gaitán, rector de Utadeo este no es un debate que solo interese a los abogados porque en realidad ‘’propone un gran debate cultural y social mucho más amplio’', ya que la iniciativa va en contrariedad con el sistema judicial que conocemos actualmente.

Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia se pronunció durante la jornada y lo que se pretende en sí es disminuir la criminalidad en la nación, incorporar una justicia centrada en la resocialización de las personas privadas de la libertad y brindar pautas para la adecuada reparación de las víctimas. Asimismo, el funcionario público aseguró “que es necesario llevar la educación a las cárceles, que un individuo que no sepa leer ni escribir, salga de allá haciéndolo y además aprendiendo un oficio que hará que no reincida, lo que en un alto porcentaje ocurre en este momento”.

El represente a la Cámara Juan Sebastián Correa indicó que hay temas comunes entre los dos proyectos y generó un llamado para que los proyectos se tramiten en el Congreso de la República a la luz del poder legislativo y no por medio de facultades extraordinarias del ejecutivo.

Diana Britto Ruíz, exdirectora de conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, también hizo parte de la jornada y mencionó que “esta es la primera vez que siente que se puede realmente hacer un modelo complementario entre la justicia puramente punitiva y la restaurativa”. Aseguró que es histórico que se entienda que un delito es un asunto humano.

El presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Rodrigo Uprimny, dijo que los dos proyectos deben debatirse tomando en cuenta cinco tesis base; la primera de estas que Colombia debe enfrentar el tema de la política criminal como dos crisis, la siguiente es que se debe repensar la política criminal, la tercera es que hay que ponerle tranquilidad y cultura democrática al debate público.

La cuarta tesis se asocia al interrogante de ¿hacia dónde avanzamos?, y la última de las tesis mencionadas es que los proyectos deben estar bien orientadas porque esto podría repercutir en la ciudadanía y en la solución de crisis carcelaria que se ha evidenciado durante los últimos años.

Johanna Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna, habló desde la experiencia y planteó el debate en torno al trabajo que se genera en las cárceles para resocializar a las personas, tomando como base aspectos que van desde el apoyo psicosocial, jurídico, el arte y la cultura, todos estos enfocados a una actividad productiva.