El gobierno de Trump pide a la Corte Suprema que permita el fin de la ciudadanía por nacimiento

Los abogados del gobierno pidieron a los jueces que despejaran el camino para la orden ejecutiva del presidente que pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

El gobierno de Donald Trump le pidió el viernes a la Corte Suprema que confirmara la orden ejecutiva del presidente Trump por la que se pone fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, el principio seguido por mucho tiempo y según el cual los niños nacidos en suelo estadounidense son automáticamente ciudadanos.

Trump emitió la orden el primer día de su mandato, pero desde entonces ha estado bloqueada por los tribunales.

En un par de peticiones, los abogados del gobierno argumentaron que la promesa de ciudadanía de la Constitución se confería a "los esclavos liberados y a sus hijos, no a los hijos de extranjeros que visitan temporalmente Estados Unidos o de extranjeros ilegales".

La interpretación común de la Decimocuarta Enmienda durante más de un siglo, confirmada por la Corte Suprema, ha garantizado la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos. Pero John Sauer, el procurador general, argumentó que esa opinión era "errónea", según los documentos presentados, que fueron revisados por The New York Times pero que aún no han aparecido en el sistema público de seguimiento de casos del tribunal.

Si los jueces aceptaran el caso, el tribunal podría oír los argumentos sobre el asunto durante su próximo periodo, que está previsto que comience a principios de octubre. Las decisiones suelen anunciarse a finales de junio o principios de julio.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La petición del gobierno supone una prueba clave para la Corte Suprema, que ha permitido en repetidas ocasiones que piezas centrales del programa de Trump sigan adelante con carácter temporal de emergencia, incluso mientras los tribunales ponen a prueba su legalidad. Si los jueces aceptan los casos de ciudadanía por derecho de nacimiento, ofrecerían un veredicto final sobre si la orden de Trump es constitucional, un caso que podría definir lo que significa ser estadounidense.

"Si la corte acepta el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, el presidente irá en contra de la Constitución estadounidense, de un precedente de 127 años de la Corte Suprema y de una ley del Congreso, y perderá", dijo Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), que se encuentra entre los grupos que impugnan la orden ejecutiva.

Las apelaciones del gobierno de Trump se derivan de un litigio en un tribunal inferior sobre una orden ejecutiva firmada por Trump cuando volvió al poder en enero. La orden, que pondría fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados y residentes temporales extranjeros, se enfrentó a impugnaciones legales inmediatas.

La orden de Trump parecía chocar con la interpretación común de la Decimocuarta Enmienda, que se ratificó tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía para todos y revocó una decisión judicial, ahora famosa, que había privado de ese derecho a las personas negras nacidas en Estados Unidos. La enmienda establece que son estadounidenses "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción".

Después de que varios jueces federales decretaran pausas temporales en la política mientras los casos judiciales se abrían paso a través del sistema, el gobierno de Trump le pidió a los jueces de la Corte Suprema que descongelaran la medida, argumentando que los jueces de los tribunales inferiores se habían excedido en sus facultades al dictar los bloqueos a escala nacional.

Los jueces de la Corte Suprema, en una medida poco habitual, escucharon los alegatos orales en mayo sobre la cuestión concreta de si los jueces de los tribunales inferiores se habían extralimitado en sus funciones. A finales de junio, en una decisión de 6 votos a favor y 3 en contra, dividida por las líneas ideológicas, los jueces de la Corte Suprema se pusieron del lado del gobierno de Trump, con lo cual cortaron un mecanismo de bloqueo de las políticas del poder ejecutivo por parte de los jueces de primera instancia.

En respuesta a la sentencia de la Corte Suprema, no tardaron en producirse más impugnaciones, incluida una demanda colectiva a escala nacional presentada ante un tribunal federal de Nuevo Hampshire en nombre de una clase propuesta de personas, incluidos los bebés sujetos a la orden ejecutiva y sus padres.

En julio, el juez Joseph Laplante, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Hampshire, acordó admitir a trámite la demanda, lo que congeló la política para los bebés y sus padres. Anunció que su decisión era aplicable en todo el país.

Ese mismo mes, en una decisión dividida, un grupo de jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, dictaminó en un caso en curso en el estado de Washington que la orden ejecutiva del presidente violaba la Constitución.

En ese dictamen, los jueces concluyeron que la orden "contradice el lenguaje llano de la Decimocuarta Enmienda que concede la ciudadanía a 'todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción'".

En sus nuevos documentos, Sauer argumentó que las decisiones de los tribunales inferiores habían invalidado las políticas necesarias para asegurar la frontera y habían concedido la ciudadanía a cientos de miles de "personas no cualificadas".

Abbie VanSickle cubre la Corte Suprema de los Estados Unidos para el Times. Es abogada y tiene una amplia experiencia como reportera de investigación.