Tras las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, con respecto a que los grupos armados no están cumpliendo la tregua anunciada por el presidente el 31 de diciembre, algunos miembros de las Fuerzas Armadas han denunciado que pasado más de 15 días aún no han recibido lineamientos para saber cómo se debe actuar en procesos específicos, lo que ha puesto en riesgo a los uniformados y ha creado escenarios de incertidumbre al interior de las filas.
Incluso, entre sus quejas, los uniformados aseguran que se han registrado secuestro de militares como en el Meta, Cauca y Nariño, además de la movilización de disidentes Farc por las calles principales de algunos municipios que se han evidenciado en algunos videos que rotan por redes sociales, condenado por el mismo ministro de Defensa:
“Inaceptable presencia de hombres armados uniformados en Balboa, Nariño. Es un reto que están haciendo a la oferta generosa de paz, a la intención del gobierno por generar reales espacios de convivencia, es un desconocimiento del cese bilateral al fuego”, dijo el ministro Velásquez.
Incluso, frente al tema se ha pronunciado la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Camargo, y ha mencionado la violación al acuerdo por parte de los grupos armados en territorio:
“Mientras el Estado está actuando de buena fe, acogiendo el tema de un proceso de negociación y de diálogo, los grupos armados ilegales están buscando la manera de ver cómo se expanden y cómo consolidan sus rutas del narcotráfico y de todas las actividades ilícitas. De manera que la Fuerza Pública debe actuar con vehemencia porque no puede seguir en permanente riesgo la población civil”, manifestó Camargo en una entrevista que sostuvo con El Tiempo.
Por ahora el documento que conoce la fuerza pública señala parámetros generales. Por ejemplo, asegura que pese al cese al cruce de hostilidades se deben mantener las operaciones activas en contra de: “el narcotráfico, la minería ilegal, la extracción ilegal de recursos naturales, el secuestro, la extorsión, reclutamiento de menores, contrabando, tráfico y porte ilegal de armas y demás conductas punibles contempladas en el código penal colombiano”. Sumado a las órdenes de captura que ya se emitieron.
Además, se pidió la creación de un mecanismo de verificación del cese a las hostilidades y recordó que este debe ser compartido y autorizado “inmediatamente a los Jefes de Operaciones de cada una de las Fuerzas, Subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas, Comandantes de Fuerza, Inspección General de las Fuerzas Militares y Comandante General de las FFMM”.
También, que en situaciones de riesgo se puede responder basándose en principio de la legítima defensa: “En ningún caso se limitará el derecho a la legítima defensa propia y de terceros y actuar ante un delito en flagrancia, conforme la normatividad y reglas de enfrentamiento y del uso de la fuerza vigentes”.
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