La Procuraduría criticó liberación de cinco de los acusados por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

La Procuraduría General de la Nación anunció que se opone a la decisión del juzgado 61 de Conocimiento de Bogotá de conceder la libertad a los cinco investigados por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional, ocurrido en 2019, al considerar que en ese caso no procedía el vencimiento de términos.

De acuerdo a la determinación del juez, los presuntos implicados en ese hecho se debían dejar en libertad porque ya se habían superado los tiempos (527 días) para que se iniciara un juicio en su contra.

En ese sentido, el Ministerio Público explicó que su delegado para intervenir en el caso solicitó en dos oportunidades negar la solicitud de libertad de estas personas, entre otras razones, por los amplios plazos solicitados por la defensa para verificar las pruebas, que para la entidad resultaban excesivos y que finalmente afectaron la duración de la etapa de juicio.

Por ese mismo motivo, un juez en primera estancia había negado la libertad al acoger los argumentos de la Procuraduría. No obstante, el juzgado 61 resolvió la apelación presentada y accedió a la petición, a pesar de la solicitud del Ministerio Público.

En consecuencia, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, quienes en su momento fueron señalados de planear y ejecutar el ataque terrorista el 17 de enero de 2019, fueron dejados en libertad.

Todos ellos habían sido capturados en julio de 2020, acusados por la Fiscalía de haber recibido órdenes del ELN de escoltar la camioneta cargada de explosivos que estalló al interior de la Escuela de Cadetes y financiar el atentado.

Los delitos por los cuales fueron imputados son homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo. De todas formas, seguirán vinculados al proceso, pero ahora enfrentando su juicio en libertad.

Solo hay una persona en detención intramural y sentenciada por este atentado terrorista: Ricardo Andrés Carvajal, quien se encuentra pagando una pena de 46 años desde mayo de 2022. Se le sentenció por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.

El 17 de enero de 2019 perdieron la vida 22 estudiantes cuando una camioneta Nissan Patrol, cargada con 80 kilogramos de pentolita, se saltó los controles para detonar cerca de un grupo de jóvenes de la compañía Juan María Marcelino Gilibert.

El vehículo era conducido por un miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, posterior a las investigaciones, fue identificado como José Aldemar Rojas Rodríguez. Él habría recogido la camioneta en una bodega alquilada días antes por Ricardo Andrés Carvajal, para armar el carro bomba, otro hombre implicado en el hecho.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, “fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″.

Desde entonces, varias personas han sido capturadas por estar presuntamente implicados en el atentado. Sin embargo, algunos de ellos han declarado ser falsos positivos de la justicia, en su afán por encontrar culpables.

Se cree que la orden vino de Wilson Arévalo Hernández, alias “Chaco”, y financiada por empresas fachada en el sector de los lácteos.