Que no expulse al general Mario Montoya, pidió la Procuraduría General a la JEP

En las últimas horas se conoció documento en la que la Procuraduría entregó apreciaciones sobre las versiones voluntarias rendidas por comparecientes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional por falsos positivos, donde de entrada el ministerio público señaló que hace falta citar a otros exintegrantes de esa agrupación militar para obtener mayor verdad.

Cabe resaltar que el ministerio público centró una considerable mayoría de observaciones en el caso del general (r) Mario Montoya, excomandante de la Cuarta Brigada en 2002, y de quien la procuraduría delegada al igual que otras partes en el proceso señaló que hasta el momento, sus aportes a la verdad han sido insuficientes, pero sugirió que el excomandante del Ejército permanezca dentro del sistema.

“Solicitamos que se tenga en cuenta el impacto práctico que podría tener la expulsión de este compareciente, en esta fase del proceso, en la que otros sub-casos que lo vinculan en roles superiores dentro del fenómeno, siguen en instrucción y en la que las hipótesis de máxima responsabilidad – a nivel nacional siguen en ascenso” indica el documento, dado a conocer por W Radio.

En el hecho se expusieron más de diez testimonios para distinguir un eventual desconocimiento por parte del general Montoya sobre los hechos, quien siempre mencionó durante las audiencias que nunca ejerció presiones ni habló de “litros de sangre” ni “carrotancados de sangre”. En concordancia la Procuraduría, sostiene que los testigos en su contra, dicen otra cosa y las presiones por producir “bajas” eran descarnadas y sin contemplación amenazando a los subalternos con sacarlos del Ejército.

“En cierta oportunidad, le dije a mi General Montoya: 4 bajas, 6 desmovilizados, y él inmediatamente se puso furioso, inició, “deba haber llevado 6 bajas, no 4″, perdón, “10 bajas, más no 4″, como que me está diciendo, hermano, qué paso con esos 6 que se entregaron, entonces por eso fue que yo le dije así, “mi general, yo no hago cosas ilícitas”, por eso fue que yo le respondí así, señaló uno de los versionantes ante la Jurisdicción Especial para la Paz citados por el ministerio público.

Adicional a las observaciones particulares de las menciones del general Montoya quien negó cualquier responsabilidad en los hechos, la Procuraduría llamó la atención a la magistrada Catalina Díaz, juez transicional que dirigió la audiencia, criticando que al indagar a Montoya podría haberse incurrido en un “interrogatorio conflictivo”, donde la magistrada se vio evidentemente exaltada en varias oportunidades por las respuestas del general en retiro.

“No puede pasar por alto el Ministerio Público la evidente y reiterada exaltación de la magistrada, de hecho, varias veces se excusó ante la audiencia. No pueden pasarse por alto, no en la fase dialógica, las constantes interrupciones al relato, las confrontaciones a sus dichos haciendo uso de piezas procesales fruto de otros sub-casos como Norte de Santander del que no hace parte formal, aún, el compareciente Mario Montoya Uribe” menciones de la Procuraduría.

De ahí que, el procurador Jairo Acosta destacó que a pesar de los señalamientos en contra del general Montoya aún mantiene su condición de inocencia que debe ser respetada “si se respetan los principios de la responsabilidad penal individual y la presunción de inocencia que hasta hoy cobija a Montoya Uribe” señala el escrito.

Adicional a ello, la Procuraduría solicitó cambiar la manera de desarrollar las audiencias señalando que dejar que tanto el ministerio público como las víctimas puedan preguntar apenas al final de las diligencias no contribuye con su papel y limita sus derechos a “intervenir con suficiencia”, aludiendo a que cada interviniente pueda preguntar en cada caso concreto que se plantee.

Complementando las observaciones generadas en el caso del general Montoya, la Procuraduría solicitó que se indague a profundidad los eventuales “yerros operacionales” en el Batallón de Artillería (BAJES) durante las comandancias de los coroneles Pineda Recuero y Juan Carlos Barrera Jurado que habrían facilitado la comisión de falsos positivos.

Además, se solicitó investigar el papel de encubrimiento de los crímenes por parte de la Justicia Penal Militar, sugiriendo que no “pase lo mismo” que ocurrió en la investigación en Norte de Santander, “... Dar inicio a la convocatoria de personal relacionado con la Justicia Penal Militar y la Policía Judicial para el sub-caso Antioquia” solicitó la Procuraduría.

En conclusión, el ente de investigación expresó su preocupación porque a la fecha no se ha priorizado el caso, por lo que genera intranquilidad que la investigación adelantada no llegue a conclusión.