Fiscal Barbosa cuestionó creación de una Corte Agraria: “Respeten a la Corte Suprema”

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cuestionó el proyecto de ley que crearía, con la Jurisdicción Rural y Agraria, la Corte Agraria, y pidió que se respete a la Corte Suprema de Justicia, pues la Sala Civil y Agraria es la que se encarga de estos asuntos. El fiscal también advirtió que así como “hoy es la Corte Suprema, mañana será la Corte Constitucional”, refiriéndose al riesgo que significaría abrir la puerta al crear esta nueva jurisdicción.

El fiscal Barbosa advirtió que este proyecto de ley abre la puerta a la creación de cortes paralelas para todo, “hoy es la Corte Suprema, mañana será la Corte Constitucional. La Corte Suprema ha venido cumpliendo una tarea fundamental, lo que yo creo de ese proyecto es que debe incrementar los tribunales agrarios, o los jueces agrarios; pero no toquen la Corte”.

Estas y otras inquietudes sobre el proyecto, señaló, el fiscal Barbosa, ya se las comentó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo.

El fiscal Barbosa también se refirió, durante el foro Ley de sometimiento: hoja de ruta, a las preocupaciones que expresó la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, específicamente al riesgo de que la Corte Penal Internacional reactive la investigación que adelantó en Colombia diciendo que hay que matizar esa afirmación, advirtiendo que es importante que del Congreso salga un “proyecto que sea adecuado con los estándares internacionales”.

Sobre la ley de sometimiento, el fiscal Barbosa advirtió que Colombia lo que necesita es “un proyecto de ley de sometimiento, no un proyecto de ley de sometimiento que tenga unos componentes de proceso de paz, porque eso no tendría sentido para el país”.

También aseguró que en el proyecto la caracterización de los grupos que podrían acogerse a esta ley no es suficiente y que existe el riesgo de que “van a terminan entrando a cualquier proceso los atracadores de Chaparral o de Girardot o cualquier atracador de bancos o cualquier banda de microtráfico”.

Barbosa habló también de la reunión que sostuvo con el presidente Gustavo Petro y advirtió que este le aseguró que “no quiere hacer negociación política con narcotraficantes porque él no es un narcotraficante, es una persona que tiene un interés legítimo en lograr que baje la violencia en Colombia. Esto no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento a la justicia”.

El fiscal resumió sus preocupaciones así: “Que no se beneficie a un cúmulo de delitos atados al concierto para delinquir, y que no se vayan a la calle los narcotraficantes con 2.8 millones de dólares”. También anotó que “no podemos confundir la paz política con el ELN, y por el otro lado, confundirlo con delincuentes comunes donde parecen tratando a toda costa de meterse, no se pueden hacer procesos de paz con gente atada al narcotráfico y al paramilitarismo”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, que también participó en el foro de El Tiempo, explicó que el núcleo del proyecto de ley es el sometimiento colectivo de integrantes de grupos criminales de alto impacto como el Clan del Golfo. Aclaró, también, que en lugar de beneficios, lo que ofrece esa iniciativa es una “última oportunidad” a dichas estructuras para acogerse a la justicia ordinaria.

Sobre la reparación a las víctimas, el ministro aclaró —sobre el beneficio de la entrega del 6% de los bienes a quienes contribuyan al desmantelamiento de los grupos que integraron— que el 94% restante entrará directamente a las arcas del Estado para la reparación de víctimas: “Sabemos que es mucho dinero y el Estado lo va a recuperar porque en últimas fue obtenido por economía ilegal”.