Una fuga masiva de reclusos desata crisis de seguridad en Guatemala

Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, dijeron las autoridades. Sucedieron poco después de que las autoridades de EE. UU. designaran a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera.

En un descarado plan que podría haber implicado fugas durante las visitas a la prisión, 20 reclusos acusados de pertenecer a una de las principales pandillas se han escapado de una prisión guatemalteca lo que, según las autoridades, ha desencadenado una amplia persecución.

Las fugas se produjeron durante un periodo de tiempo, pero solo se anunciaron el domingo, dijeron las autoridades. Se produjeron poco después de que funcionarios estadounidenses designaran a la pandilla Barrio 18, como organización terrorista extranjera, incluyéndola en la misma lista que los cárteles más conocidos de la región.

La fuga de la prisión ha generado persecuciones y operaciones en las que han participado 45.000 agentes de policía en todo el país. También ha creado una crisis para el gobierno, con el despido de varios funcionarios de prisiones y un intenso escrutinio sobre los miembros del gabinete del presidente, aunque la corrupción ha afectado a Guatemala desde hace mucho tiempo.

Tanto miembros del partido del presidente Bernardo Arévalo como legisladores de la oposición han pedido una investigación.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó las fugas como algo de "totalmente inaceptable" y el domingo dijo en un comunicado que el gobierno "debe actuar de manera inmediata y enérgica para recapturar a estos terroristas, quienes representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense".

Las autoridades guatemaltecas dijeron que estaban coordinándose con la Interpol y las autoridades de los países vecinos, "especialmente las de México", para localizar a los fugitivos, dijo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en una conferencia de prensa celebrada el lunes.

Entre los fugitivos se encontraban cabecillas de alto rango de las pandillas, dijo el gobierno guatemalteco. Solo uno ha sido recapturado por el momento.

"No voy a evadir la realidad ni pretendo. Lo que ocurrió en Fraijanes II es una falla gravísima del sistema penitenciario. No hay explicación que valga", dijo Jiménez.

Los presos se fugaron de la prisión de Fraijanes II, un centro de máxima seguridad ubicado a las afueras de Ciudad de Guatemala destinado a los miembros de pandillas. El momento exacto en que lo hicieron sigue sin estar claro, dijo el director del sistema penitenciario del país, Luis Alfonso Godínez, en una conferencia de prensa celebrada el domingo.

Durante unos dos meses había habido "rumores" de fugas, dijo, y añadió que era probable que los reclusos se hubieran escapado gradualmente --"de uno a uno o de dos en dos"-- y que algunos podrían haberlo hecho durante las visitas a la prisión.

En el pasado, los líderes han hecho que miembros de rango inferior de la pandilla ocuparan su lugar en prisión, pero los funcionarios dijeron que no parecía que en esta ocasión se hubieran producido esos intercambios.

Los protocolos de seguridad de Fraijanes II eran "débiles", dijo Godínez. El centro penitenciario no disponía de tecnología que ayudara con el recuento de presos o para "confirmar que las personas que están privadas de libertad son las mismas que aparecen en sus registros", dijo. También mencionó la posibilidad de que los empleados de la prisión hubieran sido sobornados por la pandilla.

Hasta la fecha, el único prófugo que ha sido recapturado fue identificado como Byron Fajardo Revolorio, a quien se conoce como Black Demon. Cumple una condena de 180 años.

Godínez dijo el domingo que, en respuesta a las fugas, se utilizaría el reconocimiento facial y otras tecnologías para vigilar a la población reclusa.

Al día siguiente, Jiménez, ministro de Gobernación, anunció que Godínez había sido destituido de su cargo, aunque dijo que no se sospechaba que colaborara con Barrio 18. Dijo que también se había destituido a los directores de otras prisiones por presuntos vínculos con la pandilla.

Jiménez también afirmó que todos los directores de prisiones tendrían que someterse a la prueba del polígrafo. Citando la corrupción en el sistema penitenciario, pidió ayuda a la embajada estadounidense.

A menudo, Barrio 18 ha sido comparada con la violenta pandilla callejera salvadoreña MS-13, y estuvo activa durante mucho tiempo en el vecino El Salvador. Allí, miles de miembros de Barrio 18 y de la MS-13 están recluidos en el mismo centro de máxima seguridad que el presidente de El Salvador exhibe a menudo en internet.

Jiménez ha dicho que había unos 12.000 pandilleros y colaboradores en Guatemala, y unos 3000 están tras las rejas.

La crisis coincidió con el traslado el mes pasado del que se cree que es el máximo dirigente del Barrio 18 de Guatemala, Aldo Dupie Ochoa, a quien se conoce como El Lobo, de Fraijanes II a otra prisión. El traslado provocó disturbios en las prisiones de todo el país, y los miembros de la pandilla pidieron su regreso a Fraijanes II. Finalmente, un juez ordenó el regreso del líder de la pandilla.

En toda América Latina, los líderes de las pandillas suelen dirigir sus organizaciones delictivas desde los centros penitenciarios, a menudo con la ayuda de celulares y otros artículos de contrabando. Para eso, se apoyan en la corrupción generalizada entre los empleados de prisiones y los funcionarios gubernamentales.

Tras revelarse esta semana las fugas de Fraijanes II, el ministro de Gobernación describió la colaboración entre las autoridades guatemaltecas y el gobierno de Donald Trump para revisar el sistema penitenciario, incluida la construcción de un nuevo centro para los miembros de las pandillas.

"Ya tenemos avanzadas las pláticas con la Embajada para que se solicite al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos el diseño y la construcción de un centro carcelario de máxima seguridad", dijo Jiménez.

Dijo que el gobierno también contaba con el apoyo de Estados Unidos para recopilar datos biométricos en las prisiones y coordinar la formación de los funcionarios de prisiones.

Desde que Trump asumió la presidencia, el gobierno estadounidense ha designado a alrededor de una decena de grupos del crimen organizado como organizaciones terroristas, lo que abre el camino a una acción más agresiva contra ellos.

Annie Correal informa desde Estados Unidos y América Latina para el Times.