La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió este martes que no se entreguen los fondos establecidos en el acuerdo social alcanzado recientemente entre el Gobierno y la oposición hasta que “sean liberados todos los presos políticos”.
En el comunicado firmado por el presidente de la asociación, José Antonio Colina, se explica que es “inaceptable que Nicolás Maduro exija que le descongelen los fondos y lo vayan a realizar sin obtener nada a cambio”.
Asimismo, la organización con sede en Miami subrayó en su pedido a la comunidad internacional y, principalmente, a Estados Unidos, su preocupación ante este escenario dado que el dictador Maduro ya “ha logrado sacar a uno de sus familiares y funcionario del régimen de la lista del Departamento del Tesoro (de EEUU) y también le fueron enviados dos sobrinos de Cilia Flores (su esposa) acusados de narcotráfico en Estados Unidos”.
“Maduro debe liberar a todos los presos políticos venezolanos”, sentenció Colina y agregó que “hay una lista numerosa de militares que están siendo víctimas del secuestro del régimen”. Según la ONG Justicia Venezolana, en el país hay al menos 320 ciudadanos detenidos -entre civiles y militares- por razones políticas.
Uno de ellos es el caso del teniente coronel Igber Marín Chaparro quien lleva 21 días de huelga de hambre con el objetivo de exigir el respeto de los derechos humanos de los militares encarcelados. A esta medida se le sumó la campaña emprendida por los hijos de estos presos, con la que buscan conseguir la libertad de sus padres “encarcelados injustamente en Venezuela”, y a la cual Veppex adhirió.
Esta solicitud se dio luego de que este lunes Maduro asegurara que el acuerdo social alcanzado semanas atrás en México entre su gabinete y la oposición “se va a cumplir”. Esta instancia de diálogo, tuvo lugar por primera vez en un año, luego de la última mesa de conversación en agosto de 2021, tras una serie de fallidas iniciativas en 2018 en República Dominicana y en 2019 en Barbados.
Según el dictador, el responsable de la delegación opositora en esta negociación, Gerardo Blyde, se comunicó para remarcar que cumplirán con el pacto.
Este acuerdo permite el uso de los recursos congelados en el exterior para mejorar la salud, la educación y la infraestructura, entre otros aspectos básicos de los venezolanos. Este dinero será administrado por las agencias de la ONU y no por la dictadura chavista, con la intención de preservar el destino de esta plata.
“A los fines de atender las necesidades más urgentes, se acuerda solicitar a la ONU apoyo en la implementación del marco programático, incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único, que se denominaría Fondo para la Atención Social del Pueblo Venezolano”, se lee en el documento recientemente firmado.
Sin embargo, los líderes de la oposición en el país expresaron su preocupación de que los acreedores venezolanos puedan comenzar acciones legales para incautar parte de estos recursos y, así, cobrar las deudas impagas.
Por su parte, Maduro insistió en que los “3.150 millones de dólares recuperados de las cuentas congeladas de los bancos del exterior” serán empleados exclusivamente para la recuperación de servicios básicos en el país, tal como se conversó en México.
(Con información de EFE)
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