Importantes empresarios, funcionarios y personas cercanas a distintos gobiernos y cirujanos que quisieron borrar su oscuro pasado de Internet

Narcotraficantes, corruptos empresarios, cirujanos y antiguos funcionarios de distintos gobiernos locales y nacionales de Colombia acudieron a la firma española Eliminalia para eliminar datos suyos y notas de prensa que señalaban todos los ilícitos que cometían o en los que se veían involucrados.

Para empezar, Eliminalia es una compañía contratada por varias compañías en América Latina para ‘mejorar la reputación’ de clientes privados a través de la eliminación de contenido de Internet, como artículos y denuncias publicados en medios de comunicación. En Colombia, la interventora Contelac contrató esos servicios para borrar más de 70 artículos que los involucraba con el escándalo de Odebrecht.

Concretamente, esta firma constructora realizó la interventoría del contrato correspondiente a las obras del túnel Tunjuelo-Canoas. De acuerdo con investigaciones, esa compañía pagó sobornos y, en ese orden, no ha salido bien librada del proceso. Con respecto a su vínculo con Eliminalia, Santiago Méndez —representante legal de Contelac— declaró que sí habían contratado a la española en 2020, pero que no tuvieron los resultados esperados debido a que no se realizaron los pagos en su totalidad.

Sin embargo, varios artículos fueron eliminados de la web, incluyendo un auto emitido por la Contraloría General de la República.

Una primera lista de clientes colombianos fue publicada por La Silla Vacía en 2021. Estaba compuesta por narcotraficantes y cuestionados cirujanos. Recientemente, El Espectador dio a conocer que hay aproximadamente 58 clientes, entre los que se encuentran otros empresarios y personas cercanas a la alcaldía de Gustavo Petro y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Si bien apenas duró un año como ministro del Exterior durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano —1994 - 1998—, Morris Harf Meyer fue investigado y acusado por irregularidades durante su gestión, como realizar un vuelo chárter con destino a Lima y pagado con recursos públicos.

De acuerdo con el medio citado, en 2017 firmó un contrato con Eliminalia por 12.200 euros para la eliminación de 26 documentos de Internet que daban cuenta de dichas irregularidades. Entre ellos, fueron desindexados nueve artículos de prensa en las cuales se hablaba de problemas que tuvo con el Estado por cuenta de problemas financieros en sus empresas. Incluso, la compañía española se encargó de eliminar varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio en la cual multó a una de sus compañías.

Él y Milton Cabeza Peñaranda son algunos de los involucrados en el escándalo de los camiones de basura importados durante la administración local del ahora presidente de la República. Sumado a eso, Orlando también apareció como cliente de Eliminalia. En 2020, eliminó varias notas de prensa a través de una técnica que consistió en crear blogs para copiar notas periodísticas de otros medios y, posteriormente interponer acciones por derechos de autor argumentando que los medios de las publicaciones originales habían plagiado esos textos.

Uno de esos que intentaron ser plagiados fue la columna Helicópteros que huelen a basura del analista Jorge Hernán Peláez y publicada el 7 de febrero de 2013 en La República. En ella, citó un apartado del libro El general Serrucho de Manuel Vicente Peña y en la cual menciona que Cabeza “(…) vinculado al famoso episodio de la avioneta que fue retenida a las 6 de la tarde en el aeropuerto de Montería, en 1994, cuando se aproximaba la segunda vuelta presidencial, la cual iba cargada con plata que le había donado el narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, “El Bojote” (…) El aeromotor era piloteado por Orlando Cabeza y en éste se transportaba un sujeto llamado Oscar Isaza, encargado de llevar $100 millones a la capital cordobesa”.

En la lista revelada por El Espectador también aparecieron los nombres del empresario de televisión Juan Gonzalo Ángel, y su hermano Luis Guillermo, al cual se le ha asociado en varias ocasiones con el Cartel de Medellín por su trabajo como piloto. En 2020, cancelaron cerca de 13.000 euros para desaparecer de internet 49 documentos, entre ellos una columna del periodista Daniel Coronell en la cual denunció que la aeronave en la cual murió Pedro Juan Moreno —político cercano a Álvaro Uribe Vélez— estaba a nombre de su empresa.