
Alrededor de 30 integrantes de las disidencias de las extintas Farc llegaron al casco urbano del municipio San Calixto, ubicado en la región del Catatumbo, norte de Santander. El hecho se presentó en la tarde del lunes 30 de enero y los sujetos llegaron vestidos con prendas militares y portando brazaletes alusivos a grupos residuales.
De acuerdo con un líder social y representante de víctimas del conflicto en diálogo con Semana, los disidentes ejecutaron la misma modalidad de intimidación contra los habitantes de esta región: salir a la calle, hablar con algunos habitantes y comerciantes y saludar a quienes se encontraban en el camino.
De igual manera, el también representante de víctimas del conflicto rechazó ante el medio citado el hecho de patrullaje protagonizados por estos milicianos. Según él, es un peligro que ellos transiten por la vía pública junto con la comunidad, pues en cualquier momento se puede presentar un enfrentamiento con la fuerza pública y justamente los civiles pueden quedar en medio del fuego.

Este hecho se suma a las amenazas contra tres integrantes de la Organización Social Madres del Catatumbo por parte de actores desconocidos. Una de esas intimidaciones estuvo dirigida a Carmen García, presidente del colectivo y quien denunció el año pasado el asesinato de 19 mujeres en Tibú, también en Norte de Santander.
Vale mencionar también que estas intimidaciones de los disidentes se realizaron en medio del cese al fuego bilateral pactado con el Gobierno nacional. De hecho, ya el Ministro de Defensa lanzó una fuerte advertencia a estas estructuras para que acaten la medida pactada dentro del plan de Paz Total planteado por la administración Petro.
Al respecto, Iván Velásquez, jefe de esta cartera lanzó un ultimátum: o se acogen al cese de hostilidades o este será suspendido por orden del presidente de la República.
“O todas sus estructuras acatan el cese bilateral que se ha acordado, o el Gobierno no podrá continuar sosteniendo ese cese. Porque con el pretexto de ser solo una parte del Estado Mayor Central no se puede tolerar que continúen realizando las actividades, como ya ha quedado evidenciado”, sentenció el ministro Velásquez el 21 de enero durante un consejo de seguridad realizado en Cali.
En esa zona del suroccidente colombiano, especialmente en Cauca y Valle del Cauca, hay fuerte presencia de la columna Jaime Martínez de las disidencias, autoras de violentos hechos como la masacre perpetrada con ráfagas de fusil, tatucos y granadas en contra de seis militares en zona rural del municipio Buenos Aires el 6 de diciembre de 2022.
Durante dicho consejo de seguridad, la cabeza de la cartera castrense reiteró que este cese al fuego no configura una interrupción de las operaciones adelantadas por las Fuerzas Militares y mucho menos una pausa de su presencia en los territorios, tal como lo establecen la Constitución y la Ley.
“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional deben continuar cumpliendo su obligación constitucional, controlando el territorio, protegiendo a las comunidades y afectando las actividades ilícitas que esas organizaciones desarrollan”, advirtió el ministro.
De paso, también recalcó en la necesidad de continuar desarrollando actividades contra el narcotráfico y profundizando la represión al contrabando, actividades sobre las cuales, según Alfonso Prada el lunes 30 de enero, han dejado un balance positivo en materia de incautación durante los primeros 30 días de 2023.
“Hemos definido que con todo esto, las acciones de Fuerzas Militares y de Policía tienen que profundizarse en el departamento y hay que tomar unas acciones concretas en los sentidos que he señalado para controlar las actividades ilícitas y poder generar espacios de tranquilidad y seguridad a la población”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.
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