
El fallo fue una sorprendente reprimenda tanto al Departamento de Justicia como a algunos de sus funcionarios de alto rango, incluido Todd Blanche, fiscal general adjunto.
Un juez federal de Nashville dictaminó el viernes que existía una "probabilidad realista" de que la imputación presentada contra Kilmar Armando Abrego Garcia, el migrante que fue expulsado injustamente a El Salvador en marzo y luego devuelto para enfrentarse a cargos penales, constituyera una acción penal vengativa por parte del Departamento de Justicia.
La sentencia fue una sorprendente reprimenda tanto al Departamento como a algunos de sus funcionarios de alto rango, entre ellos Todd Blanche, fiscal general adjunto. Blanche fue mencionado por nombre en la sentencia por los comentarios que hizo sobre el caso de Abrego Garcia el mismo día de junio en que este fue devuelto a suelo estadounidense para enfrentarse a los cargos en el Tribunal Federal de Distrito de Nashville.
En una decisión de 16 páginas, el juez Waverly Crenshaw Jr. dijo que había evidencias de que el procesamiento de Abrego Garcia "puede deberse a represalias" del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional. Crenshaw consideró que los funcionarios del gobierno de Donald Trump podrían haber intentado castigar a Abrego Garcia por haber presentado con éxito una demanda impugnando su "deportación ilegal" inicial a El Salvador.
Además, Crenshaw indicó que se tomaba en serio llegar al fondo de la cuestión de la venganza. Dijo que tenía intención de permitir que los abogados de Abrego Garcia indagaran, al menos en parte, en el proceso del gobierno de Trump para decidir presentar una imputación en primer lugar y cómo se relacionaban los cargos con el caso de deportación.
Las peticiones de acción penal vengativa son extremadamente difíciles de ganar debido al elevado umbral necesario para demostrar que los fiscales actuaron indebidamente al presentar cargos penales. Según la ley, los casos pueden considerarse vengativos solo si los acusados pueden demostrar que los fiscales mostraron animadversión hacia ellos mientras intentaban reivindicar sus derechos ante los tribunales, y que los cargos no se habrían presentado de no ser por la existencia de esa animadversión.
Aunque Crenshaw aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la cuestión de la venganza, el hecho de que siquiera esté considerando hacerlo en el caso de Abrego Garcia es un golpe enormemente vergonzoso para el gobierno de Trump. Desde el momento en que los funcionarios de Trump reconocieron que habían expulsado por error a Abrego Garcia a El Salvador, el presidente Trump y sus principales ayudantes iniciaron un incesante aluvión de ataques contra él, calificándolo de miembro violento de la banda callejera MS-13, de maltratador de mujeres e incluso de terrorista, culpándolo en la práctica de ser víctima de su propio error administrativo.
La sentencia del juez puso de relieve la forma en que la costumbre de muchos funcionarios de Trump de hablar fuera de los tribunales sobre casos judiciales se ha vuelto --o podría volverse-- en su contra.
Cuando los abogados de Abrego Garcia presentaron su petición en agosto, señalaron que el gobierno había expulsado a su cliente de Estados Unidos incumpliendo una orden judicial de 2019 que prohibía expresamente su envío a El Salvador. Añadieron que, en lugar de tomar el camino tradicional y devolverlo rápidamente a suelo estadounidense, la Casa Blanca "inició una campaña pública para castigarlo" "por atrever a defenderse, que culminó en la investigación penal" que condujo a su imputación.
En esa acusación se acusaba a Abrego Garcia, a quien el gobierno intenta ahora deportar de nuevo, de haber participado en una conspiración de años de duración para introducir clandestinamente a migrantes indocumentados en Estados Unidos. El núcleo del caso fue una parada de tráfico en 2022, durante la cual se le pidió que detuviera su vehículo y se descubrió que transportaba a varios hombres hispanos, algunos de los cuales se encontraban ilegalmente en el país.
Aunque los agentes federales se enteraron de la detención en ese momento, decidieron no hacer nada al respecto y Abrego Garcia fue puesto en libertad sin cargos.
Crenshaw hizo hincapié en este hecho en su sentencia, señalando que el Departamento de Justicia no intentó presentar cargos contra Abrego Garcia hasta 903 días después de la detención inicial. El único acontecimiento importante que se había producido durante ese tiempo, señaló, era que Abrego Garcia se había quejado de su deportación injusta en una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito de Maryland y había conseguido convencer a tres tribunales --incluida la Corte Suprema-- de que debía ser liberado de la custodia salvadoreña.
El juez señaló también que uno de los principales fiscales de la fiscalía de Nashville, Ben Schrader, había dimitido el mismo día en que se regresó la imputación de Abrego Garcia. Además, sugirió que los funcionarios del gobierno podrían haber presionado al jefe de Schrader, Robert McGuire, el fiscal en funciones de Nashville que obtuvo la imputación, para que acusara a Abrego Garcia en primer lugar.
"El momento de la imputación de Abrego Garcia sugiere una probabilidad realista de que funcionarios de alto rango del DOJ y del DHS hayan inducido (aunque sin saberlo) al fiscal en funciones McGuire a imputar penalmente a Abrego Garcia como represalia por su demanda en Maryland", escribió el juez Crenshaw, haciendo referencia por su sigla en inglés al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, respectivamente.
El juez también tuvo palabras duras para Blanche, el funcionario número 2 del Departamento de Justicia, quien en su día fue abogado defensor privado de Trump. El día en que Abrego Garcia fue devuelto a Estados Unidos para ser imputado, Blanche acudió a Fox News y declaró que el gobierno había empezado a "investigar" el caso solo después de que una jueza de Maryland hubiera "cuestionado" la decisión del gobierno de deportar a Abrego Garcia y concluido que "no tenía derecho".
"Las notables declaraciones del fiscal general adjunto Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones de los cargos penales de Abrego Garcia proceden de su ejercicio de sus derechos constitucionales y estatutarios a interponer una demanda contra los funcionarios del ejecutivo demandados", escribió Crenshaw, "más que de un auténtico deseo de procesarlo por una supuesta conducta delictiva".
Es posible que los abogados de Abrego Garcia puedan determinar con mayor certeza si eso es lo que ha ocurrido, cuando empiecen a hacer preguntas y a exigir documentos al gobierno como parte del proceso de presentación de evidencias que el juez Crenshaw tiene intención de poner en marcha.
Alan Feuer cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump.
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