Ecuador rechaza procesar a un sobreviviente del ataque de EE. UU. a una embarcación

Las autoridades ecuatorianas liberaron al hombre, que sobrevivió el ataque a una nave sumergible la semana pasada. La medida desafía la afirmación del presidente Trump de que sería retenido y procesado.

Fscales de Ecuador han decidido no presentar cargos contra un hombre que sobrevivió a un ataque militar estadounidense en el mar Caribe la semana pasada y ya lo han puesto en libertad, según un funcionario ecuatoriano que habló bajo condición de anonimato para tratar el delicado asunto.

El resultado se produjo a pesar de la postura del gobierno de Donald Trump, que asegura que las personas sospechosas de contrabandear drogas desde Sudamérica son "terroristas" y suponen un peligro tan grave para Estados Unidos que es lícito que el ejército estadounidense las mate sumariamente como si fueran soldados en una guerra. Al anunciar la repatriación del hombre, Trump dijo el sábado que enfrentaría a "detención y procesamiento".

El hombre es uno de los dos sobrevivientes de un ataque militar estadounidense contra una embarcación semisumergible el jueves. El ataque mató a dos personas, según dijo Trump más tarde, pero la Marina rescató después a otros dos hombres del mar y los retuvo a bordo de un buque de guerra mientras decidía qué hacer con ellos.

El gobierno estadounidense optó por repatriarlos a sus países de origen, uno a Colombia y otro a Ecuador, en lugar de traerlos a Estados Unidos para procesarlos o mantenerlos detenidos durante más tiempo en la prisión militar de Guantánamo, Cuba.

Tras la repatriación del sobreviviente ecuatoriano, dos fiscales que se reunieron con él decidieron ponerlo en libertad porque no había cometido ningún delito en suelo de Ecuador, según el funcionario que dijo que había sido liberado.

El hombre ecuatoriano, al que The Associated Press identificó como Andrés Fernando Tufiño, también había recibido evaluaciones médicas y se encontraba en buen estado de salud, dijo el funcionario. La AP también mencionó una declaración de la fiscalía general que confirmaba la versión del funcionario.

En cambio, el otro sobreviviente ha sido hospitalizado en Colombia con traumatismo cerebral y está conectado a un respirador artificial, dijo Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, en una publicación en las redes sociales el sábado por la noche en la que lo identificaba como Jeison Obando Pérez, de 34 años. Cuando vuelva en sí, dijo Benedetti, será "procesado por la justicia por tráfico de drogas".

La política de Trump de emplear al ejército para matar a presuntos narcotraficantes en buques en el Caribe comenzó con un ataque el 2 de septiembre, enmarcado como una campaña contra los cárteles de la droga venezolanos. Hasta el martes, el gobierno había anunciado siete ataques de este tipo en los que, según dijo, habían muerto 32 personas. También ha reforzado las fuerzas militares en el Caribe y ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela.

La legalidad de los ataques estadounidenses ha sido muy cuestionada. Una serie de especialistas jurídicos externos, entre los que se encuentran oficiales superiores retirados, han sostenido que los ataques son ilegales porque el ejército no puede atacar deliberadamente a civiles --ni siquiera a presuntos delincuentes-- que no participen directamente en hostilidades.

Tradicionalmente, Estados Unidos ha tratado las sospechas de contrabando marítimo como un problema de aplicación de la ley, recurriendo a la Guardia Costera --a veces asistida por la Marina-- para interceptar las embarcaciones. Esto responde a un patrón conocido: los agentes de policía detienen a las personas de las que sospechan que trafican con drogas; en cambio, sería un delito que un agente matara sumariamente a ese sospechoso.

Sin embargo, Trump y su gobierno mantienen que disponen de poder legítimo para ordenar al ejército que mate a sospechosos de tráfico de drogas en el océano porque suponen una "amenaza inminente" y el presidente ha determinado que el país se encuentra en un conflicto armado formal con los cárteles, que su equipo ha designado como grupos terroristas.

El gobierno de Trump no ha aportado una teoría jurídica detallada para explicar cómo salva la distancia conceptual entre las actividades delictivas del contrabando de drogas y el tipo de ataques armados u hostilidades asociadas a la ley de autodefensa y conflicto armado.

Los expertos legales cuestionan la designación de los cárteles de la droga como terroristas, puesto que los cárteles están motivados por las ganancias y los terroristas por la ideología. En cualquier caso, la ley que faculta al poder ejecutivo realizar tales designaciones permite tácticas como congelar las cuentas bancarias de un grupo, pero no incluye autorización legal para atacar a sus presuntos miembros con fuerza militar.

Al hablar de los ataques, el gobierno de Estados Unidos ha señalado la muerte de unos 100.000 estadounidenses al año por sobredosis de drogas. Pero el aumento de esas muertes ha sido causado por el fentanilo, que procede casi en su totalidad de México; Sudamérica es, en cambio, fuente de cocaína.

El lunes, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, representante por Washington, solicitó una audiencia para examinar la política.

El gobierno "no ha demostrado la legalidad de estos ataques, ni ha proporcionado transparencia sobre el proceso utilizado, ni siquiera una lista de los cárteles que han sido designados organizaciones terroristas", dijo Smith. "Tampoco hemos visto aún ninguna prueba que respalde las determinaciones unilaterales del presidente de que estos barcos o sus actividades suponían amenazas inminentes para los Estados Unidos de América que justificaran la fuerza militar en lugar de la interdicción dirigida por las fuerzas del orden".

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, José María León Cabrera desde Quito y Eric Schmitt desde Washington.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política jurídica para el Times.

Genevieve Glatsky colaboró con reportería desde Bogotá, José María León Cabrera desde Quito y Eric Schmitt desde Washington.