El memorando que aprueba los ataques a embarcaciones estaría basado en afirmaciones de Trump

Los dichos sobre un memorando secreto del Departamento de Justicia ofrecen un atisbo a cómo los abogados del gobierno aprobaron el curso de acción deseado por el presidente.

Un memorando secreto del Departamento de Justicia que califica de legales los ataques ordenados por el presidente Donald Trump a embarcaciones se basa en la idea de que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado de conflicto armado con los cárteles de la droga, una premisa que se deriva en gran medida de afirmaciones que la propia Casa Blanca ha presentado, según personas que lo han leído.

El memorando de la Oficina del Asesor Legal del Departamento, que se dice que tiene más de 40 páginas, dio el visto bueno a una campaña militar que ya ha matado a 80 personas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Decía que tales ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de traficar con drogas eran legales en virtud de los poderes de Trump en tiempos de guerra.

Al llegar a esa conclusión, el memorando contradice a una amplia gama de críticos, quienes han rechazado la idea de que exista conflicto armado alguno y han acusado a Trump de ordenar ilegalmente a los militares que cometan asesinatos.

El gobierno ha insistido en que Trump tiene autoridad para ordenar legalmente los ataques en virtud de las leyes de la guerra, pero ha proporcionado escasos detalles públicos sobre su análisis jurídico para respaldar esa conclusión. Los dichos sobre el memorando ofrecen una ventana a la forma en que los abogados del poder ejecutivo dieron el visto bueno al curso de acción deseado por Trump, e incluso parecen haber aceptado a pies juntillas la versión de la realidad de la Casa Blanca.

Se dice que el memorando, concluido a finales del verano, comienza con una larga descripción de las afirmaciones presentadas por la Casa Blanca, entre ellas que los cárteles de la droga intentan intencionadamente matar estadounidenses y desestabilizar el hemisferio occidental. Se presenta a los grupos no como empresas sin escrúpulos que intentan obtener ganancias del tráfico de drogas, sino como terroristas que venden narcóticos como medio de financiar la violencia.

Basándose en tales afirmaciones, el memorando afirma que Trump tiene autoridad legítima para determinar que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado formal de conflicto armado con los cárteles de la droga "narcoterroristas", según las personas que han leído el documento. El resto del razonamiento del memorando se basa en esa premisa.

Por ejemplo, dijeron las personas, el memorando afirma que los barcos que se cree que transportan narcóticos son objetivos militares legítimos porque su carga generaría ingresos que los cárteles podrían utilizar para comprar material militar con el que librar el supuesto conflicto armado.

Y una larga sección al final del memorando, dijeron, ofrece posibles defensas legales si un fiscal acusara a funcionarios del gobierno o a soldados de estar implicados en los asesinatos. Todo aquel que en la cadena de mando siga órdenes que cumplan las leyes de la guerra tiene inmunidad de campo de batalla, dice el memorando, porque se trata de un conflicto armado.

Las personas que describieron el memorando lo hicieron bajo condición de anonimato para hablar de un documento delicado. Al pedírsele un comentario, la Casa Blanca dijo en un comunicado que Trump dirigió los ataques en virtud de sus poderes constitucionales y que cumplían la ley de los conflictos armados.

Desde el 2 de septiembre, el ejército estadounidense ha atacado 20 embarcaciones, en el mar Caribe o en el océano Pacífico oriental, que, según el gobierno, traficaban con narcóticos. Al anunciar los ataques, el gobierno ha citado información de inteligencia, pero no ha presentado evidencias concretas.

El gobierno de Trump ha insistido en que sus ataques a las embarcaciones son legales. En septiembre, dijo al Congreso que Trump había "determinado" que Estados Unidos estaba en un conflicto armado no internacional, es decir, en una guerra contra un actor no estatal, como los cárteles de la droga, y que las personas a bordo de los barcos que estaba matando eran "combatientes".

Especialistas externos en las leyes que rigen la fuerza letal han criticado ampliamente ese argumento, y el gobierno no ha ofrecido ninguna explicación pública del análisis jurídico que respalda su afirmación. Las omisiones han incluido la forma en que salvó la brecha conceptual entre el tráfico de drogas y los delitos asociados, por graves que sean, y el tipo de ataques armados necesarios para crear un estado de guerra.

Sin embargo, el gobierno ha revelado que un memorando de la Oficina del Asesor Legal dio el visto bueno a la operación. Y aunque no ha hecho público el memorando, ha empezado a permitir que los miembros del Congreso y su personal lean copias, al tiempo que le ha facilitado a Elliot Gaiser, quien dirige la oficina, que responda a preguntas en algunas sesiones informativas.

Se dice que el memorando está enmarcado en torno a una cuestión planteada por la Casa Blanca: si acaso podría utilizarse una fuerza letal limitada para detener embarcaciones en aguas internacionales que no estén registradas a nombre de ningún país, con el fin de frenar el flujo de estupefacientes procedentes de los cárteles de la droga designados como grupos terroristas.

Al respaldar la determinación de Trump de que existe un conflicto armado, el memorando aceptó acríticamente las afirmaciones de la Casa Blanca, según las personas que lo han leído.

Por ejemplo, dijeron, el memorando cita la afirmación de la Casa Blanca de que los cárteles son responsables de la muerte de decenas de miles de estadounidenses al año. Pero no aborda el hecho de que el aumento de las sobredosis en la última década fue causado por el fentanilo, que procede de laboratorios en México controlados por los cárteles mexicanos, y no por la cocaína sudamericana.

El memorando cita también la violencia de los cárteles de la droga contra las fuerzas de seguridad de otros gobiernos de la región, como los de Colombia y México, y afirma que Estados Unidos puede atacar a los cárteles como cuestión de autodefensa colectiva, dijeron las personas que han visto el memorando. Pero no aborda si algún gobierno extranjero ha pedido a Estados Unidos que lo defienda mediante ataques militares contra barcos en el mar Caribe o en el este del océano Pacífico.

Colombia lucha contra un grupo rebelde marxista conocido como Ejército de Liberación Nacional, o ELN, que trafica con drogas para financiar sus compras de armas, pero que tradicionalmente no se considera un cártel de la droga. Uno de los 19 ataques realizados hasta la fecha, anunciado el 19 de octubre, iba dirigido contra una embarcación que, según el gobierno de Trump, transportaba un cargamento vinculado al ELN. Pero el presidente de Colombia ha exigido que Estados Unidos deje de atacar barcos y ha calificado los ataques de asesinatos.

Se dice que el memorando considera significativo el hecho de que el gobierno estadounidense haya designado a una serie de cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras. El propio gobierno de Trump lo hizo hace unos meses por indicación de Trump.

Aplicar esa etiqueta a los cárteles de la droga y a las bandas criminales ordinarias fue algo inédito y discutido, ya que los terroristas son grupos violentos con motivaciones ideológicas o religiosas, como Al Qaeda. Según ese criterio, el ELN, que fue designado grupo terrorista en 1997, cumple los requisitos, pero los grupos que tradicionalmente se consideran cárteles de la droga no.

El hecho de que el memorando enmarque los ataques a los barcos como un esfuerzo específico para destruir los cargamentos tiene un énfasis diferente de los mensajes que el gobierno ha utilizado para justificar los ataques.

Los ataques han sido ampliamente condenados como asesinatos o crímenes de guerra, porque incluso los sospechosos de delitos se consideran civiles, y un ejército no puede atacarlos deliberadamente si no suponen una amenaza inmediata. Tradicionalmente, Estados Unidos se ha enfrentado al contrabando marítimo de drogas interceptando embarcaciones y deteniendo a las personas que iban a bordo si un registro revelaba un cargamento ilícito.

En respuesta a estas críticas, Trump y miembros de su gobierno, como el secretario de Defensa Pete Hegseth, han declarado que las personas que tripulan las embarcaciones son "narcoterroristas" y el gobierno de Trump los ha calificado de "combatientes".

Sin embargo, se dice que el memorando se enfoca más bien en los supuestos cargamentos de narcóticos a bordo, y los presenta como los objetivos específicos de los ataques a partir de la teoría de que su venta generaría ingresos que los cárteles utilizarían para financiar sus supuestos esfuerzos bélicos.

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en las leyes de la guerra, quien se ha mostrado crítico con la operación del gobierno de Trump, dijo que existía cierta práctica histórica de citar el derecho internacional para justificar ataques contra cosas que un enemigo utiliza para financiar sus actividades bélicas de combate. Señaló los ataques contra instalaciones petrolíferas gestionadas por el Estado Islámico en Irak y Siria y contra operaciones de narcotráfico vinculadas a los talibanes en Afganistán.

Pero criticó la propuesta de que hubiera un conflicto armado real con los cárteles para empezar. En cualquier caso, añadió, se mostró escéptico ante la posibilidad de que los cargamentos de droga que concretamente fueron atacados pudieran cumplir las normas del derecho internacional para ser objetivos militares legítimos, y argumentó que su conexión con cualquier actividad militar específica parecía tenue.

"Sería difícil establecer que la carga de estos buques era un objetivo militar según el derecho de la guerra, porque no existe una conexión evidente entre un cargamento de drogas y la acción militar de estos supuestos grupos", dijo. "En cambio, ISIS estaba pagando a combatientes reales en un conflicto armado real con el producto de sus ventas de petróleo".

Otra parte del memorando, dijeron las personas, aborda la falta de autorización del Congreso para la operación.

El memorando, dijeron, afirma que Trump tiene autoridad constitucional, como comandante en jefe, para ordenar ataques por su cuenta porque ha determinado que serían de interés nacional y porque su naturaleza, alcance y duración previstos no llegarían a ser una "guerra" en el sentido constitucional.

A pesar de concluir que hay un conflicto armado en curso, el memorando también afirma que la operación no está cubierta por la Resolución sobre Poderes de Guerra, una ley de 1973 que exige a los presidentes poner fin al despliegue de soldados en "hostilidades" al cabo de 60 días si el Congreso no lo ha autorizado. Esta parte de su razonamiento, de la que se ha informado anteriormente, gira en torno a la idea de que los ataques aéreos que no ponen en peligro al personal estadounidense no deben interpretarse como "hostilidades".

Se dice que la sección final, en la que se discuten los argumentos que podrían plantearse en caso de futuros procesamientos, es larga y aborda, entre otras cosas, la idea de que el personal estadounidense tiene inmunidad por matar a combatientes enemigos en un conflicto armado.

El memorando cita la necesidad de proteger a la sociedad de los peligrosos cárteles narcoterroristas y compara al personal militar que participa en los ataques con agentes de policía que infringen los límites de velocidad cuando persiguen a un sospechoso que supone una amenaza para la seguridad pública. No se considera que esos agentes hayan cometido un delito.

Cada vez hay más indicios de que la campaña puede intensificarse hasta llegar a los ataques terrestres. Algunos miembros del gobierno de Trump han presionado para quitar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que han calificado de líder de un cártel narcoterrorista.

El Pentágono ha trasladado a la región grandes cantidades de potencia de fuego naval, más apropiada para grandes ataques terrestres que para golpear pequeñas embarcaciones, y Trump ha sopesado en público la posibilidad de ampliarla a ataques terrestres.

Sin embargo, si lo hace, es posible que la Oficina del Asesor Legal tenga que elaborar otro memorando. El actual no menciona a Venezuela ni los ataques terrestres, dijeron.

Charlie Savage escribe sobre la seguridad nacional y las políticas legales para el Times.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.