El proyecto de ley presentado por el Instituto Anticorrupción y la Fundación Pares, compuesto por 71 artículos y que busca la creación de una sala adicional en la Corte Suprema de Justicia, compuesta por al menos 28 magistrados, no cuenta con el apoyo del Gobierno nacional. Así lo dio a entender el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
“Es preciso aclarar que la Secretaria de Transparencia de la Presidencia no está apoyando la construcción de un proyecto para crear una sala en la Corte Suprema de Justicia”, dijo el funcionario en declaraciones para la emisora RCN Radio.
Añadió que aunque “conocimos de esta iniciativa, es como cualquier otra que viene de la sociedad civil que se presenta a distintas instancias del Gobierno. La conocimos, pero eso no implica un apoyo a la misma. Eso es una decisión que termina en manos del Congreso, porque pretende hacer una modificación a la Constitución en la creación de esa Sala adicional”.
Por su parte, el director del Instituto Anticorrupción, el mexicano Michel Levien González, declaró para la emisora Blu Radio que ya están buscando apoyo en el Congreso y que el senador Ariel Ávila está al tanto del proyecto. “Estábamos en el trámite de hacer trabajos con el senador Ariel Ávila, pero al día de hoy el senador Ávila tampoco es parte del proyecto. Lo que estamos haciendo es reclutar a más congresistas para que nos ayuden a presentarlo”, dijo.
Explicó que el propósito del proyecto es abrir la posibilidad de juzgar los macrocasos de corrupción en el país y la región. “Que le manden un mensaje a Colombia y a toda la región de que el reinado de caciques y caudillos se empieza a terminar”, aseveró.
¿En qué consiste el proyecto de ley?
El proyecto de ley propone la creación de una “sala transitoria anticorrupción de la Corte Suprema para el juzgamiento de los delitos cometidos en el territorio nacional en casos de grave amenaza de impunidad y alto impacto público del caso sometido a su conocimiento donde se identifiquen hechos de corrupción pública y privada”.
En el articulado, además, se propone que este tribunal “podrá atraer a su competencia todo caso en el que no se haya instalado audiencia de juicio oral”, lo que querría decir que un caso investigado por la Fiscalía se podrá trasladar a su juzgamiento.
Esta sala tendría como objetivo principal juzgar a las personas que estén involucradas en casos de corrupción, incluso para aquellos que cometan graves violaciones a los derechos humanos. Tendría una Sección de Juzgamiento de Primera Instancia; la Sección de Reconocimiento y Contribución con la Justicia; y la Sección de Recuperación Patrimonial y Ejecución de Penas.
“La Sala Transitoria garantizará la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia y el derecho de impugnación de la primera condena”, se puede leer en el proyecto de ley.
Otro punto a destacar es que “la sala podrá conocer de casos bajo trámite de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pudiendo llevar a juicio a aforados señalados por el artículo 178 de la Constitución Política de Colombia”. Actualmente, los aforados son juzgados por la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes:
1. Presidente de la República o quien haga sus veces;
2. Fiscal General de la Nación;
3. Magistrados de la Corte Constitucional;
4. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
5. Magistrados del Consejo de Estado;
6. Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Los casos deberían ser presentados por una Unidad de Investigación y Acusación, compuesta por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Colombia, que serán las encargadas de investigar y acusar a quienes presuntamente cometan actos de corrupción.
Como parte de este proceso, habría personal internacional y nacional contratado por el comisionado, conforme al mandato de Naciones Unidas, y personal requerido por el comisionado a la Fiscalía, lo que incluye a fiscales, profesionales y técnicos especializados; personal requerido por el comisionado a las superintendencias especializadas en sociedades comerciales y actividades económicas y bancarias; y personal requerido por el comisionado a la Policía Nacional.
Este punto le abre la puerta a una Comisión de Naciones Unidas en el país, como la que encabezó Iván Velásquez en Guatemala.
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