
Los congresistas de la bancada provida del Congreso de la República le pidieron a la alcaldesa que no firme y objete el proyecto de acuerdo que aprobó el Concejo de Bogotá para eliminar las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Se trata de un adelanto normativo pionero en el país en cuanto al aborto.
El proyecto de acuerdo No. 023 de 2023, que fue aprobado por la mayoría de los concejales distritales el 2 de febrero en segundo debate, propone que la Secretaría de Salud vigile a las EPS e IPS de la capital para que cuenten con rutas de atención a las personas que deseen acceder a IVE; así como habilitar canales de denuncia para cuando encuentren barreras.
Para los congresistas provida, un grupo de representantes y senadores conservadores que dicen defender la familia y la libertad, la aprobación del acuerdo saltó las competencias del Congreso y, aseguran, es contrario al ordenamiento jurídico colombiano.
“No existe en la legislación colombiana un derecho fundamental a la “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, o aborto, y el Congreso de la República, órgano competente para aprobar las leyes en nuestro país, no ha aprobado ningún Proyecto de Acto de Legislativo, o Ley Estatutaria que lo establezca como tal”, señalaron los congresistas.
El proyecto de acuerdo, como explicó el concejal Leal a Infobae, se presentó al Concejo antes de que la Corte Constitucional despenalizara el IVE hasta la semana 24 de gestación. En ella se estableció que se debe brindar la atención integral en salud sin barreras de acceso o demoras para la prestación del servicio.
Con la aprobación del acuerdo, el Concejo se convirtió en la primera corporación en aprobar una normativa acerca del aborto, dirigida a garantizar su acceso. Por encima del Congreso de la República que se ha negado a reglamentar el aborto, como lo ha pedido ya la Corte Constitucional, que ha emitido dos sentencias en 2006 y 2018 al respecto.
Pese a esos pronunciamientos en los que se basa el acceso al IVE en el país, los congresistas provida señalan que el acuerdo aprobado en Bogotá desconoce el artículo 11 de la Constitución Política. Debido a que sostienen que coarta la libertad de conciencia del personal de salud que se niegue a practicar un aborto.
“Desde el Congreso de la República hacemos un llamado respetuoso a la señora Alcaldesa de Bogotá Claudia López, para que en uso de sus facultades constitucionales objete este Acuerdo por ser contrario al ordenamiento jurídico colombiano. Anunciamos, además, que en caso de aprobarse, iniciaremos las acciones judiciales como la acción de nulidad, las quejas disciplinarias y las denuncias penales por configurarse un presunto delito de prevaricato”, anunciaron los congresistas.
En el Concejo, la oposición fue minoritaria con apenas dos votos en contra del proyecto al que ya solo le resta la sanción de la alcaldesa para que se convierta en norma distrital. Uno de los opositores fue el concejal Marco Acosta, quien sostuvo que tanto la Corte Constitucional como el cabildo se extralimitan en los pronunciamientos respecto al aborto, que calificó como un genocidio y al que señaló de desconocer “la voluntad del padre”.
El representante Luis Miguel López, uno de los miembros de la bancada provida, señaló además que estas iniciativas, en su concepto, promueven el IVE. “Tenemos que estar muy preocupados con lo que está ocurriendo en el país, todos los días se está promoviendo el aborto, desde el Gobierno nacional y ahora desde el Concejo de Bogotá”, sostuvo.
López Aristizábal señaló incluso que el proyecto “atenta contra la libertad de los padres a educar sus hijos, incluso, promoviendo el aborto directa y abiertamente en el colegio”. Aunque lo que busca el acuerdo es permitir el acceso a la información y fortalecer la educación sexual integral en el distrito.
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