El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario al empresario colombiano Álex Saab, considerado como el testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, y detenido en el país africano a petición de Estados Unidos, en lugar de mantenerlo en prisión preventiva.
Una fuente del equipo de defensa de Saab informó este miércoles a la agencia EFE que el Tribunal de la CEDEAO, con sede en Abuya (Nigeria), y del que es miembro Cabo Verde, falló a favor de que se termine con el actual régimen de encarcelamiento del empresario colombiano.
En una audiencia celebrada este lunes, la corte ordenó al Estado de Cabo Verde aliviar la medida tomada contra el supuesto testaferro, al estimar que la Justicia caboverdiana “actuó fuera de su jurisdicción” cuando lo detuvo el pasado 12 de junio para responder a una solicitud de extradición formulada por Estados Unidos.
“El Tribunal de Justicia de la CEDEAO reconoce así la condición de enviado especial de Álex Saab y la falta de competencia de Cabo Verde para detenerlo y juzgarlo”, manifestó a EFE la citada fuente en la ciudad de Praia, capital de este país insular de África occidental.
Según esta fuente, la orden tiene “efectos inmediatos”, aunque se desconoce la reacción de las autoridades caboverdianas al fallo de ese órgano judicial comunitario, a cuyos estatutos está obligado el país.
EFE intentó contactar, sin éxito, con el procurador general de la República, José Landim, para conocer la respuesta de Cabo Verde a la resolución judicial.
Es la primera vez, en casi veinte años de existencia del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, que Cabo Verde es procesado por violar los derechos humanos en su territorio, mientras los demás países de la Comunidad son con frecuencia demandados y condenados en esta corte.
Esta instancia judicial tiene competencia para resolver conflictos no sólo entre Estados, sino también entre ciudadanos y Estados, especialmente en lo que respecta a la violación de los derechos humanos.
Los abogados de Saab presentaron el pasado 5 de octubre una demanda ante el tribunal al considerar ilegal la detención de su cliente. La defensa ya solicitó a las autoridades caboverdianas el arresto domiciliario del empresario aludiendo como motivo su salud, que requiere ciertos cuidados y la atención de un médico.
El pasado mes, el Tribunal de la CEDEAO pidió a la Justicia de Cabo Verde que permita una atención médica externa al empresario colombiano.
Saab fue detenido este 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por blanqueo de dinero.
Cuando fue arrestado, el régimen de Maduro alegó que es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que estaba “en tránsito” en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela”.
La defensa presentó en noviembre dos recursos -uno desestimado y otro pendiente de resolución- para obtener la libertad del presunto testaferro. Esos recursos se interpusieron por excederse “el periodo máximo permitido para permanecer en prisión”, como alegó el equipo legal del empresario, detenido el 12 de junio y en prisión preventiva desde el día 14 de ese mes.
El ex juez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, afirmó entonces que “el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de ochenta días”.
El Gobierno caboverdiano y el Tribunal de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ).
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EE.UU., entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Con información de EFE
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