El 17 de enero de 2023 se dio a conocer que tras el estudio del caso del sargento Luis Alberto Erazo que murió en 2021, el Consejo de Estado decidió que la familia del policía deberá recibir una indemnización de más de 300 millones del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional.
La demanda a la que respondió el Consejo fue interpuesta en su momento por el uniformado y su familia, argumentando que tras el secuestro y el rescate, el sargento Erazo, perdió en 36% de su capacidad laboral debido a las heridas físicas que le dejaron los ataques por parte del grupo armado tanto en su rostro como en su cuerpo producido por granadas y disparos. Además de la afectación psicológica que le dejo el tiempo en cautiverio y el impacto de ser uno de los sobrevivientes en medio de la operación en la que fue rescatado.
En ese sentido, de acuerdo con lo mencionado en el fallo a favor de la familia de Erazo, los daños que sufrió el uniformado en medio de su rescate y tras casi 11 años secuestrado por las Farc en 2011, son responsabilidad de ambas instituciones, pues se presume que en ese momento tomaron decisiones improvisadas sabiendo que pondrían en riesgo la vida del sargento.
En el proceso de rescate murieron compañeros de cautiverio de Erazo, que también eran miembros de la Policía: el coronel Édgar Duarte, el mayor Elkin Hernández, el sargento José Libio Martínez y el intendente Álvaro Moreno, que según las investigaciones, fueron rematados por guerrilleros cuando intentaron huir.
En el fallo también se habló de la responsabilidad que tuvo la institución de la Policía en el secuestro de Luis Alberto Erazo y otros ocho uniformados más el 9 de diciembre de 1999 en Curillo, Caquetá; y la muerte de un uniformado ese día. De acuerdo con el documento:
“La incursión guerrillera no era imprevisible, por tratarse de una zona de alto riesgo, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Policía de Caquetá. El hecho tampoco era irresistible porque la entidad tenía un ”grupo aéreo con helicópteros bien armados“, que servían para repeler ese tipo de ataques. El apoyo oportuno y adecuado habría evitado el secuestro, por lo que no podía considerarse que estuviera dentro de los riesgos propios de la profesión”.
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