La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, en dirección de Rafael Curruchiche, anunció que esta entidad tendría pruebas en contra del actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, por haber permitido la aprobación de acuerdos de cooperación con dos directivos brasileños en 2017 en el caso de corrupción que vincula a Odebrecht.
Curruchiche confirmó que en la primera fase de la investigación se encontraron elementos que relacionan al funcionario del Gobierno de Gustavo Petro con la pérdida de más de 380 millones de dólares en Guatemala a manos de la red de corrupción que durante años estuvo a cargo de la compañía brasileña.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de Cicig Iván Velásquez”, sentenció el fiscal, quien además aseguró que cuentan con pruebas contundentes, pero no se han publicado al ser una investigación reservada.
“Hemos logrado establecer que Iván Velásquez pudo haber cometido los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. Hay elementos sólidos, contundentes y muy evidentes y por eso hemos tomamos la decisión de iniciar una investigación”, aseguró Curruchiche.
Pese a las intenciones de Guatemala por judicializar al funcionario colombiano, se conoció que por medio del “Acuerdo entre la organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, que fue firmado en el 2007, Velázquez tendría impunidad. Así lo dicta el artículo 10 de este documento:
“El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961″, se lee en el acuerdo.
Según este artículo, los funcionarios tendrán estos beneficios inclusive cuando hayan dejado de trabajar con la Cicig, por tal razón, el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, tendría inmunidad.
El documento además menciona que estos beneficios no se aplican por particularidad o dependiendo de la persona, por el contrario, se otorgan en beneficio a la comisión.
“Los privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la Cicig se otorgan en atención a los intereses de la Comisión y no al beneficio personal de los individuos en cuestión. El derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad, cuando ello proceda sin perjuicio del objetivo para el que es otorgada, requiere, en cuanto al Comisionado/a, la autorización del Secretario General de las Naciones Unidas y en el caso del personal de la Cicig, del Comisionado/a”, indica el artículo.
El fiscal también emitió órdenes de captura contra la exfiscal general Thelma Aldana; la exsecretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz; el exmandatario de la Cicig, Luis David Gaitán, y el presidente de la Cámara Guatemaltecoamericana (Amcham), Juan Pablo Carrasco de Groote.
El mismo documento indica que la inmunidad de los comisionados permanece incluso después de prestar sus servicios a la Comisión, e indica que estos privilegios serían cancelados solo si el funcionario, en mención, decide renunciar a ellos.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro anunció su respaldo al actual ministro de Defensa, “Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro; y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, afirmó el jefe de Estado.
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