
La exempleada y amiga de Jeffrey Epstein argumentó que un acuerdo secreto entre unos fiscales y el multimillonario financiero invalidaba su condena.
La Corte Suprema se negó el lunes a escuchar una apelación de la condena penal de Ghislaine Maxwell, la antigua socia de Jeffrey Epstein.
La acción del tribunal pone fin al intento de Maxwell de anular su condena, lo que significa que su única oportunidad de una pronta salida de prisión probablemente sea la clemencia del presidente Donald Trump, con quien solía socializar en las fiestas de Florida y Nueva York.
Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años de prisión tras ser condenada en 2021 por cargos federales relacionados con facilitar los crímenes de Epstein, quien murió en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.
Los fiscales federales se han opuesto a su liberación. Los magistrados consideraron su apelación en lo que llaman su conferencia larga, una reunión antes del inicio del nuevo mandato judicial en la que discuten qué nuevos casos podrían añadir a su lista de casos pendientes.
Aunque los crímenes en cuestión ocurrieron hace años y Epstein murió en la cárcel, el caso ha seguido fascinando al público y atormentando a Trump. Su amistad de casi 15 años ha sido objeto de un nuevo escrutinio en los últimos meses, después de que el gobierno de Trump se negara a publicar los archivos completos del FBI de la investigación por tráfico sexual sobre Epstein y Maxwell, su exnovia.
Maxwell presentó una petición a la Corte Suprema en abril, en la que pedía a los jueces que anularan su condena. Argumentó que su procesamiento penal estaba prohibido por un acuerdo ahora infame entre Epstein y fiscales de Florida.
En el escrito, Maxwell explicó que, tras negociar con los fiscales federales, Epstein se declaró culpable de cargos penales estatales en Florida en junio de 2008. Como parte del acuerdo, los fiscales federales acordaron no presentar más cargos penales contra él relacionados con la investigación sobre tráfico sexual.
Un aspecto crítico es que también acordaron no acusar a sus cómplices.
Maxwell argumentó que los cargos presentados en su contra en 2020 violaban ese acuerdo. El gobierno ha argumentado que no se violó el acuerdo, ya que fue negociado por fiscales de Florida, y Maxwell fue acusada en Nueva York.
En sus alegatos ante el tribunal, Maxwell alegó que una persona acusada de un delito "debería poder confiar en la promesa de que Estados Unidos no la procesará de nuevo, sin estar sujeta a un ¡te atrapamos!" en otra parte del país donde los fiscales decidan "interpretar esa promesa en lenguaje llano de otra manera".
Argumentó que el acuerdo de los fiscales de no procesar a los cómplices de Epstein no contenía "ninguna limitación geográfica". En su escrito al tribunal, dijo que la "regla por defecto" debería ser "una promesa hecha en nombre de Estados Unidos obliga a todo Estados Unidos a menos que lo diga afirmativamente".
En julio de 2019, Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual presentados por fiscales de Nueva York, quienes alegaron que no estaban obligados por un acuerdo de no procesamiento en Miami.
Aproximadamente un mes después, Epstein fue encontrado muerto en una celda de la cárcel de Nueva York de un aparente suicidio.
El verano siguiente, los fiscales presentaron cargos contra Maxwell, y la acusaron de ayudar a reclutar a las chicas de las que Epstein abusaba y de participar ella misma en los abusos. Un juez federal dictaminó que Maxwell se había beneficiado del acuerdo de Epstein con los fiscales, pero que no era inmune a la acusación.
Un jurado de Nueva York la declaró culpable y, en junio de 2022, un juez federal la condenó a 20 años de prisión, al afirmar que había desempeñado un papel central en el complot de abusos sexuales.
Los abogados del gobierno de Trump instaron a los magistrados a no escuchar la apelación de Maxwell, con el alegato de que el acuerdo de no enjuiciamiento no se extendía a todos los fiscales federales del país.
En una respuesta a la petición de Maxwell, el procurador general D. John Sauer calificó de "incorrectas" sus afirmaciones de que el acuerdo la protegía de ser procesada y argumentó que no había logrado "demostrar que tendría éxito en cualquier tribunal de apelaciones".
Apenas unos días después de que Sauer pidiera a los jueces que rechazaran su apelación, altos funcionarios del Departamento de Justicia se pusieron en contacto con los abogados de Maxwell para preguntarles si podían entrevistarla. La solicitud formaba parte de los frenéticos esfuerzos del gobierno por limitar los daños causados por el anuncio de la fiscala general Pam Bondi de que no divulgaría más documentos internos relacionados con la investigación del Departamento de Justicia.
Maxwell accedió a la entrevista. Aproximadamente una semana después de que hablara con un funcionario del Departamento de Justicia, fue trasladada a un campo penitenciario de mínima seguridad en Texas desde una prisión federal en Florida.
Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.
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