El sábado 28 de enero un juez de control de garantías de Chocó impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres hombres señalados de cometer el crimen del líder social, Fredy Mena Obregón, perpetrado el 8 de octubre de 2022.
Los afectados con la decisión son: Diego Luis Rentería Rentería, alias “Nacho”; Carlos Henry Mena Rentería, alias “Cheito” y Jehiber Mena Rentería alias “H”, a quienes les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, secuestro simple; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, parte o municiones.
Fredy Mena Obregón era reconocido en el departamento del Chocó y se desempeñaba como fiscal suplente de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca). Su asesinato se produjo en el corregimiento La Playita, del municipio de Lloró, cuando los presuntos responsables llegaron al lugar donde la comunidad estaba adelantando un bingo y se llevaron a Mena Obregón en contra de su voluntad.
Una vez secuestrado, los habitantes del corregimiento iniciaron la búsqueda del hombre, y al día siguiente, fue encontrado su cuerpo sin vida, con impactos de arma de fuego, en inmediaciones del lugar.
El 10 de octubre de 2022, la Defensoría del Pueblo informó sobre el homicidio de Fredy Mena Obregón: “Hoy la comunidad encontró su cadáver en una playa cercana a la población, que está bajo zozobra, rechazamos este lamentable hecho”, señaló la entidad del Ministerio Público.
Cabe destacar que, durante el cortejo fúnebre, los pobladores que asistieron se vieron forzados a desplazarse masivamente hacia la cabecera municipal de Lloró, tras divisar disparos desde embarcaciones contra las 66 familias presentes en el acto de despidida del líder comunal.”
En ese momento, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), informó que el homicidio de Mena Obregón fue el 140 de un líder social en 2022, también fue el 1.367 desde la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Los procesados por el asesinato del fiscal de Cocomopoca fueron capturados en una acción conjunta adelantada con el Cuerpo Élite de la Policía, la Armada Nacional y Gaula Militar, en la vereda Ladrilleros, del corregimiento de Juanchaco en Buenaventura (Valle del Cauca), a donde habrían huido para evitar la acción de las autoridades.
En 2022, siete organizaciones de derechos humanos de Colombia, con el apoyo de las ONG Oxfam (Reino Unido) y Diakonia (Suecia), publicaron un informe que señala la existencia de patrones de sistematicidad e impunidad en el asesinato de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las desmovilizadas Farc.
Entre las cifras publicadas en el informe se muestra que la Fiscalía General de la Nación habla del 62% en el esclarecimiento de homicidios a líderes sociales. Una de las organizaciones que participó en la publicación del texto fue Indepaz que señaló que, “esto corresponde a avances de dicho proceso, que puede ser desde una apertura de investigación hasta imputación de cargos”.
El esclarecimiento como tal, es la sentencia sobre los autores materiales y los intelectuales. “Y de los casos reportados en todo el país, se tienen 66 sentencias, menos del 5%”, explicó la organización social.
Sumado a esto, el documento advierte que la Fiscalía General no ha avanzado en la “identificación de los autores intelectuales y determinadores, lo que genera discursos de odio y una mayor estigmatización a los líderes sociales”.
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