Una jueza detiene el intento de EE. UU. de deportar a niños guatemaltecos

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Los niños ya estaban dentro de los aviones cuando una jueza federal impidió temporalmente que el gobierno de Trump los deportara y exigió garantías para que permanezcan en albergues hasta una resolución definitiva.

Con los niños ya dentro de los aviones, una jueza federal impidió temporalmente el domingo que el gobierno de Donald Trump deportara a decenas de menores guatemaltecos y exigió garantías de que permanecerían en centros de acogida hasta una resolución más permanente.

La orden puso fin, por ahora, a otra oleada de acciones judiciales de última hora en la campaña de deportación masiva del gobierno. Los abogados de los niños dijeron que correrían peligro si se les enviaba a Guatemala y que hacerlo les negaría el debido proceso. También argumentaron que el gobierno había ignorado las protecciones especiales para los menores que cruzan solos la frontera.

En las primeras horas de la mañana del domingo, la jueza Sparkle L. Sooknanan, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dictó una orden de restricción temporal que prohibía al gobierno deportar a los menores, después de que el Centro Nacional de Derecho de Inmigración presentara una solicitud de urgencia.

La orden de Sooknanan debía estar vigente hasta que pudiera celebrarse una audiencia de urgencia por la tarde. Pero hubo una confusión inicial entre los abogados sobre si la orden se aplicaba a un número limitado de niños.

Las autoridades migratorias sacaron a decenas de niños de los centros de acogida durante la noche y los embarcaron en aviones fletados. Tras la notificación a la jueza por parte de los abogados de los niños, la audiencia de emergencia se adelantó al mediodía. Con los aviones a la espera de despegar en Texas, la jueza aclaró su orden para que se aplicara a todos los niños guatemaltecos bajo custodia de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados durante los próximos 14 días, mientras el caso estuviera pendiente. Ordenó al gobierno que sacara a los niños de los aviones y, en un documento judicial emitido el domingo por la noche, el gobierno confirmó que así se había hecho.

Unos 2000 niños, la mayoría de ellos procedentes de Guatemala, están retenidos actualmente en decenas de centros de acogida.

"No quiero que haya ninguna ambigüedad sobre lo que estoy ordenando", dijo la jueza. "No pueden expulsar a ningún niño" mientras siga adelante el caso.

En la audiencia, la jueza expresó su frustración con el gobierno y su incapacidad para ponerse en contacto con sus representantes la madrugada del domingo, antes de dictar su orden inicial.

"Tengo al gobierno que intenta expulsar del país a menores a altas horas de la madrugada de un fin de semana festivo, lo cual es sorprendente", dijo.

El abogado del gobierno, Drew Ensign, dijo que las repatriaciones habían sido solicitadas por el gobierno guatemalteco y que los menores debían reunirse con sus padres y tutores en su país de origen.

"El gobierno de Estados Unidos está intentando facilitar la devolución de estos niños a sus padres o tutores, de quienes han sido separados", dijo Ensign.

Pero Efrén Olivares, abogado que representa a los niños, rebatió ese argumento. Al menos algunos de los niños "no han solicitado regresar", dijo. "No quieren regresar".

Añadió que la ley impide que los niños sean expulsados rápidamente de Estados Unidos hasta que un juez haya evaluado la seguridad de su regreso. Muchos de los niños tienen casos aún pendientes, dijo.

Carlos Ramiro Martínez, ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, dijo el viernes que su país se había coordinado con Estados Unidos y esperaba recibir a más de 600 menores. En una entrevista concedida el viernes, declaró al Times que esperaba que las repatriaciones se produjeran de forma gradual y organizada. Añadió que la iniciativa comenzó cuando Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, visitó Guatemala en julio.

La orden de Sooknanan obstaculiza, al menos temporalmente, los intentos del gobierno federal de devolver a Guatemala a cientos de menores no acompañados que han estado bajo custodia estadounidense tras cruzar la frontera sur.

La jueza, que fue propuesta para el cargo por el presidente Joe Biden, accedió a la petición del abogado del gobierno de presentar el viernes una respuesta en oposición a la orden.

En X, Stephen Miller, funcionario de la Casa Blanca y artífice de la represión contra la inmigración por parte de Trump, culpó al gobierno de Biden de que haya niños en Estados Unidos sin sus padres, y dijo que ese gobierno los había "dejado huérfanos en Estados Unidos". Añadió que "una jueza demócrata se niega a permitir que se reúnan con sus padres".

Aunque la orden de la jueza es temporal, es el segundo revés reciente para las políticas migratorias del presidente Trump. El viernes, otra jueza impidió al gobierno llevar a cabo deportaciones rápidas lejos de la frontera, una piedra angular de la política migratoria de la Casa Blanca.

La demanda sobre los niños guatemaltecos se presentó en las primeras horas del domingo, después de que el sábado se notificara por correo electrónico a los miembros del personal de los albergues que acogían a los niños que debían preparar a algunos de ellos para devolverlos a Guatemala. Los abogados que representan a algunos de los niños recibieron un correo electrónico similar.

En su demanda, el Centro Nacional de Derecho de Inmigración dijo que la repatriación de los niños violaría la ley federal y la Constitución. Calificó las acciones del gobierno de "ilegales e imprudentes".

Diez niños, de entre 10 y 16 años, están identificados por sus iniciales en la demanda. Han dicho a los jueces que tienen miedo de volver a Guatemala, según la demanda.

El número de menores no acompañados que entran en Estados Unidos ha caído en picada desde que Trump inició su segundo mandato.

Los niños migrantes han planteado un desafío particular a la agenda migratoria del gobierno de Trump porque tienen derecho a protecciones especiales.

Cientos de miles de niños, principalmente procedentes de Centroamérica, han cruzado la frontera sur hacia Estados Unidos en la última década, a menudo buscando reunirse con amigos o familiares. Muchos de los menores se han ganado el derecho a permanecer en Estados Unidos de forma permanente al demostrar que fueron abandonados o perseguidos en sus países de origen.

Cuando los menores no acompañados que entran en Estados Unidos son detenidos, suelen permanecer en centros de acogida hasta que son entregados a patrocinadores o tutores que han sido investigados. Los niños que el gobierno de Trump pretendía deportar han estado a la espera de ser liberados de los centros de acogida.

"Nos preocupa mucho que nuestros clientes puedan ser devueltos a situaciones inseguras", dijo Alexa Sendukas, abogada del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston.

Jody García y Ali Watkins colaboraron con reportería.

Miriam Jordan reporta sobre personas migrantes y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base.

Aishvarya Kavi trabaja en el buró de Washington del Times, donde ayuda a cubrir una variedad de noticias políticas y de Estados Unidos.