
A seis años de prisión fue condenado Camilo Tarquino, expresidente de la Corte Suprema de Justicia por estar involucrado en el cartel de la toga. La decisión, tomada por un juez durante el miércoles 3 de mayo, se basó en que fue responsable de aprovechar su posición como máxima cabeza del alto tribunal para interceder en las investigaciones que cursaban contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyonns.
Las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la Nación dieron cuenta de que Tarquino cometió el delito concusión como conveniente; es decir, fue intermediario en la red de corrupción derivada de los sobornos entre Lyons y lo magistrados que estaban a cargo de su caso.
De hecho, la propia Corte Suprema indicó que el exmagistrado sí hizo parte de la considerada “red criminal” integrada por funcionarios que ofrecieron dádivas a togados a cambio de ser favorecidos en medio de las pesquisas en su contra. El objetivo de esos sobornos era detener o archivar dichos procesos penales.
Según la Fiscalía, una funcionaria delegada ante la Corte mostró durante el juicio que Camilo Tarquino se había reunido en al menos cuatro ocasiones con el exgobernador de Córdoba para hablar de temas relacionados con las investigaciones adelantadas por el alto tribunal por irregularidades en contratación en ese departamento y su posible participación en el Cartel de la Hemofilia.
El organismo de control determinó que dichos encuentros se realizaron en un apartamento del norte de Bogotá entre septiembre y octubre de 2014. En uno de ellos el ahora condenado pidió a Lyons 60 millones de pesos a cambio de tener acercamientos “con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario”.
En el último encuentro, Tarquino Gallego le pidió al exgobernador 20.000 millones de pesos a cambio de darle garantía a Leonidas Bustos, “quien podría impedir actuaciones en su contra porque, presuntamente, tenía contactos directos con las instancias que indagaban a Lyons Muskus”, detalló la Fiscalía.
El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia le había manifestado al exmandatario en 2011 que conocía al fiscal que llevaba su caso y que podía intervenir para que emitiera una decisión favorable. En ese año, el otrora exgobernador era investigado por actos de corrupción que le costaron al departamento hasta 2015, cerca de 87.000 millones de pesos. Además, en su sentencia condenatoria el alto tribunal estableció que se quedó con 8.900 millones producto de contratos del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En 2018, Alejandro Lyons fue condenado mediante un preacuerdo con la Fiscalía a través del cual se comprometió a entregar nombres y situaciones clave que permitieron el entramado de corrupción alrededor del Cartel de la Toga.
En la decisión conocida el miércoles 3 de mayo, el juez ordenó la captura inmediata del expresidente de la Corte Suprema para que quede a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a fin de que cumpla su condena en una cárcel.
Por otra parte, el exmagistrado Leonidas Bustos, también involucrado en este escándalo, había sido llamado a juicio a finales de febrero de 2023 tras la negación de una recusación interpuesta por los togados Ariel Torres, Blanca Barreto, y Jorge Caldas, quienes lideraban la investigación en su contra.
Lo que buscaba Bustos era que, al apartar a sus investigadores del caso, el alto tribunal nombraría a nuevos magistrados que habrían tenido que evaluar todo el proceso desde ceros. Sin embargo, dicha pretensión fue negada mediante un documento de 19 páginas en los que los conjueces Alejandro Felipe Sánchez, Pablo Elías González Monguí y Ricardo León Molina López negaron la ese recurso de Bustos.
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