Transición energética y comisiones de regulación: contralor recomienda prudencia y rigor

En su primera visita a la central Hidroituango, el contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, llamó la atención sobre la prudencia y el rigor técnico con el que deben asumirse los análisis de las medidas que se tomen sobre el sector minero energético y, adicionalmente, recomendó que la intervención a las comisiones de regulación de servicios públicos que pretende el presidente Gustavo Petro para intentar una reducción en las tarifas se haga de manera técnica con la mirada hacia las necesidades reales de los usuarios y con el respeto a las leyes de libre mercado.

Rodríguez Becerra reconoció que Hidroituango es un activo estratégico para garantizar la oferta energética presente y futura del país y por esta razón se hace indispensable mantener el especial seguimiento y los acompañamientos que la Contraloría General de la República (CGR) hace desde marzo del 2022 para velar por la adecuada inversión de los recursos recuperados con el fallo de responsabilidad fiscal por $4,33 billones y para contribuir a minimizar riesgos ambientales, sociales, sectoriales, técnicos y financieros asociados a este proyecto.

Asimismo, estimó urgente que se tenga en cuenta la previsión de las instituciones de facilitar la entrada de nueva oferta de energía tanto de generación, como de activos de transmisión de energía, frente a un fenómeno del niño prolongado previsto para el cuarto trimestre de 2023.

En este sentido, hizo un llamado para que se agilicen estos proyectos, a fin de no poner en riesgo la seguridad energética del país.

Para el contralor, medidas como la anunciada intervención a las comisiones de regulación deben ajustarse a principios o criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia, definidos por la Ley de Servicios Públicos.

A su vez, aprovechó la visita para plantear a EPM, que es una empresa pública y uno de los principales actores del sector, si puede dar garantías al país de que no va a abusar de su posición dominante tanto en generación como en comercialización, y que no se justifique así la intervención que plantea Gobierno.

El contralor recordó que en Colombia y el mundo la transición energética es una política pública en curso, razón por la cual es necesario hacer un seguimiento permanente de sus resultados en reducción de gases efecto invernadero y al impacto en todos los sectores económicos, pero también en las finanzas estatales.

Mencionó luego varias cifras que dan cuenta de la importancia del sector minero energético. Son las siguientes:

Este sector representó en 2022 el 56,1% de las exportaciones y aportó en el último bienio $33 billones en regalías a las regiones, recursos que se destinaron a proveer agua potable, salud, educación y alcantarillado.

Además, genera alrededor de 90.000 empleos anuales, demanda bienes y servicios locales del orden de $11 billones anuales y destina $453.000 millones a inversión social, lo cual contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas. Por su parte, Ecopetrol contribuye con cerca del 4% de los ingresos del Gobierno nacional y para 2023 se estima que esta empresa entregará cerca de $52 billones en regalías, impuestos y dividendos.

Según el contralor, para el uso de energías más limpias Colombia debe hacer su tránsito de manera gradual y segura, con los objetivos claros y firmes, con estrategias definidas y viables de mediano y largo plazo, no sólo por las exigencias y compromisos a nivel mundial en materia medioambiental, sino también por el agotamiento de la producción interna.

Carlos Hernán Rodríguez señaló luego que año a año el país agrega casi que la misma cantidad de reservas de petróleo de lo que produce en el año, con un efecto neto de tener de manera constante la misma relación reservas/producción, que promedio es de 6,4 años para los últimos diez años.

En su concepto, las reservas de hidrocarburos deben ser suficientes para cubrir el proceso de transición energética, de tal manera que no se ponga en riesgo la confiabilidad en el abastecimiento de energía, la soberanía energética y en general la economía del país.

Y consideró que la actividad minera también puede tener espacio en la transición con minerales como el litio, grafito y cobalto, que incrementarán su demanda cerca de un 500% al 2050, y otros como el cobre y el aluminio, que presentarán un crecimiento en la demanda de cerca de 35% al 2040.

Finalmente, el funcionario se refirió a la emergencia invernal y el desabastecimiento energético que padecen los departamentos de Nariño y Cauca y dijo que la Contraloría General de la República valora los esfuerzos adelantados por el Gobierno y hará seguimiento a esta contingencia, dado que en la medida que la soluciones se alarguen, los gastos adicionales pueden llegar a ser considerables y también aumentar el descontento de las comunidades.