
Los resultados del último informe entregado por la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) dejaron una preocupación en los organismos de control por el incumplimiento del Programa de Alimentación Escolar, que no ha terminado de cubrir a todas las Entidades Territoriales certificadas en el país.
Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación solicitó explicaciones al PAE en los aspectos técnicos y jurídicos, ya que son 10 entidades certificadas las que aún no tienen cobertura de este programa esencial para la educación de niños, niñas y jóvenes en el país.
El Ministerio Público, que se encarga precisamente de vigilar que procesos de este tipo se cumplan sin contratiempos, señaló que hizo la solicitud formal para que sean entregadas las explicaciones correspondientes.
La entidad, “Solicitó información sobre el avance de los procesos contractuales y pidió explicaciones sobre las razones técnicas, administrativas y jurídicas por las cuales no se inició oportunamente la prestación del servicio”, se lee en el comunicado.
El llamado de atención se hizo a las entidades que hacen parte de Valledupar, Barranquilla, Antioquia, Boyacá, Bolívar, Sucre y Casanare. Asimismo, el organismo de control ordenó a la alcaldía de Yopal y la Gobernación de Guainía tomar las medidas para evitar que los procesos nuevamente se declaren desiertos.
“En sus comunicaciones, la PGN recordó a todos los representantes legales tener en cuenta la normativa vigente para que se cumplan los tiempos y los procedimientos establecidos, evitando dilaciones que impidan que los niños, niñas y adolescentes reciban la alimentación”, menciona el comunicado emitido por la Procuraduría el 9 de marzo de 2023.
El último llamado de atención se había hecho al finalizar enero, cuando faltaban 15 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) por suministrar el servicio. La alerta emitida por la Procuraduría indicó que 60 de estas entidades ya habían iniciado el calendario académico y debía garantizarse con prontitud la cobertura total, situación que aún no se presenta.
De acuerdo con el informe que entregó la entidad, en el primer mes de 2023 la cobertura fue parcial en Antioquia, Cauca y Chocó, mientras que en Caquetá, Córdoba, Guaviare, Sucre y Quindío no se dio inicio a la cobertura del programa. El Ministerio Público señaló que esta situación ponía en riesgo el desempeño de los niños, niñas y adolescentes en sus actividades educativas por la falta de las raciones alimentarias.
Un día antes de esta notificación de la Procuraduría, el 8 de marzo, indígenas wayuu bloquearon la Troncal del Caribe para exigir al Gobierno nacional que el PAE sea implementado en los centros etnoeducativos de La Guajira. Las manifestaciones bloquearon la vía entre Riohacha y Maicao.
Una de las mujeres representantes de esta comunidad declaró para Blu Radio que las manifestaciones se mantendrían hasta que el jefe de Estado les de una respuesta oficial frente a esta petición.
Milaysis Herrera, docente de uno de los centros etnoeducativos de esta región, dijo que seguirían protestando, “hasta tanto el Gobierno nacional del doctor Gustavo Petro no resuelva el problema de alimentación y transporte escolar, porque es una situación que todos los años se presenta. Es una situación que ya sabe el Gobierno que para darle inicio a la jornada escolar de cada año y debemos tener el transporte escolar y alimentación para que los niños y niñas se puedan atender oportunamente”.
La Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira solicitó a la gobernación y a las alcaldías de Riohacha, Uribia y Maicao, verificar los procesos de contratación para presentar a los operadores de las que serían las nuevas entidades que cubran con la necesidad de los habitantes de la región.
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