Durante la homilía en la misa en la que asumió como nuevo arzobispo de Caracas, el cardenal Baltazar Porras reclamó por el respeto a los derechos humanos y una Justicia imparcial en Venezuela.
“Sueño con una iglesia caraqueña promotora y defensoras de la vida desde la concepción hasta su desenlace natural en una patria en la que los derechos humanos sean respetado y defendidos, en la que desaparezca todo abuso y tortura y la justicia sea realmente pronta e imparcial”, afirmó Porras en su duro discurso contra el régimen de Nicolás Maduro.
Además, Porras aseguró que desea ver al pueblo venezolano “caminando juntos”: “Sueño que seamos pueblo que camina juntos, compartiendo responsabilidades, sin privilegios hirientes que llevan a la división y al enfrentamiento”.
La Iglesia Católica es una de las principales voces abiertamente opositoras al régimen desde hace años y que, sin temor a las represalias, denuncia reiteradamente las violaciones y los abusos de Maduro.
Días atrás, otro referente de la iglesia venezolana, el obispo venezolano Víctor Hugo Basabe, se animó a denunciar a la dictadura chavista. Durante la homilía de la procesión de la Divina Pastora, la de mayor magnitud en Venezuela, el 14 de enero pasado, y ante 3 millones de personas, denunció la “burbuja de la falsedad económica” y la “precaria” situación del país.
“Que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos”, pidió Basabe en la celebración de la festividad mariana en la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Lara, a la par que llamó a los fieles “a poner en el corazón de nuestra oración a nuestra Venezuela herida, maltratada, traicionada y saqueada hasta más no poder”.
De hecho, la Conferencia Episcopal venezolana (CEV), también denunció que el país “continúa viviendo una crisis política, social y económica profunda”.
La CEV se refirió asimismo a la “burbuja”, la cual considera “ofensiva” para los trabajadores del sector de la salud, la educación, los obreros, los pensionados e, incluso, los informales, cuyos ingresos “paupérrimos” rondan entre los 10 y los 30 dólares. Estos sectores han encabezado, en las últimas semanas, protestas en todo el país para conseguir mejores condiciones laborales y salariales dado que una familia necesita más de 50 veces el ingreso promedio sólo para comer.
Las víctimas de la dictadura
La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) presentó en septiembre del año pasado su tercer informe anual, el cual se centró en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia que responden al dictador Maduro, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar. Los investigadores concluyeron que las torturas perpetradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) no fueron actos aislados, sino parte de una “maquinaria” y “un plan del gobierno para reprimir a la disidencia”, que fue “orquestado” por Maduro.
El contundente reporte concluyó que los organismos de inteligencia del Estado civil y militar de Venezuela funcionan como estructuras bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”.
La Misión documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dcitadura chavista desde 2014 hasta la actualidad. La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolás Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos: posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos); asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua; golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes; descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo; amenazas de muerte o de violencia adicional; amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares; desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas; y estar encadenado durante largos períodos de tiempo.
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