
El Supremo Tribunal Federal ordenó que el expresidente ingrese en prisión tras ser hallado culpable de conspirar para mantenerse en el poder después de perder las últimas elecciones.
El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el martes al expresidente Jair Bolsonaro comenzar a cumplir una condena de 27 años por haber dirigido un complot fallido para aferrarse al poder tras perder las últimas elecciones del país.
Después de que el máximo tribunal de la nación rechazara una apelación inicial de los abogados de Bolsonaro que impugnaba su condena, el tribunal dictaminó que deberá comenzar a cumplirla en un centro de la policía federal en Brasilia, la capital.
El fallo del tribunal culminó un esfuerzo de varios años por responsabilizar a Bolsonaro por su papel en un complot de gran alcance para anular los resultados de las elecciones de 2022 y permanecer en el poder después de su derrota en las urnas.
El caso se convirtió en una dura prueba para la joven democracia brasileña después de que el presidente Trump intentara ayudar a su aliado político al imponer aranceles y sanciones punitivas en un intento por presionar a Brasil para que abandonara el proceso. Pero las autoridades brasileñas no cedieron y Trump parece haber pasado página.
Bolsonaro ya está bajo custodia en las dependencias de la policía federal. Fue detenido el sábado después de decirles a los agentes que había aplicado un soldador al monitor de tobillo que rastreaba sus movimientos durante el arresto domiciliario, lo que despertó sospechas de que intentaba huir. Bolsonaro culpó a sus medicamentos de causarle "alucinaciones" y "paranoia" de que el dispositivo pudiera usarse para espiarlo.
Los abogados de Bolsonaro no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El equipo de defensa del expresidente había pedido al tribunal que le permitiera cumplir la pena en su domicilio debido a problemas de salud asociados a complicaciones de un apuñalamiento sufrido en 2018.
El tribunal rechazó la solicitud después de que Bolsonaro manipulara su monitor de tobillo. Ahora que Bolsonaro comienza a cumplir su condena, su defensa podría volver a intentarlo y presentar pruebas médicas que respalden su argumento.
En septiembre, el Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro y a siete de sus aliados por organizar una vasta conspiración para anular las elecciones de 2022 y asesinar al ganador, Luiz Inácio Lula da Silva, antes de que asumiera la presidencia.
Bolsonaro ha estado bajo arresto domiciliario desde agosto, vigilado de cerca por la policía porque el juez del Supremo Tribunal que supervisa el caso consideró que existía riesgo de fuga.
Los analistas prevén que Bolsonaro permanezca poco tiempo en prisión antes de que el Supremo Tribunal finalmente le permita cumplir el resto de la condena en su casa, aunque aún no está claro cuánto tiempo pasará tras las rejas.
El equipo de defensa de Bolsonaro ha alegado que su precaria salud --que incluye frecuentes ataques de hipo y vómitos-- "hace imposible su permanencia segura en un entorno carcelario", ya que necesita atención médica constante.
"Debe cumplir la condena que recibió", dijo Antonio Carlos de Almeida Castro, abogado brasileño veterano que ha defendido a políticos y magnates empresariales. "Pero dado que parece estar muy enfermo, podría tener derecho al arresto domiciliario".
No es la primera vez que un expresidente brasileño se enfrenta a la cárcel. Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, fue condenado en 2017 a más de una década de prisión por recibir sobornos de una constructora, aunque su condena fue posteriormente anulada y quedó en libertad tras cumplir 580 días de prisión.
A principios de este año, otro expresidente, Fernando Collor, quien gobernó el país entre 1990 y 1992, comenzó a cumplir una condena de casi nueve años por corrupción, aunque fue trasladado a arresto domiciliario tras poco más de una semana debido a su estado de salud.
La condena contra Bolsonaro se basó en abundantes pruebas de que él y su círculo cercano pasaron meses minando la confianza de los votantes en el sistema electoral de Brasil y que, después de perder por un estrecho margen frente a Lula, intentaron mantenerlo en el poder.
Los planes incluían disolver al Supremo Tribunal, anular el resultado de las elecciones y otorgar a los militares amplios poderes. Además de planear el asesinato de Lula, los fiscales afirmaron que la conspiración también contemplaba matar a un magistrado del Supremo Tribunal que había supervisado el caso de Bolsonaro.
Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que no tenía conocimiento de ningún plan de asesinato. Sostuvo que había buscado vías dentro de la Constitución brasileña para corregir lo que, según él, había sido una elección robada, aunque una revisión realizada por las Fuerzas Armadas no encontró pruebas de fraude electoral.
Tras la llegada de Lula a la presidencia, simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales en enero de 2023, un alboroto destructivo que evocó el ataque al Capitolio estadounidense dos años antes.
Incluso mientras estaba en prisión, los aliados de Bolsonaro siguieron confiando en un intento vacilante de sus aliados políticos de aprobar en el Congreso de Brasil un proyecto de ley que lo absolviera.
Sus partidarios afirman que el proceso contra Bolsonaro fue un intento de poner fin a su carrera política y mantenerlo fuera de las elecciones presidenciales del próximo año. A pesar de sus problemas legales, el expresidente aún es una figura de peso en la derecha política brasileña.
Aun así, Bolsonaro no puede ser candidato en las elecciones presidenciales del año que viene debido a un fallo separado emitido por otro tribunal. Y su condena y encarcelamiento por la trama golpista implica que quedará inhabilitado de forma permanente para ocupar cargos públicos, conforme a la Constitución brasileña.
Lis Moriconi colaboró con investigación.
Ana Ionova es una colaboradora del Times que vive en Río de Janeiro y cubre Brasil y países vecinos.
Lis Moriconi colaboró con investigación.
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