El Estado de Colombia aceptó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad en la desaparición forzada de Arles Edison Guzmán Medina, empleado de un asadero en la Comuna 13 de Medellín (Antioquia), crimen que se perpetró durante el desarrollo de la Operación Orión en 2002.
“Se reitera que fue desaparecido con la aquiescencia de agentes estatales (...) por lo tanto el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Guzmán Medina”, citaron en la emisora La W Radio de la intervención de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en la sede del organismo multilateral en San José de Costa Rica.
El caso se remonta al 30 de noviembre del año 2002 cuando Guzmán fue sustraído de su restaurante por dos personas que fueron identificadas como paramilitares, para que respondiera preguntas ante un supuesto comandante, desde ese momento se desconoce su paradero.
Durante la audiencia pública, la esposa de Guzmán, Luz Enith Franco Noreña, declaró entre lágrimas que la última vez que lo vio fue cuando lo cogieron del cuello y lo metieron al carro.
“Yo le pido a la Corte que no me vayan a dejar sola. Llevo 20 años buscando a mi esposo y espero que por favor no cierren esa montaña (donde podría estar su cuerpo), espero que por favor sigan buscando (...) Tengo muchas cosas por decir porque hoy estoy reviviendo ese día. El Estado colombiano tiene que pagar y hacerse responsable por lo sucedido en Comuna 13, espero que no me dejen sola, porque yo necesito seguir buscando a mi esposo”, dijo Franco.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que estos hechos ocurrieron en el marco de la ejecución de la Operación Orión, cuando existía un vínculo entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en Colombia, así como también un enlace en la actuación de la Fiscalía General de la Nación y agentes estatales, en el contexto específico de colaboración en la Comuna 13.
El comisionado de la CIDH, Joel Hernández, también indicó que el Estado de Colombia no emprendió una investigación de oficio, sino hasta que se presentaron denuncias por parte de la Defensoría del Pueblo y con ocasión de la denuncia del hermano de la presunta víctima.
Zamora aseguró que el gobierno asumirá la responsabilidad por haberle fallado a los familiares de la víctima durante las últimas dos décadas, así como seguirán trabajando para establecer cuál fue el destino de Guzmán Medina.
“Me solidarizo con lo que le ha ocurrido a usted y su esposo, eran una pareja joven, con esperanzas y sueños. No puedo imaginarme el sufrimiento que ha tenido que vivir estos 20 años, pero admiro la labor de búsqueda que ha asumido por su esposo. Este camino no ha sido en vano, el Estado está aquí para asumir la responsabilidad por haberle fallado”, expresó.
La funcionaria agregó que: “La desaparición forzada es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y ningún Estado del mundo debería permitir o tolerar este tipo de conductas, estamos obligados a investigar, juzgar y sancionar estos graves crímenes para que nunca vuelvan a ocurrir”, afirmó Zamora.
En la audiencia, también participó la perito Claudia Rivera, directora de Ciencias forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien expuso los esfuerzos realizados en el año 2010, cuando se efectuó una búsqueda en la Escombrera y la Arenera de la Comuna 13 de Medellín, lugares donde se presume que hay víctimas de desaparición forzada.
Según declaró la experta, se cree que pueden haber hasta 400 personas desaparecidas forzadamente en el área.
Tras la audiencia de hoy las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CIDH y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
(Con información de EFE)
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