La Superintendencia de Sociedades adelanta cuatro procesos de intervención judicial por captación de recursos del público de forma ilegal. La entidad explicó que las empresas investigadas desarrollaban actividades en el sector inmobiliario con prestación de servicios y construcción de proyectos de vivienda.
Desde el segundo semestre de 2022, la entidad presentó las irregularidades que fueron detectadas en empresas que operan en dos departamentos del país, específicamente en los municipios de Duitama y Sogamoso, en Boyacá, y en el municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca. Además, se encontraron irregularidades en las operaciones realizadas en la capital de los boyacenses, Tunja.
“En el desarrollo de las investigaciones adelantadas se logró establecer que las sociedades intervenidas, mediante fachadas, recibían dinero del público sin entregar una contraprestación real o la prestación de algún tipo servicio”, señaló la entidad por medio de un comunicado.
En total, fueron reconocidos 1.117 afectados por la suma de $22.806.363.400 millones de pesos, que en los términos del artículo 10 del Decreto Legislativo 4334 de 2008 manifiesta que: estas empresas deben garantizar la “devolución inmediata de dineros. Este procedimiento se aplicará por la Superintendencia de Sociedades cuando previamente haya decretado la toma de posesión”, sentencia esta legislación.
Estos casos han puesto en alerta a una de las entidades que vigilan el sector del comercio en el país, que con colaboración de las autoridades, alertaron a la ciudadanía para reportar situaciones similares en otras ciudades del país.
La captación ilegal de recursos del público se ha convertido en una modalidad de fraude recurrente en Colombia, motivo por el cual esta organización hizo un llamado de atención para evitar el incremento de estos esquemas.
Supersociedades tiene como objetivo ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, sucursales de sociedad extranjera, empresas unipersonales y cualquier otro sujeto que determine la ley, para lo cual dirigirá y coordinará las actuaciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas atribuciones.
Precisamente, en cumplimiento de sus funciones, la misma entidad entregó un reporte sobre la reciente quiebra de uno de los almacenes de bajo costo en el país con mayor reconocimiento por los compradores, las tiendas Justo & bueno, que llegaron a la liquidación final en 2022.
Michael Olmi, fundador de la compañía, alcanzó a tener 1.118 puntos en nueve departamentos de Colombia, llegando a 300 municipios. Con este modelo de negocio, el empresario se hizo millonario, pero sorprendió la quiebra anunciada por la compañía por motivos financieros. Ante esto, la Supersociedades reveló que esta empresa hacía parte de la sociedad extranjera Reve Group que controlaba a esta y otras 17 compañías.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, indicó que debido a esta investigación, la compañía podría tener problemas en el marco de su proceso de insolvencia que le brinda beneficios a las compañías para que puedan acordar con sus acreedores, formas de pago de sus obligaciones atrasadas, protegiendo de esta manera sus negocios y fuentes de ingreso; o como en el caso de esta compañía, pueden liquidar su negocio o sociedad.
“Esta decisión puede tener efectos relevantes en materia de insolvencia, entre otros, la responsabilidad subsidiaria de la matriz o la controlante por las obligaciones de las subordinadas en situación de insolvencia y la postergación de créditos en los procesos de reorganización empresarial″, dijo Escobar en declaraciones recogidas por Semana.
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