Trump le dice al Congreso que EE. UU. está en guerra con los cárteles de la droga

En una notificación confidencial enviada al Congreso esta semana, el presidente Trump ha decidido que su país está inmerso en un "conflicto armado" formal con los cárteles del narcotráfico.

El presidente Donald Trump ha decidido que Estados Unidos está inmerso en un "conflicto armado" formal con los cárteles de la droga que su equipo ha designado como organizaciones terroristas y que los presuntos narcotraficantes de estos grupos son "combatientes ilegales", dijo el gobierno en una notificación confidencial enviada al Congreso esta semana.

La notificación fue enviada a varios comités del Congreso y obtenida por The New York Times. El comunicado añade nuevos detalles a la justificación jurídica poco articulada del gobierno de la razón por la que deben considerarse lícitos y no asesinatos los tres ataques militares estadounidenses que el presidente ordenó el mes pasado contra embarcaciones en el mar Caribe, en los que murieron las 17 personas que iban a bordo.

La decisión de Trump de considerar formalmente su campaña contra los cárteles de la droga como un conflicto armado activo significa que está consolidando su reclamo de poderes extraordinarios en tiempos de guerra, según dijeron juristas. En un conflicto armado, tal como lo define el derecho internacional, un país puede matar legalmente a combatientes enemigos aunque no supongan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.

Geoffrey Corn, general retirado y abogado que fue el principal asesor del ejército en cuestiones de derecho de guerra, dijo que los cárteles de la droga no participaban en "hostilidades" --la norma para determinar cuándo existe un conflicto armado para efectos legales-- contra Estados Unidos porque vender un producto peligroso es distinto de un ataque armado.

Al señalar que es ilegal que el ejército ataque deliberadamente a civiles que no participan de manera directa en las hostilidades --incluso presuntos delincuentes--, Corn calificó la medida del presidente de "abuso" que traspasa una importante frontera jurídica.

"Esto no es ampliar los límites", dijo. "Esto es destrozarlos. Esto es despedazarlos".

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo en un correo electrónico que "el presidente actuó de conformidad con el derecho de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno mortal a nuestras costas, y está cumpliendo su promesa de enfrentarse a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para que no asesinen a más estadounidenses".

La gobierno de Trump ha calificado los ataques como "autodefensa" y ha afirmado que las leyes de la guerra le permitían matar, en lugar de detener, a las personas que se encontraban en los barcos, ya que, según el gobierno, los objetivos estaban traficando con drogas para cárteles que ha designado como terroristas. El gobierno también ha destacado que decenas de miles de estadounidenses mueren cada año por sobredosis.

Sin embargo, el objetivo de los ataques del gobierno han sido embarcaciones procedentes de Venezuela. El aumento de las muertes por sobredosis en los últimos años ha sido impulsado por el fentanilo que, según los expertos en narcotráfico, procede de México, no de Sudamérica. Más allá de las cuestiones de hecho, el argumento de base ha sido ampliamente criticado por especialistas en derecho de los conflictos armados.

La notificación al Congreso, que se consideró información controlada pero no clasificada, menciona una norma que exige informar a los legisladores sobre las hostilidades en las que participan las fuerzas armadas estadounidenses. Repite los argumentos anteriores del gobierno, pero también va más allá con nuevas afirmaciones, como que los ataques del ejército estadounidense a los barcos forman parte de un conflicto sostenido y activo, y no de actos aislados de posible autodefensa.

En concreto, afirma que Trump ha "determinado" que los cárteles dedicados al contrabando de drogas son "grupos armados no estatales" cuyas acciones "constituyen un ataque armado contra Estados Unidos". Y cita un término del derecho internacional --un "conflicto armado no internacional"-- que se refiere a una guerra con un actor no estatal.

"Basándose en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos y los intereses de Estados Unidos y de naciones extranjeras amigables, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas", decía la notificación.

Existen distintos tipos de guerras, y el concepto de "conflicto armado no internacional" se desarrolló en el derecho del siglo XX para referirse a una guerra civil en un país, en contraposición a una guerra entre dos o más Estado nación.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos entró en guerra contra Al Qaeda --un actor no estatal que operaba en diversos países--, algunos juristas objetaron que el país estaba estirando las normas para justificar el uso de poderes bélicos contra un grupo que comparaban más con una banda criminal de piratas.

Pero la Corte Suprema consideró que el conflicto con Al Qaeda era una guerra real. Aprobó como legal el uso por parte del gobierno de Bush del poder de guerra para mantener detenidos indefinidamente sin juicio a los miembros de Al Qaeda capturados, a la vez que afirmaba que el gobierno estaba obligado por las Convenciones de Ginebra a tratar humanamente a esos prisioneros y a no torturarlos.

Sin embargo, el razonamiento del tribunal giraba en torno al hecho de que Al Qaeda había atacado a Estados Unidos utilizando aviones secuestrados como armas para matar intencionadamente a personas, y que el Congreso había autorizado el uso de la fuerza armada contra el grupo. De hecho, en una sentencia de 2006, el tribunal también rechazó el primer intento del gobierno de Bush de utilizar comisiones militares, afirmando que los legisladores debían autorizar explícitamente su uso.

En este caso, el gobierno de Trump está equiparando el tráfico de un producto de consumo ilícito y los delitos asociados al mismo con un ataque armado al afirmar en la notificación que los cárteles "causan ilegal y directamente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año". Sin embargo, no ha explicado cómo la venta de una sustancia peligrosa constituye un uso de la fuerza, y el Congreso no ha autorizado el uso de ningún tipo de fuerza militar contra los cárteles.

El gobierno estadounidense ha dicho sistemáticamente que está librando una "guerra contra las drogas" metafórica, lo que ha significado una aplicación agresiva de la ley. La afirmación de Trump de que puede poner y ha puesto al país en un estado literal de guerra contra los cárteles de la droga es importante por razones jurídicas. La policía detiene a presuntos traficantes de drogas; sería un delito, en cambio, abatirlos sumariamente. Pero en un conflicto armado, es legal matar a los combatientes de la fuerza contraria en el acto.

La notificación al Congreso también justificaba el ataque más reciente hecho público contra una embarcación --en el que las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses mataron a tres personas el 15 de septiembre-- al calificar a la tripulación de "combatientes ilegales", como si fueran soldados en un campo de batalla.

"La comunidad de inteligencia estadounidense consideró que la embarcación estaba afiliada a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas, que en última instancia podrían utilizarse para matar estadounidenses", decía el comunicado. "Este ataque tuvo como resultado la destrucción de la embarcación, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales".

El mensaje al Congreso no nombraba específicamente a ninguno de los cárteles de la droga con los que Trump afirma que Estados Unidos mantiene un conflicto armado. Tampoco detallaba alguna norma que el gobierno esté utilizando para determinar si sospechosos específicos tienen suficientes vínculos con esos grupos para que los militares los maten.

El senador por Rhode Island Jack Reed, máximo representante demócrata en la Comisión de Fuerzas Armadas, acusó a Trump de decidir que podía librar "guerras secretas contra cualquiera a quien él considere un enemigo". El presidente "no ofreció ninguna justificación jurídica creíble, pruebas o información de inteligencia" para los ataques, dijo Reed.

"Los cárteles de la droga son despreciables y deben ser combatidos por las fuerzas del orden", dijo. "Pero ahora, según las propias palabras del presidente, el ejército estadounidense está involucrado en un conflicto armado con enemigos indefinidos a los que ha calificado unilateralmente de 'combatientes ilegales', y ha desplegado miles de soldados, buques y aviones contra ellos. Sin embargo, se ha negado a informar al Congreso o al público".

Sin embargo, Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, señaló que el Departamento de Defensa estaba "llevando a cabo con éxito esta misión clave de conformidad con la legislación nacional e internacional, y de acuerdo con el derecho de los conflictos armados. El departamento ha proporcionado las notificaciones requeridas al Congreso".

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado, quien es especialista en las leyes de los conflictos armados y ha criticado los ataques a los barcos, expresó su escepticismo. Entre otras cosas, según el derecho internacional, para que una entidad no estatal forme parte de un conflicto armado, debe cumplir la norma de ser un grupo armado organizado, señaló.

"No me sorprende que el gobierno se haya decantado por esta teoría para respaldar legalmente sus operaciones", dijo Finucane. "Yo había especulado con que podrían hacerlo. Sin embargo, un problema importante es que no está nada claro que quienquiera que sea su objetivo sea un grupo armado organizado como para que Estados Unidos pueda estar en un NIAC con él", añadió, refiriéndose a las siglas en inglés de "conflicto armado no internacional".

Finucane cuestionó que la banda que el gobierno de Trump más ha mencionado como objetivo, el Tren de Aragua, sea lo suficientemente consistente como para alcanzar ese umbral. Una evaluación de los servicios de inteligencia realizada en abril, que se desclasificó y se hizo pública al mes siguiente, decía que el grupo venezolano estaba formado por "células poco organizadas de redes delictivas individuales localizadas" y estaba tan "descentralizado" que le resultaría difícil coordinar sus acciones.

Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política jurídica estadounidense.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Lleva más de tres décadas informando sobre asuntos militares y antiterrorismo en Estados Unidos.