
En los años electorales es tendencia que propuestas llamativas permeen la opinión pública, y no sorprende que, en un año que ha resultado tan complejo en materia de seguridad, haya planteamientos como el que hizo, el martes 4 de abril, el alcalde del municipio de Malambo (Atlántico), Rumenigge Monsalve, quien le solicitó al Gobierno nacional de Gustavo Petro, levantar la prohibición de porte de armas en el territorio nacional.
Apelando que el porte de armas en Colombia es legal, el alcalde municipal argumentó que es imperativo que desde el Ejecutivo se le permita a cada ciudadano, “de bien”, la capacidad de autodefenderse de los delincuentes, quienes, a través de extorsiones e intimidaciones, están destruyendo la fuerza productiva que se deriva del comercio.
“Desarmemos a los delincuentes y permitamos que cada ciudadano de bien se pueda defender. No es justo que hoy le quiten la vida a una persona porque no se puede defender. El porte de armas en este país es legal. Hoy cualquier persona de bien puede acercarse y sacar un permiso de tenencia o de porte legalmente. ¿Por qué colocamos un permiso especial para restringir el porte de armas? Estamos colocando muchas talanqueras y estamos permitiendo que acaben con nuestros comerciantes, con nuestro pueblo y con nuestra gente”, comenzó por advertir el alcalde municipal Rumenigge Monsalve, quien acto seguido hizo una solicitud formal al Gobierno nacional.
“Pedimos un gran apoyo al Gobierno Nacional y le pedimos que por favor recapacite sobre el decreto de prohibición del porte de armas en nuestro país”, precisó el mandatario regional, quien se remitió al derecho de la legitima defensa (estipulado en el artículo 32 del Código Penal), y al derecho a la vida (contenido en el Artículo 11 de la Constitución Política de Colombia).
“Este derecho nos permite defendernos ante cualquier situación y hoy la legitima defensa no está contemplada solo en Colombia sino a nivel mundial. Cualquier persona se puede defender de cualquier agresor, y mucho más de un agresor que viene a extorsionarte, que viene a decir que va a atentar contra tu familia si no le pagas $20 o $30 millones de pesos, que viene a cometer homicidios con armas ilegales.
“Hoy a los únicos que hay que desarmar en nuestro país, es a las personas que están quitándole la vida a nuestra gente; hoy a las únicas personas que hay que desarmar, son a los que están cometiendo extorsiones. Hoy las personas de bien, los médicos, los empresarios, las personas que tienen su tierra, las personas que luchan por una vivienda y por llevar a sus hijos a la educación, esas personas tienen derecho a la legitima defensa. Desarmemos a los delincuentes”, concluyó el alcalde del municipio de Matambo el martes de la semana en curso.
Vale referir que este fue un llamado que tuvo una buena acogida por parte de los comerciantes, especialmente los de la Costa Atlántica, región en la cual el fenómeno de la extorsión se ha vuelto costumbre y está azotando la fuerza productiva de varios municipios a merced de la delincuencia.
Una propuesta que hace eco
Ante esta propuesta, que muchos internautas calificaron de “loca”, “absurda” y “traqueta”; no obstante, tuvo una buena recepción por parte del senador del Partido de la U, José David Name, quien se mostró a favor de armar a la población civil, particularmente a los comerciantes, víctimas de las extorsiones.
De acuerdo con el senador de la U, “ante la inseguridad que tiene este país sí deberíamos dejar armar a los comerciantes que están siendo extorsionados por estas bandas criminales. Sí estamos de acuerdo con armar a los comerciantes”, precisó el senador quien, dicho sea de paso, recientemente hizo un debate de control político sobre el tema en el Senado.
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