
La directora para las América de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, alertó sobre la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad “podrían quedar impunes” en Venezuela.
Guevara informó este jueves que el reciente informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela evidencia la necesidad de buscar alternativas a la Justicia venezolana que el dictador, Nicolás Maduro, ha “instrumentalizado por años”, de manera que se evite la “impunidad” en el país.
Guevara insistió en que esta situación “debe alertar a la comunidad internacional para evitar que graves violaciones de Derechos Humanos se sigan cometiendo”.
El informe, presentado este jueves, acusa a la Justicia venezolana de “perpetuar” violaciones de los Derechos Humanos contra opositores al régimen, apunta también a que el sistema judicial venezolano “carece de independencia”.

“La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela confirma que los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones estatales, tal como viene denunciando Amnistía Internacional y gran parte de la sociedad civil venezolana e internacional”, aseverado Guevara en un comunicado.
Así, lamentó que Maduro haya utilizado el sistema judicial para “reprimir a las personas que opinen diferente a su Gobierno”, por lo que “resulta inverosímil que puedan proveer de justicia, verdad y reparación a las víctimas y sus familiares”.
“Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad que los mecanismos de justicia internacional, como la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI), respalden a las víctimas en Venezuela”, señaló.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó un duro reporte al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En sus conclusiones más sobresalientes, destaca que el Estado (el régimen de Nicolás Maduro) “no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones a los derechos humanos”.

“El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, indicó.
En su segundo informe, la misión detalló “cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde 2014”.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión, citada en un comunicado.
La misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar sobre las violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al régimen de Maduro.
(Con información de Europa Press)
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