A través de un pronunciamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– citó a los representantes legales de dos empresas a una audiencia voluntaria en la que tendrán que contar su versión sobre el despojo de tierras en Urabá.
Los llamados a dicha diligencia son Héctor Duque Echeverry, exrepresentante de Palmadó, y Héctor de Jesús Íñigo y su esposa, Katia Sánchez Mejía, otrora representantes de Urapalma S.A. De acuerdo con investigaciones que reposan en el tribunal de justicia transicional, acapararon grandes extensiones de tierra que habría sido despojada a campesinos del Bajo Atrato chocoano para el cultivo de palma africana.
Dicho plan de ocupación ilegal lo habrían ejecutado con ayuda de grupos paramilitares de Córdoba y el conocimiento de Vicente Castaño, otrora comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC–. En ese sentido, la Sala de Reconocimiento de la JEP les solicitó entregar su versión sobre estos hechos por escrito en condición de terceros civiles.
Ambas empresas han estado relacionadas con grupos paramilitares y casos de desplazamiento en el marco del conflicto armado. En junio de 2017, fue condenado a 10 años de prisión Antonio Nel Zúñiga, socio de Urapalma por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
La sentencia, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, se emitió tras la apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado que, en 2014, solo lo condenó por invasión de áreas de especial importancia ecológica en la zona que rodea a las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó.
Los prontuarios de los llamados a audiencia
En 2006, Katia Sánchez Mejía acudió al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –Incoder– a pedir el saneamiento de unas tierras que tenían antecedentes por despojo, concretamente, realizado en la operación Génesis, perpetrada por el Estado y paramilitares entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en zona aledaña a los ríos Salaquí y Truandó.
Posteriormente, Sánchez fue condenada al ser accionista y representante legal de dicha empresa. En sus aportes a la verdad, confesó que esas compañías palmeras de Urabá tuvieron relación directa con los grupos paraestatales conformados por los hermanos Castaño y que esa alianza tenía como segundo fin ponerle freno al control territorial que ejercían las extintas Farc.
Sobre su comparecencia, el tribunal de paz preciso que la actual vinculada al macrocaso 04 –situación territorial de la región del Urabá– “deberá exponer y priorizar en su relato escrito las prácticas y hechos del que tuvo conocimiento de manera directa o indirecta, en relación con hechos de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario”.
Con respecto a Íñigo de Jesús Gómez, fue director de la oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y asesoró en procesos de paz con el M-19 y el ELN. Sin embargo, también fue condenado por hacer parte de la red de desplazamiento y apropiación de tierras por parte de paramilitares en Bajo Atrato.
Ante la JEP, el condenado mantuvo su compromiso de hablar sobre su gestión como asesor para la desmovilización de las AUC, así como los nexos que guardaron las empresas cultivadoras de palma con paramilitares y figuras políticas en departamentos como Córdoba. Incluso, dijo que contaría la supuesta complicidad que tuvo el Incoder para la legalización de esas tierras despojadas a campesinos.
Sobre Héctor Duque Echeverry, el exrepresentante legal de Palmadó fue condenado también por nexos con las AUC en casos de despojo en Curvaradó y Jiguamiandó en calidad de socio de esa compañía cuya esposa del excomandante paramilitar, Raúl Hasbún, fue integrante de la junta directiva. A todos elllos, la magistratura dio un plazo máximo de 20 días para que las víctimas y la Procuraduría para que envíen las preguntas que crean pertinentes para el cuestionario que se enviará a los tres investigados.
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