Una jueza ordena el cierre del centro de detención 'Alcatraz de los caimanes'

Una jueza dictaminó que los gobiernos estatal y federal actuaron ilegalmente al no realizar una revisión medioambiental antes de construir el centro en los Everglades de Florida.

El jueves, una jueza federal ordenó que no se enviaran más migrantes detenidos a un centro de los Everglades de Florida y que se desmantelara gran parte de las instalaciones. La sentencia reprendió a los gobiernos estatal y federal por no haber tenido en cuenta los posibles daños medioambientales antes de construir el centro, conocido como "Alcatraz de los caimanes".

La jueza dio a ambas ramas del gobierno 60 días para trasladar a los detenidos existentes y empezar a retirar el vallado, la iluminación, los generadores de energía y otros materiales. La orden también prohíbe cualquier nueva construcción en el lugar.

La decisión supone un importante revés jurídico para el centro de detención, el primer centro estatal del país para detenidos federales de migración, que se ha enfrentado a varias demandas y numerosas quejas por las malas condiciones y otros problemas. El estado presentó inmediatamente una notificación en la que manifestaba su intención de interponer un recurso.

La jueza Kathleen Williams, del Tribunal Federal de Distrito de Miami, consideró que los gobiernos estatal y federal habían infringido una ley federal que exige una revisión medioambiental antes de cualquier proyecto federal de construcción importante. La jueza Williams concedió en parte una medida cautelar solicitada por los ecologistas y la tribu miccosukee, cuyos miembros viven en la zona. El centro de detención está rodeado de tierras protegidas que forman parte del sensible sistema ecológico de los Everglades.

El centro de detención presenta riesgos para los humedales y para las comunidades que dependen de los Everglades para su abastecimiento de agua, entre ellas los miccosukees, declaró la jueza Williams.

"El proyecto crea daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de las especies amenazadas de la zona", escribió.

Su sentencia es preliminar, ya que el caso seguirá en litigio. Se espera que el estado pida que se suspenda la sentencia, o que no entre en vigor, mientras sigue adelante con su apelación.

El gobierno de Donald Trump había argumentado que no era aplicable una revisión en virtud de la Ley Nacional de Política Ambiental porque, aunque el centro alberga a detenidos federales de migración, está gestionado por el estado. Al mismo tiempo, la gestión del gobernador Ron DeSantis afirmó que su autoridad para gestionar el centro de detención procedía de un acuerdo con el gobierno federal por el que se delegaban algunas competencias de aplicación de la ley de migración en Florida.

En su sentencia, la jueza Williams dijo que la aplicación de las leyes federales de migración es el "motor clave" de la construcción del centro de detención. Al estar sujeto a la financiación, las normas y la dirección federales, también está sujeto a las leyes medioambientales federales, concluyó.

Al tomar esa decisión, escribió la jueza, el tribunal "se atendrá al refrán de siempre: si camina como un pato, grazna como un pato y parece un pato, entonces es un pato".

El gobernador republicano Ron DeSantis ha presentado a Florida como un estado especialmente agresivo en la aplicación de las leyes de migración, ampliando los límites de la autoridad estatal para delegar en agentes de policía estatales y municipales la gestión de los centros de detención. Su gestión tiene previsto abrir un segundo centro de detención de migrantes en una prisión estatal vacía al oeste de Jacksonville.

Incluso antes de que la jueza Williams dictara sentencia, DeSantis había dicho que esperaba que el fallo fuera en contra de su gestión.

"Está bastante claro que estamos ante una jueza que no nos va a dar un trato justo", dijo el martes.

La oficina del gobernador no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios a última hora del jueves.

En su sentencia de 82 páginas, la jueza Williams reconoció el "significativo" interés del gobierno en hacer cumplir las leyes de migración. "La inmigración está en primera línea de la política nacional y estatal: a medida que aumenta la oleada de personas que buscan refugio y oportunidades en nuestra nación, el gobierno se ve sometido a la correspondiente presión para responder y regular", escribió.

Pero añadió que los gobiernos estatal y federal "ofrecieron pocas o ninguna evidencia" de por qué era necesario construir un centro de detención en los Everglades.

"Lo que es evidente, sin embargo", escribió, "es que en su prisa por construir el campo de detención, el estado no consideró ubicaciones alternativas".

Friend of the Everglades (Amigos de los Everglades), uno de los grupos ecologistas que presentaron la demanda, comparó la victoria con la que obtuvieron los activistas cuando, hace 56 años, echaron abajo los planes de construir un gran aeropuerto en el mismo lugar.

"Se trata de una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que este espacio natural en peligro debe protegerse, no explotarse", dijo en un comunicado Eve Samples, directora ejecutiva del grupo. "Envía un mensaje claro de que las leyes medioambientales deben ser respetadas por los dirigentes de los niveles más altos de nuestro gobierno, y que ignorarlas tiene consecuencias".

La jueza Williams, quien fue nombrada por el expresidente Barack Obama, parecía cada vez más frustrada con los gobiernos estatal y federal a medida que se prolongaba durante cuatro días una reciente audiencia sobre la cuestión del mandato judicial preliminar. En un momento dado, les dijo a los abogados del estado que tenía intención de aceptar una invitación de James Uthmeier, fiscal general del estado, quien había dicho en una entrevista televisiva que los jueces que conocieran de demandas contra el centro deberían "venir de visita".

Los abogados del estado expresaron su sorpresa y dijeron que no conocían ninguna invitación oficial; la jueza Williams dio un paso atrás, pero acusó a Uthmeier de "fanfarronería".

En junio, la jueza declaró a Uthmeier, republicano, en desacato civil por desafiar su orden en otro caso que bloqueaba la aplicación de una disposición de una nueva ley estatal de migración. Uthmeier apeló.

En el caso medioambiental, el estado subió al estrado a un único testigo: Dave Kerner, director ejecutivo del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida, que incluye la Patrulla de Carreteras de Florida. Declaró que las instalaciones estaban "absolutamente" gestionadas por el estado.

Otros testigos de los gobiernos estatal y federal presentaron declaraciones escritas en lugar de declarar ante la jueza. Santiago Fuentes, subdirector de operaciones de campo de la oficina federal en Miami del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, escribió que Florida "tiene total discreción para decidir a quién se detiene" en el centro de los Everglades.

Los abogados de la tribu miccosukee argumentaron que el gobierno había pisoteado los derechos tribales al no coordinarse con los dirigentes tribales que viven cerca del centro de detención y cazan en sus alrededores, ni tener en cuenta los posibles daños a sus tierras.

Los activistas medioambientales y los científicos que testificaron a favor de los demandantes dijeron que la escorrentía del centro de detención contaminaría los humedales circundantes y que la construcción podría reducir el hábitat de especies amenazadas y en peligro de extinción, incluida la pantera de Florida.

En su sentencia, la jueza Williams citó la dedicación del presidente Harry Truman al Parque Nacional de los Everglades en 1947, en la que lo calificó de "zona primitiva insustituible". Dijo que, desde que se abandonó la propuesta del aeropuerto dos décadas después, la conservación de los Everglades ha sido primordial tanto para los legisladores republicanos como para los demócratas.

"Desde entonces, todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades", escribió. "Esta orden no hace más que mantener los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas".

Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que cubre Florida y Puerto Rico.