El plan de Trump para combatir la delincuencia en Washington D. C. incluye a las fuerzas de migración

Muchos inmigrantes de clase trabajadora que laboran en hoteles, restaurantes y lugares turísticos de Washington, D. C., afirman que desde hace tiempo quieren que las autoridades de la ciudad hagan más para combatir la delincuencia y la falta de vivienda. Algunos dijeron que habían observado cómo se intensificaba la violencia en las mismas calles donde trabajan en turnos nocturnos o caminan por las mañanas cuando abren sus tiendas.

Pero, en los últimos días, trabajadores, propietarios de pequeños negocios y vendedores ambulantes afirman que se han encontrado en medio de dos medidas enérgicas: una contra la delincuencia y otra contra la migración ilegal. Con la aparición de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas junto a miembros de la Guardia Nacional y agentes federales como parte de la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la delincuencia en Washington, estos trabajadores dicen que les preocupa que la demostración de fuerza federal solo pueda complicar los esfuerzos para reducir la violencia en la ciudad.

Los inmigrantes entrevistados en Washington y sus alrededores en los últimos días describieron una nueva sensación de ansiedad, tanto si eran indocumentados como si tenían un estatus legal en el país. Y algunos dijeron que les preocupaba que el resultado pudiera ser el contrario de los objetivos previstos por el presidente, fracturando las relaciones entre los inmigrantes y las autoridades locales, disuadiendo a los inmigrantes de denunciar delitos y, en definitiva, haciendo que la ciudad fuera menos segura.

"Mi amiga me dijo que tuviera cuidado porque están deteniendo a todo el mundo, simplemente por tener cara de hispano", dijo Aracely, una residente legal que limpiaba cristales afuera de una tienda de muebles cerca de la calle U. Como muchos de los entrevistados, se negó a dar su nombre completo por miedo a represalias de las autoridades o a reprimendas de los empleadores.

Desde que el gobierno de Trump intervino este mes, anunciando que asumía el control de la aplicación de la ley en la ciudad, la lucha contra la migración se ha convertido en un elemento clave. De las 308 personas detenidas desde que comenzó la ofensiva federal el 7 de agosto, 135 eran migrantes no autorizados, según la Casa Blanca.

La fiscala general, Pam Bondi, también ha tratado de acabar con las políticas de D. C. que prohíben a la policía local la mayor parte de la colaboración con las autoridades federales de inmigración y las detenciones de personas únicamente por estar de manera ilegal en el país. Eso sigue siendo objeto de disputa en el marco de una batalla judicial que se espera que continúe esta semana, pero el viernes un juez federal permitió que, por ahora, el gobierno pueda solicitar la ayuda de las autoridades de la ciudad en la aplicación de las leyes de inmigración.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que la aplicación de las leyes de migración solo era una parte de la campaña gubernamental para acabar con la delincuencia en Washington. Muchos de los migrantes no autorizados que durante la semana pasada fueron detenidos por 22 equipos de múltiples instituciones en los distritos de la ciudad tenían cargos penales pendientes como solicitación sexual, posesión con intención de distribuir drogas ilegales y conducción negligente con peligro para la vida y la propiedad, dijo el funcionario.

En una declaración, Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, dijo: "El objetivo de los esfuerzos en D. C. es enfrentar la delincuencia violenta y hacer que la ciudad sea segura para TODOS".

Pero al anunciar su intención de hacerse cargo de la aplicación de la ley en Washington, Trump hizo repetidas referencias a la migración ilegal. Prometió erradicar la delincuencia al igual que la migración en la frontera sur, criticó a los dirigentes demócratas de la ciudad por sus políticas de inmigración y sugirió que los migrantes se encontraban entre los indigentes y delincuentes que había que retirar de las calles.

"Esta ciudad ya no será un santuario para los delincuentes extranjeros ilegales", dijo el presidente Trump. "Tendremos una cooperación plena, sin fisuras e integrada en todos los niveles de las fuerzas del orden, y desplegaremos agentes por todo el distrito con una presencia abrumadora".

En Washington viven unos 95.000 migrantes, que representan aproximadamente el 14 por ciento de la población de la ciudad, según datos del censo estadounidense de 2023. Unos 25.000 de ellos no tienen permiso legal para estar en el país, según el Centro de Investigación Pew. Un informe de 2017 de la Oficina de Análisis de Ingresos de la ciudad reveló que los migrantes constituían más de una cuarta parte de la mano de obra de D. C., incluida la mayoría de sus carpinteros, trabajadores domésticos, cocineros y taxistas.

Washington solo es el más reciente campo de batalla en una larga lucha entre el presidente Trump y las ciudades, condados y estados liberales que se han considerado como "santuarios" para los migrantes. En mayo, su gobierno puso sobre aviso a unas 600 "jurisdicciones santuario", entre ellas D. C., de que podrían perder los fondos federales.

En otro tiempo, la capital del país se autodenominaba con orgullo como "ciudad santuario", y las agencias y escuelas de la ciudad siguen prestando sólidos servicios sanitarios y sociales a las familias indocumentadas. Pero, en los últimos años, la alcaldesa Muriel Bowser fue una de las alcaldesas demócratas que dieron la voz de alarma, a medida que aumentaban los niveles de migración en la frontera sur bajo el gobierno de Joe Biden y la ciudad se veía en apuros para dar cobijo a los migrantes.

Cuando el presidente Trump volvió al poder, Bowser cambió aún más de opinión sobre el tema. A principios de este año, Washington eliminó de su sitio web las menciones al término "ciudad santuario" , y la propia Bowser dejó de utilizar la frase, alegando que podía generar una impresión errónea y hacer creer a la gente que Washington era un lugar donde "se pueden violar las leyes de migración". Más tarde intentó derogar la ley de ciudad santuario con varias líneas en el proyecto de presupuesto para 2026, pero el Ayuntamiento rechazó el intento.

La semana pasada, algunos inmigrantes entrevistados por toda la ciudad dijeron que habían apoyado a Trump cuando se postuló a las elecciones presidenciales de 2024 prometiendo hacer frente a la delincuencia y al narcotráfico.

Unos pocos dijeron que acogían con satisfacción los esfuerzos del mandatario en la ciudad, diciendo que cualquier descenso de la delincuencia merecería la pena de la nueva presencia de miembros de la Guardia Nacional y agentes federales en las calles. En New Carrollton, un suburbio de Maryland, Funke Akinya dijo que la gente solía quitarse las pulseras de oro antes de dirigirse a D. C., por miedo a que se las robaran.

"Si es para mejorar la comunidad, si es algo que erradica la delincuencia, es bueno", dijo Akinya, trabajadora de apoyo comunitario procedente de Nigeria, quien tiene residencia legal. "No se trata de color, ni de migrantes. Es para que la gente viva y esté segura".

Pero las escenas de militares en las calles han alarmado incluso a quienes en el pasado han apoyado de manera más amplia a Trump. Algunos dijeron que las imágenes les traían recuerdos de los países autoritarios de los que habían huido, lugares en los que los agentes podían acosar a la gente en la calle para pedirle la documentación y en los que a veces la gente desaparecía sin explicación.

Recientemente, los repartidores que trabajan en las noches ya no permanecían en las calles charlando entre sí y esperando pedidos. Los vendedores ambulantes también dijeron que desconfiaban de salir.

Cerca de Columbia Heights, un barrio de la zona noroeste de la ciudad, un joven de 18 años estaba en una escalera, repintando el toldo de una tienda de comestibles. El hombre, que solo dijo su nombre de pila, Andy, dijo que había llegado de El Salvador entrando por el sur de Texas durante el gobierno de Biden y que había obtenido la residencia legal temporal y un permiso de trabajo.

Dijo que, en los últimos meses, se ha revocado la situación legal de algunos de sus amigos y compañeros de trabajo. Dijo que su hermano de 25 años, quien tiene un tipo de estatus de protección temporal que Trump ha amenazado con anular, ha empezado a comportarse de manera diferente, y añadió que su hermano ya no bromea ni se ríe tanto. "Él ya no es el mismo", dijo Andy.

Muchos de los inmigrantes entrevistados dijeron que ahora llevan consigo sus tarjetas de residencia y permisos de trabajo, preocupados por la posibilidad de que los agentes los acusen de estar en el país de manera indebida. Los migrantes no autorizados dijeron que habían intentado limitar sus salidas y les pedían a sus amigos con estatus legal que los llevaran al colegio y al trabajo. El propietario de una barbería dijo a los defensores de los derechos de los migrantes que sus empleados durmieron en su tienda una noche de la semana pasada, temerosos de salir.

Fuera del camión de helados de sus padres en el National Mall, Nguyen y Hai Bui, gemelos de 19 años que emigraron de Vietnam en 2014, dijeron que ya no veían a muchos de los estudiantes internacionales que solían atender a los clientes en camiones junto al suyo.

Cuando Nguyen Bui oyó por primera vez que Trump se disponía a tomar medidas enérgicas contra la delincuencia, dijo que creía que podría ser bueno para el negocio familiar al contribuir a atraer más turistas a una ciudad que se percibía como más segura.

Sin embargo, Bui, quien dijo tener residencia legal permanente, describió cómo el jueves fue interrogado por funcionarios de migración dos veces en pocas horas. Dijo que se le encogió el corazón cada vez que los agentes le dijeron que se parecía a alguien a quien estaban buscando.

"No me gusta cómo lo están haciendo", dijo.

Campbell Robertson y Zach Montague colaboraron con reportería.

Jazmine Ulloa es una reportera de temas de Estados Unidos que cubre migración para el Times.

Christina Morales es una reportera que cubre noticias de alimentación para el Times. Más de Christina Morales

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