
El 89% de las empresas – aproximadamente nueve de cada diez-, considera que, de aprobarse el proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro, tal cual como se radicó en el Congreso de la República, los costos laborales se les incrementarían entre un 15 y 30%, lo que a su vez representa que tendrían que hacer reducciones de personal, según lo reveló un estudio la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) Bogotá y Región Central, que consultó a las empresas afiliadas, y que hizo en asocio con Econometría.
El análisis, producto de estas encuestas y entrevistas a expertos en materia laboral, también reveló que las iniciativas del proyecto de ley relacionadas con la creación de modalidades especiales de contratación para trabajadores agropecuarios y lo concerniente a diversidad, equidad e inclusión se valoraron por las empresas como iniciativas necesarias para el desarrollo económico y social del país.
Entre ellos está la restricción de la tercerización, que según el análisis puede reducir el margen de maniobra de las empresas ante las variantes condiciones de los mercados.
En ese sentido, varios expertos laborales consultados en el estudio coincidieron en que una fracción de lo tercerizado se incorporaría a las empresas, lo que aumentaría de forma leve el empleo asalariado y reduciría la informalidad, pero de manera simultánea haría más difícil la generación de empleo al hacerla más costosa, entonces, también reduciría el empleo formal.
Los expertos también advirtieron sobre el grado de dificultad en la práctica de vigilar y controlar si las actividades contratadas mediante tercerización corresponden o no al objeto social de las empresas, lo que incrementaría la tramitomanía.
Pactos con sindicatos
Otro de los puntos que son de cuidado para el sector empresarial es el relacionado con la prohibición de pactos colectivos donde existan sindicatos. En esa línea, el estudio señala que es necesario aclarar que al ser el pacto colectivo un derecho que tienen trabajadores y empleadores de llegar libres a acuerdos que consideren beneficiosos para ambas partes, no resulta conveniente eliminar ese derecho en favor de un grupo que, aunque importante, es minoritario, como lo son las asociaciones sindicales.

En lo relativo al incremento en costos de despido e indemnizaciones, el análisis resalta que este tipo de políticas hacen más difícil la generación de empleo. Además, aunque un aumento en los costos reduciría la rotación de personal, ello incrementaría el tiempo de búsqueda de empleo, ya que las empresas serían más selectivas y estrictas para contratar.
El incremento en costos puede ocasionar múltiples efectos no deseados, debido a que las empresas participantes del estudio indicaron potenciales reacciones ante incrementos en los costos laborales del 15 y 30%. De igual forma, el 88,9% de las empresas manifestó que reduciría el número de empleados en la empresa si se incrementaran los costos en un 30%, y el 81,0% dijo lo mismo si el incremento en costos fuese del 15 por ciento.
Por otra parte, el 79,4% dijo que restringiría planes de crecimiento, expansión o inversión presentes o futuros ante incrementos del 30% y el 73,0% si el escenario es del 15 por ciento. Las reacciones potenciales menos citadas son retirar inversión extranjera y dejar de operar. No obstante, ante un incremento en los costos laborales estas reacciones se darían en más del 30% de las empresas.
La Federación Colombiana de Gestión Humana reiteró el llamado al Gobierno nacional y a los congresistas que debatirán el texto de la reforma laboral para que sean escuchados los empresarios pues, aunque se considera necesaria una reforma, esta debe incentivar la generación de empleo y el crecimiento empresarial, a su vez que debe velar por mejores condiciones para trabajadores de toda índole.
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