Una jueza dictamina que Trump incumplió la ley al destituir a los miembros de la Junta de Supervisión de Puerto Rico

La jueza María Antongiorgi-Jordán, del Tribunal Federal de Distrito de San Juan, consideró que la Casa Blanca incumplió una ley de 2016 por la que se creó la junta de siete miembros.

El viernes, una jueza federal dictaminó que el presidente Donald Trump había violado el derecho al debido proceso de tres miembros de la junta que supervisa las finanzas de Puerto Rico cuando los destituyó sin motivo.

La jueza María Antongiorgi-Jordán, del Tribunal Federal de Distrito de San Juan, consideró que la Casa Blanca incumplió una ley de 2016 por la que se creó la junta de siete miembros.

Al conceder el mandato judicial, devolvió a las tres personas a sus puestos, al considerar que no tenía que ordenar formalmente su reincorporación porque no habían sido debidamente destituidos. Trump destituyó a cinco de los siete miembros de la junta a principios de agosto, después de que la agitadora de derecha Laura Loomer criticara los gastos de la junta.

Trump mantiene desde hace tiempo una relación conflictiva con Puerto Rico. Tras el huracán María en 2017, su gobierno retrasó la ayuda crítica a la isla y ha reflexionado públicamente sobre la posibilidad de venderla.

Los miembros de la junta que demandaron --Andrew G. Biggs, Arthur J. González y Betty A. Rosa-- fueron destituidos cada uno con un breve correo electrónico que no especificaba ninguna causa. Al final, la Casa Blanca expuso varios motivos en una carta del 26 de septiembre, casi dos meses después de la purga y tres días antes de que la jueza realizara la primera audiencia del caso.

La carta decía en parte que los miembros habían sido destituidos por su "ineficiencia, ineficacia, negligencia e incapacidad para impulsar la misión estatutaria de la Junta de Supervisión".

Antongiorgi-Jordán escribió en su fallo que la carta era una evidencia de que la Casa Blanca sabía que estaba obligada a ofrecer razones antes de destituir a los miembros de la Junta.

La jueza desestimó los argumentos de los abogados que representaban a Trump y a la Casa Blanca, quienes, según dijo, sugerían que el presidente podía destituir a los miembros por cualquier motivo, sin tener que revelarlo ni dar la oportunidad de impugnarlo.

"Cuando el presidente hace caso omiso de la ley", escribió Antongiorgi-Jordán, "los cimientos mismos de nuestra democracia empiezan a resquebrajarse".

La jueza no se pronunció sobre si la causa presentada tardíamente por la Casa Blanca era motivo para la destitución de los miembros.

El Congreso aprobó la ley PROMESA en 2016, durante el gobierno de Obama, para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico, en bancarrota. Establecía normas para nombrar y destituir a los miembros de una nueva Junta de Supervisión y Administración Financiera, e incluso preveía causas para su destitución.

La ley considera a los miembros de la junta funcionarios del gobierno territorial de Puerto Rico, no del gobierno federal.

Pero la isla ha tenido dificultades para reestructurar más de 9000 millones de dólares de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, conocida como AEE. En un artículo de opinión publicado en The New York Times la semana pasada, Biggs y David A. Skeel Jr., ex presidente de la junta de supervisión, argumentaron que el gobierno de Trump podría haber purgado la junta para llenarla de nuevos miembros más favorables a los tenedores de bonos.

Cinco de los miembros de la junta fueron destituidos a principios de agosto, entre ellos González, un juez de bancarrotas retirado, y Rosa, la comisaria de educación del estado de Nueva York. Biggs, experto en pensiones gubernamentales y otras prestaciones del sector público, fue destituido un par de semanas después, el 13 de agosto.

Andrew Warren, abogado de los miembros de la junta, calificó la sentencia de "importante victoria del Estado de derecho".

Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que cubre Florida y Puerto Rico.