La Corte Suprema permite que Trump proceda a deportar a más venezolanos

Durante meses, el gobierno de Trump ha intentado poner fin a las garantías de 300.000 migrantes venezolanos.

La Corte Suprema despejó el viernes el camino para que el gobierno de Donald Trump retire la protección a más de 300.000 migrantes venezolanos que vivían en Estados Unidos sin riesgo de ser deportados.

Fue la segunda vez en cuatro meses que los jueces accedían a permitir la deportación de migrantes.

En una versión anterior del caso, en mayo, los jueces acordaron bloquear temporalmente la orden de un juez de mantener las protecciones. Dicha orden no estaba firmada ni brindaba los motivos. En ese momento, la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única en expresar su desacuerdo.

El caso volvió entonces al juez Edward M. Chen, del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, quien falló por segunda vez el mes pasado a favor de las personas migrantes tras examinar una nueva demanda y recibir pruebas adicionales. Chen dijo que no estaba sujeto a la orden de la Corte Suprema de mayo y señaló que la orden "no proporcionaba ningún análisis específico".

En su breve auto, no firmado, la mayoría conservadora de la Corte Suprema dijo que "aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos jurídicos y los daños relativos en general no lo han hecho". Por ese motivo, dijo la corte, "el mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado aquí".

Los tres jueces liberales expresaron su desacuerdo en esta oportunidad. La jueza Ketanji Brown Jackson criticó duramente a sus colegas por el "grave abuso" del procedimiento de urgencia.

La mayoría, escribió, ha utilizado su poder "para permitir a este gobierno trastornar tantas vidas como sea posible, tan rápidamente como sea posible".

Jackson acusó a la mayoría de "privilegiar erróneamente la descarada afirmación de un poder ejecutivo ilimitado por encima de las súplicas de innumerables familias por la estabilidad que nuestro gobierno les ha prometido".

Aunque la sentencia del viernes vuelve a ser temporal, significa que cientos de miles de migrantes venezolanos corren el riesgo de ser deportados inmediatamente mientras continúa el litigio. Tras la orden inicial de la Corte Suprema, dijeron los abogados de los migrantes, "muchos miles de familias quedaron destrozadas" y que personas venezolanas que habían sido protegidas perdieron sus empleos, fueron encarceladas y "deportadas a un país que sigue siendo extremadamente inseguro".

El presidente Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés) como parte de sus agresivos esfuerzos de deportación masiva.

Al pedir a la Corte Suprema que detuviera la última orden de Chen, el procurador general D. John Sauer dijo que las acciones del juez eran otro ejemplo del "fenómeno cada vez más familiar e insostenible de tribunales inferiores que desoyen las órdenes de este tribunal en el procedimiento de urgencia".

Mientras esté en vigor la orden de Chen, dijeron al tribunal los abogados del Departamento de Justicia, el gobierno de Trump "debe permitir que más de 300.000 ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su razonada determinación de que hacerlo, aunque sea temporalmente, es 'contrario al interés nacional'".

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush como parte de la Ley de Inmigración de 1990, permite a los inmigrantes de países que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El caso comenzó en febrero, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó poner fin a una prórroga de 18 meses de las protecciones para determinados migrantes venezolanos, una prórroga que había concedido el gobierno de Joe Biden.

Los migrantes afectados por el cambio impugnaron la medida, alegando que Noem se había extralimitado en sus funciones y había infringido los procedimientos administrativos a fin de acabar con el programa. Según los abogados de los migrantes, dirigidos por Ahilan T. Arulanantham, del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, el Departamento de Seguridad Nacional no examinó, por ejemplo, las condiciones existentes en Venezuela antes de decidir poner fin al programa.

Calificaron la demanda del gobierno contra el juez del tribunal inferior de "acusación infundada y peligrosa" que no ignoraba la orden anterior de la Corte Suprema. En términos más generales, dijeron, los jueces habían ordenado repetidamente a los jueces de primera instancia en otros casos recientes que se aseguraran de que los organismos gubernamentales cumplían las leyes pertinentes.

Los abogados del gobierno de Trump defendieron las acciones de Noem y dijeron que el estatuto en cuestión no permitía tales desafíos legales. Instaron a los jueces a rechazar lo que caracterizaron como una repetición, afirmando que los defensores de los migrantes "reciclan en gran medida argumentos jurídicos que anteriormente no lograron persuadir al tribunal".

En respuesta a la más reciente orden de la Corte Suprema, Arulanantham criticó a la mayoría por apartarse de prácticas anteriores, como cuando permitió a jueces de tribunales inferiores bloquear políticas favorables a los migrantes durante el gobierno de Biden.

"Esta es quizá la señal más extrema de que la Corte Suprema ha abandonado la ley por la política", dijo en un comunicado. "No hay forma jurídica de dar sentido al nuevo y vasto poder que se ha adjudicado el Tribunal".

Ann Marimow cubre la Corte Suprema para el Times desde Washington.