Renunció el viceministro de Minas y Energía, Giovanny Franco Sepúlveda

A través de un escueto comunicado el Ministerio de Minas y Energía se permitió informar a la opinión pública el jueves 2 de marzo de 2023 que, el Ingeniero Giovanny Franco Sepúlveda quien venía desempeñándose como Viceministro de Minas, presentó renuncia al cargo a partir de hoy 2 de marzo del presente año.

“El ministerio de Minas y Energía le agradece al Ingeniero Franco Sepúlveda su labor en el Viceministerio y le desea éxitos en sus nuevos proyectos. Dada la importancia de los temas que lidera el viceministerio de Minas, será designada como nueva Viceministra encargada, la actual directora de Formalización Minera del ministerio de Minas y Energía, Johana Rocha Gómez.

Johana Rocha Gómez es Abogada, con estudios de posgrado en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Ciencia Política.

Así mismo, cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y sólidos conocimientos en Derecho internacional, ambiental y minero.

“El Ministerio de Minas y Energía, continúa trabajando por una transición energética justa, de cara al país, para avanzar hacia una minería responsable, apoyado en el sector privado y de la mano de las comunidades, buscando un balance entre lo económico, lo social y ambiental, como una de las principales propuestas el Gobierno del Cambio”, concluyó la comunicación de la cartera de Minas.

Vale referir que hace algunos días congresistas del Pacto Histórico que integran la bancada de la Comisión Accidental para la Revisión y la Actualización del Código Minero en Colombia, denunciaron presuntos conflictos de interés del viceministro, ya que según algunos parlamentarios, el funcionario tendría relaciones con multinacionales mineras como Libero Cooper, empresa canadiense con operaciones de cobre en el departamento de Putumayo.

El documento fue firmado por los congresistas, Andrés Cancimance, Leyla Rincón, Cristian Avendaño, Carmen Ramírez, Ermes Pete, Marta Jurado, Jairo Cala, Pablo Catatumbo y Robert Daza.

En el comunicado se menciona lo siguiente: “Las(os) congresistas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por la cercanía y el apoyo público del viceministro de Minas Giovanny Franco Sepúlveda, con multinacionales mineras como Aris Mining, Max Resource Corp. y Libero Cobre, expresadas en diferentes publicaciones desde su cuenta de Twitter”.

Con el fin de hacer efectiva la denuncia se citaron los trinos en los que en el marco de sus funciones como viceministro de Minas, el funcionario se reunió con representantes de multinacionales que llevan a cabo trabajos de minería en Colombia.

“En noviembre de 2022, la Asociación Minga, la veeduría ciudadana de Mocoa y el representante por Putumayo, Andrés Cancimance, presentaron la solicitud de declaración de conflicto de intereses del actual viceministro de Minas por su relación con Libero Cobre, debido a sus actividades docentes en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional Sede Medellín, facultad que firmó convenio con dicha multinacional”, agregó el comunicado.

En el texto agregaron que: “Como es de conocimiento del Ministerio de Minas, la empresa canadiense Libero Cobre tiene suspendidos sus contratos de concesión minera en Mocoa-Putumayo, por violar el ordenamiento territorial municipal y traslaparse con ocho determinantes ambientales, entre ellas: reservas forestales, páramos, humedales y rondas hídricas. Así, toda manifestación pública de apoyo a la multinacional implica desconocer las decisiones de las autoridades competentes sobre la violación de la multinacional al ordenamiento territorial y ambiental, así como a la consulta previa de pueblos étnicos”.

Cabe mencionar que el disgusto de los congresistas va más allá y aseguran que mientras el presidente Gustavo Petro tiene una posición sobre el proyecto de minería en Santurbán de la empresa Minesa, el viceministro de la cartera en sus redes sociales compartió mensajes de apoyo a esta explotación minera.

En ese orden de ideas, los parlamentarios advirtieron que las actuaciones de Giovanny Franco generaban un grave riesgo para el patrimonio público, por eventuales procesos de arbitraje internacional que puedan insertar compañías del sector.