En Nueva York el ICE detiene y deporta a familias y menores de edad

Las autoridades de inmigración han detenido a unos 50 menores en el área metropolitana desde enero. Al menos 38 de ellos han sido deportados, incluida una niña de 6 años.

Una mañana de la semana pasada, una madre ecuatoriana entró nerviosa en un edificio federal del bajo Manhattan con su hija de 6 años y su hijo de 19, para una cita obligatoria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

Dentro, los agentes del ICE detuvieron a la madre, Martha, y a sus dos hijos. Los agentes condujeron al hijo adolescente a un centro de detención al otro lado del río, en Nueva Jersey, y llevaron en avión a la madre y a su hija a un centro de detención familiar en Texas.

El martes, exactamente una semana después, Martha y su hija subieron a un avión y fueron deportadas a Ecuador; dejaron en Nueva York a otros dos niños que no habían sido detenidos.

La detención de la familia, especialmente de la niña de 6 años, tocó una fibra sensible de los funcionarios electos de Nueva York como pocas detenciones del ICE lo han hecho durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Su detención desencadenó una lucha para intentar detener su deportación, y provocó una rara reprimenda de la gobernadora Kathy Hochul, quien calificó la detención de "cruel e injusta".

El caso de la familia arrojó luz sobre una práctica que el gobierno de Trump ha reavivado en todo el país: la detención y deportación de familias con hijos.

Pero aunque el caso fue la primera deportación de un padre y un hijo que recibió cobertura informativa en Nueva York, no fue precisamente la primera familia deportada este año.

El ICE ha detenido a unos 50 menores de 18 años en el área metropolitana de Nueva York, en su mayoría procedentes de Ecuador, desde la toma de posesión de Trump en enero hasta finales de julio, según datos federales obtenidos por el Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la Universidad de California, Berkeley.

Al menos 38 de ellos han sido deportados, según los datos.

Mariposa Benitez, voluntaria que ayuda a migrantes en la ciudad, dijo que había trabajado recientemente con siete familias con niños que habían sido detenidas tras presentarse a los controles del ICE en las oficinas de la agencia en el número 26 de Federal Plaza.

"Ofrecemos nuestro apoyo todos los días, incluidos sábados y domingos, y cada vez son más las familias detenidas que tienen a niños matriculados en escuelas", dijo Benitez, quien fundó Mi Tlalli, una organización de base que ofrece ayuda de salud mental y otros tipos de apoyo a las familias.

Benitez dijo que entre esas detenciones figuraban la de un padre y su hijo de 15 años, estudiante de una preparatoria pública, que fueron deportados a Ecuador menos de una semana después de ser detenidos este mes en un control del ICE, y la de una madre que también fue deportada a Ecuador con sus cinco hijos.

En marzo, el gobierno de Trump reinstauró la práctica de detener a familias de migrantes, una táctica que comenzó cuando George W. Bush era presidente y se amplió durante el gobierno de Barack Obama antes de que se interrumpiera en gran medida bajo la presidencia de Joe Biden en 2021.

El ICE ha presentado esta práctica como una herramienta para disuadir de la inmigración ilegal a las familias con hijos y una forma eficaz de garantizar que las familias acusadas de entrar ilegalmente en el país comparezcan en las audiencias de los tribunales de inmigración. Grupos de inmigrantes y organizaciones de derechos humanos han condenado la práctica y argumentan que perjudica la salud mental de los niños, castiga a las familias que solicitan asilo y resulta cara para los contribuyentes.

Thomas Homan, principal asesor fronterizo del presidente Trump, ha presentado las detenciones familiares como una alternativa a separar a los niños migrantes de sus padres, una táctica que provocó protestas públicas durante el primer mandato de Trump. Homan también ha culpado a los padres que se encuentran ilegalmente en el país de poner a sus hijos en riesgo de deportación.

"Las familias pueden ser deportadas juntas", declaró a la CBS el año pasado, cuando insinuó por primera vez esa estrategia.

Elora Mukherjee, directora de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de Columbia, dijo que había representado a cuatro familias con niños de hasta 6 años de edad que fueron detenidas este año después de presentarse a audiencias rutinarias del tribunal de inmigración de Los Ángeles. Dos de las familias, procedentes de Honduras, fueron detenidas tras vivir en Estados Unidos durante meses, mientras que las otras dos, procedentes de Rusia, cruzaron la frontera en mayo.

Al igual que la madre ecuatoriana y su hija en Nueva York, los clientes de Mukherjee fueron enviados a un gran centro de detención para familias en Texas que el gobierno de Trump reabrió este año tras haberse cerrado bajo el mandato de Biden.

Ese centro, el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, es gestionado por CoreCivic, una empresa privada de prisiones, y se espera que albergue hasta 2400 personas, lo que lo convierte en uno de los centros de detención del ICE más grandes del país.

Aunque las familias tienen libertad de movimiento dentro del centro, las personas detenidas se han quejado de un acceso inadecuado al agua potable y a la atención médica, de la escasez de actividades recreativas para los niños y de los problemas para acceder a asesoramiento jurídico, según abogados con clientes allí. Cientos de familias ya han sido recluidas en el centro, que se encuentra a una hora al sur de San Antonio.

"Es una mezcla de personas que acaban de cruzar la frontera, aunque no son muchas, y de quienes llevan meses, si no es que años, viviendo en Estados Unidos", dijo Mukherjee.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia que dirige el ICE, dijo que el centro de detención había sido "readaptado para familias".

"Los adultos con hijos están alojados en instalaciones que proveen seguridad y cubren necesidades médicas", dijo. Añadió que la agencia ofrecía a los padres que viven ilegalmente en el país 1000 dólares y "un vuelo gratuito para que se autodeporten ahora".

Armado recientemente con 45.000 millones de dólares del Congreso para aumentar la capacidad de detención, Trump se ha movilizado para ampliar la capacidad del gobierno de mantener unidas a las familias. Recientemente, el gobierno trató de poner fin a un acuerdo legal de décadas de antigüedad que establece normas básicas de atención a los niños bajo custodia, al argumentar que limita los esfuerzos de expansión.

Martha y su hija de 6 años, quienes cruzaron la frontera hacia Estados Unidos en 2022, fueron enviadas a Texas tras ser detenidas en Nueva York la semana pasada. Manuel, su hijo de 19 años, sigue recluido en un centro de detención de Newark conocido como Delaney Hall; sus abogados dijeron que un juez de inmigración había suspendido su expulsión el martes.

No se mencionan sus apellidos a petición de la familia, que teme que los otros dos hijos de Martha --una hija de 16 años y un hijo de 21 que llegaron por separado de Ecuador y se encuentran en diferentes procedimientos de inmigración-- puedan ser detenidos.

La familia declinó ser entrevistada. El medio digital de noticias The City informó primero de su caso.

"Instamos a este gobierno a que deje de separar a las familias y apoye a quienes, como Martha y Manuel, vienen a este país en busca de una vida mejor", dijo Paige Austin, abogada de Make the Road New York, organización de defensa que representa a Manuel.

McLaughlin, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que Martha, "una extranjera ilegal de Ecuador", había entrado ilegalmente en Estados Unidos con sus hijos el 30 de diciembre de 2022, "y fue liberada en el país por el gobierno de Biden".

"Todos ellos han recibido órdenes definitivas de expulsión de un juez de inmigración", dijo. Sus solicitudes de asilo fueron denegadas el año pasado, lo que desencadenó las órdenes de expulsión.

La hija de Martha estaba matriculada en la Jose Peralta School of Dreamers en Queens.

Las detenciones de al menos otros cuatro estudiantes migrantes mayores de 18 años que estaban matriculados en escuelas públicas de la ciudad de Nueva York han dado lugar a súplicas desesperadas de profesores y directores, y a sobrias declaraciones de la canciller escolar, Melissa Aviles-Ramos, en las que aseguraba a los padres que "nuestras escuelas son lugares seguros y acogedores".

En mayo, la detención de Dylan Lopez Contreras, un joven venezolano de 20 años que asistía a una escuela del Bronx en la que se matriculan alumnos migrantes de mayor edad, fueel primer caso registrado de una detención por parte del ICE de un alumno de una escuela pública de la ciudad en lo que va de año. Los esfuerzos legales para liberarlo del centro de detención de Pensilvania donde ha estado recluido los últimos tres meses han sido infructuosos.

Pronto se produjeron más detenciones.

El 4 de junio, Derlis Snaider Chusin Toaquiza, de 19 años, de Ecuador, estudiante de 11.º grado en la preparatoria Grover Cleveland de Queens, fue detenido y enviado a un centro de detención de Texas antes de ser puesto en libertad bajo fianza seis semanas después. Joselyn Chipantiza-Sisalema, de 20 años y también de Ecuador, fue detenida el 24 de junio, enviada a un centro de detención de Luisiana y puesta en libertad tres semanas después. Y Mamadou Mouctar Diallo, de 20 años y de Guinea, que asiste a la preparatoria Brooklyn Frontiers, fue detenido el 4 de agosto y enviado a una cárcel de Pensilvania.

Todos ellos fueron detenidos mientras asistían a audiencias rutinarias de inmigración en el bajo Manhattan --no en las instalaciones de sus escuelas-- y fueron parte de detenciones a mayor escala en los tribunales de inmigración. El Departamento de Educación de la ciudad no respondió inmediatamente a preguntas sobre cuántos estudiantes habían sido detenidos por el ICE en lo que va de año.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump por deportar a las familias como una unidad, los abogados especializados en inmigración dijeron que las detenciones en los juzgados, que se han convertido en la principal táctica de detención en la ciudad de Nueva York, inevitablemente conducían a la ruptura de familias cada día.

Los agentes del ICE, en algunos casos, permiten a los padres despedirse de sus esposas e hijos antes de detenerlos, pero a menudo los arrancan de los brazos de sus familiares en los pasillos de los juzgados, dijo Allison Cutler, abogada del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York.

"Seguimos viendo cómo las unidades familiares son, en esencia, destrozadas", dijo.

Albert Sun colaboró con reportería.

Luis Ferré-Sadurní cubre inmigración, centrándose en la afluencia de inmigrantes que llegan a la región de Nueva York.

Albert Sun colaboró con reportería.